La demolición del hotel El Algarrobico: «el cuento de nunca acabar»

El eterno bucle judicial para conseguir la demolición del hotel construido en el paraje de El Algarrobico, en la localidad almeriense de Carboneras, vive un nuevo reinicio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya revocado la calificación de espacio protegido que fue aprobada en pleno municipal en abril de 2023. Aunque el acuerdo consistorial consideraba el suelo como «no urbanizable de especial protección», el dictamen del TSJA considera que el Consistorio llevó a cabo ese procedimiento de manera «incorrecta», con la «intención» del entonces alcalde socialista José Luis Amérigo de «eludir» el «verdadero cumplimiento» de otra sentencia firme desde 2018 que concluía dicha consideración de «no urbanizable» para los terrenos del sector ST-1 donde se erigió el gigante de hormigón promovido por la constructora Azata del Sol.

«El problema es que el paraje ha quedado en la misma situación urbanística que tenía al principio», lamentó José Ignacio Domínguez, abogado que agrupa la causa ecologista contra El Algarrobico. «Ahora, pueden tramitar el procedimiento de revisión de oficio de la licencia y concluir que es legal, porque lo ampara la normativa urbanística en vigor», explicó Domínguez tras el fallo del TSJA, subrayando que «este mismo argumento ya ha sido utilizado» por el propio alto tribunal andaluz y «hasta por el Tribunal Supremo».

Si bien el máximo órgano del poder judicial en Andalucía vuelve a instar al Ayuntamiento de Carboneras para que «inicie el expediente de revisión de oficio de la licencia municipal de obras», el fin del conflicto parece distanciarse otra vez tras 20 años de pleitos, ante «el retorno de los mismos gestores que han sido multados por no cumplir las sentencias judiciales contra el Algarrobico», como apreció el abogado de Greenpeace. Y es que, tras la reciente ejecución de una moción de censura que convierte otra vez en socio de gobierno al exregidor socialista, se «vuelve a complicar muchísimo la demolición en un futuro inmediato» porque esa referida sentencia firme del Supremo que presenta «vicios de nulidad» ya se ha eludido en el pasado por parte del Ayuntamiento. Aunque la corporación temporal presidida por el alcalde del PP, Felipe Cayuela, intentó «cumplir» las sentencias y enmendar ese acuerdo municipal previo, con la modificación del PGOU para que El Algarrobico estuviera protegido desde 1994 por la normativa ambiental que también ampara al resto del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, se encontró la oposición que hoy gobierna el plenario de Carboneras: los votos en contra del PSOE y de Cs. Durante el gobierno del PP quedó «suspendida» la sanción impuesta por el TSJA al exalcalde, José Luis Amérigo, por no cumplir las sentencias contra una infraestructura erigida en 2004 durante la alcaldía de su tío y con el PSOE gobernando en todas las administraciones implicadas. En ese sentido, su último movimiento respecto a los terrenos del hotel en abril de 2023 y como regidor carbonero también ha sido tumbado definitivamente por el dictamen del TSJA.

Para evitar que el nuevo gobierno municipal siga dilatando el cumplimiento de todas estas sentencias judiciales, Greenpeace ha solicitado que se aperciba nuevamente con multa al alcalde de Carboneras, que tras la moción de censura es Salvador Hernández, de Ciudadanos. Proponen la misma multa de 700 euros cada 20 días y hasta el «cumplimiento total» de la sentencia, pero también Hernández será un regidor temporal, porque los ediles socialistas poseen todas las áreas de gobierno municipal y devolverán el bastón de mando a su cabeza de lista, José Luis Amérigo, en apenas dos años. Además, el actual alcalde no parece querer tomar acciones para conseguir la demolición, pues tras ser investido abogó por que «todas las administraciones implicadas se sienten a dialogar con la promotora para llegar a un gran acuerdo», asumiendo que la solución a la «problemática del Algarrobico» por la vía judicial «es un camino muy escabroso». Apostó Salvador Hernández por que se intente una «salida de la mejor manera posible para todos».

«Según la última sentencia dictada por el Supremo, la anulación del permiso de obras es un paso preceptivo para que se pueda acometer la demolición del hotel», reiteró Domínguez desde la causa ecologista. «Hasta que no haya un nuevo acuerdo del pleno diciendo que el PGOU hay que modificarlo y que los terrenos del Algarrobico son protegidos, no se puede revisar esa licencia», avisó el abogado de Greenpeace. «Mínimo cinco años más en el mejor de los casos» para este «cuento de nunca acabar» para conseguir los anhelos de recuperación del paisaje natural.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía, la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, valoró que este nuevo dictamen del TSJA «rectifica» en su auto ese acuerdo municipal del anterior gobierno local socialista, redactado «con una clara intención de sortear los requerimientos» de la sala y para «obstaculizar el proceso de demolición» del hotel de Azata del Sol. La maraña político judicial continúa en Carboneras y su hotel del Algarrobico.