La basura, uno de los negocios más rentables de la Ecomafia

La falta de control administrativa o los ingresos por vender ciertos materiales crean un campo de cultivo propicio para que empresarios fraudulentos y grupos organizados se infiltren en la gestión de residuos.

El problema de la legalidad ha alcanzado niveles preocupantes en relación al medio ambiente. La mafia se organiza para entrar en sectores de alta rentabilidad», afirmaba recientemente el ministro italiano de Medio Ambiente durante una conferencia. Licencias de obra fantasma, ordenanzas de demolición escondidas en cajones, adjudicaciones públicas trucadas, inversión en renovables y sobre todo, transporte y gestión de residuos son parte de las actividades cotidianas y una más de las fuentes de enriquecimiento de las organizaciones criminales del Bel Paese. «A la mafia siciliana no sólo le genera grandes beneficios sino que le ayuda a controlar los territorios. La ndrangheta tiene entre sus intereses deshacerse de residuos urbanos y especiales con la complicidad de empresarios que sólo quieren reducir los costes. Y la camorra dedica parte de su actividad al tráfico ilegal de residuos, en muchos casos con la connivencia de las administraciones locales», explica Nicolino Pepe de la Dirección Nacional de Investigación Antimafia de Italia (DIA).

Estas actividades se verifican desde los años 90, aunque por primera vez en 2015 se promulgó una ley que une el concepto de daño ambiental y economía criminal. La ley de delitos ambientales, ley nº 68 del 2015, cumple un año a finales de este mes y ya es considerada un hito porque introduce un agravante cuando se verifica que «quien está detrás del daño ambiental es un grupo criminal organizado o ecomafia. El mismo tratamiento reciben los funcionarios públicos corruptos», explica Pepe; lo que incluye el confiscamiento de bienes. La idea que subyace es que las penas tengan mayor peso que el beneficio económico obtenido. Incluso se facilita la acción de los llamados «pentiti», es decir, que se considera una reducción de pena cuando alguna de las personas implicadas en el delito medioambiental denuncia o trata de minimizar o compensar el daño al entorno. Aunque desde la DIA dicen que es pronto para hablar de la efectividad de esta nueva normativa, la organización Legambiente acaba de publicar un informe en el que asegura el éxito de la nueva ley. Sólo en los primeros ocho meses se han producido más de 4.718 controles; 1.185 personas han sido denunciadas, y se han secuestrado bienes por un valor de 24 millones de euros. Y es que, siguiendo estudios de la misma asociación, la gestión de residuos especiales, provenientes de la industria, ocupa el tercer puesto en los ingresos de la ecomafia (detrás de la concesiones de obra pública y la comisión de ilegalidades alimentario) y les supusieron unos ingresos de 3.100 millones de euros, a los que hay que sumar otros 1.000 millones por gestión de residuos urbanos. «La economía criminal ha ofrecido durante mucho tiempo un servicio que la Administración Pública no daba. Desde entonces han controlado sobre todo los depósitos de residuos y el transporte», opina Antonio Pergolizzi, miembro de Legambiente.

El caso más conocido de delito ambiental y criminalidad en el país es el de la Tierra de fuegos, un territorio de 800 km2 entre Nápoles y Caserta en el que los clanes de la Camorra han quemado durante 30 años de forma ilegal residuos industriales y tóxicos provenientes de toda Italia y del extranjero. Además de sufrir las consecuencias de un suelo envenenado, su millón de habitantes tiene entre un cinco y un diez por ciento más posibilidades de desarrollar tumores.

Las formas de operar de estos grupos son dos. En el caso de los residuos urbanos invierten en empresas legales para poder presentarse a concursos públicos y hacerse con la gestión y en el caso de los residuos especiales o industriales, que representan el 80 por ciento de las basuras según Legambiente, se proponen como una solución de bajo coste a los empresarios que tienen materiales de los que deshacerse y o bien les aplican tratamientos incorrectos para ahorrarse costes o bien los exportan. En otros casos directamente los roban o interceptan de las cadenas de tratamiento legales. «Cuanto más caro su tratamiento y más peligroso es el residuo, más delincuencia hay detrás. Además, las actividades cada vez están menos ligadas al territorio y los movimientos tienen más carácter nacional e internacional. También es importante señalar que el interés de la delincuencia por los desechos está directamente relacionada con el desinterés de las Administraciones Públicas», explican desde Legambiente.

También en Europa

Un informe del organismo de cooperación judicial de la UE, Eurojust, de finales de 2014, afirma que grupos de delincuencia organizada están detrás de los delitos ambientales transnacionales, entre los destacados la gestión de residuos. Los ingresos calculados ascienden a entre 30 y 70 mil millones dólares anuales. Al mismo tiempo que alerta de que los delitos ambientales raramente se persiguen por parte de las autoridades nacionales. Es cierto que la infiltración de la mafia en la vida del país hace de Italia una realidad con la que es difícil compararse, aunque también es cierto que en el resto de los países de Europa, incluida España, la gestión de residuos está sujeta a la actividad delictiva y sufre de cierto descontrol, en opinión de los expertos consultados. «En 2013 se concluyó una investigación que permitió documentar la existencia de varias organizaciones que operaban en Campania y que importaban residuos textiles desde Alemania y que después exportaban a Bolivia, India, Túnez sin ningún tipo de tratamiento», explica Pepe. Es más, la última Memoria de la Fiscalía General del Estado destaca la exportación ilícita de residuos y neumáticos, junto a la extracción ilegal de agua de Doñana, como principales casos de presuntos delitos ambientales en nuestro país. Hasta finales de 2015, la Guardia Civil ha tramitado 133.000 denuncias por infracciones en materia de residuos.

El tipo de materia que atrae más en toda Europa son los metales como el cobre y ciertas materias que se pueden vender de forma lucrativa. Solo para aparatos electrónicos, los datos hablan de que al menos un tercio de los productos electrónicos de la Unión no se tratan adecuadamente y terminan en terceros países. Y si bien para los robos y las gestiones se trata de grupos o empresarios locales, en cuanto se habla de grandes rutas todo apunta a organizaciones más profesionalizadas y ahí es cuando las cosas se complican, porque las nacionalidades se entremezclan, al igual que los flujos de tránsito, y se hace difícil la trazabilidad de las materias. «Muchas veces, las mercancías salen como producto por las aduanas y no como residuo, para evitar los controles», explica Alicia García-Franco, directora de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje. En estos circuitos internacionales «la mafia italiana es responsable de sólo un seis por ciento de los movimientos», afirma Pegolizzi.

Quizá en países como el nuestro no tenga sentido unir por ley el delito ambiental con la criminalidad organizada pero eso no quita que no haya margen de mejora en la gestión de residuos, un particular en el que está empeñado toda la UE. «Estos delitos no se consideran de tanta gravedad para el sistema jurídico europeo y muchas veces se solventan con sanciones de tipo administrativo. Por ejemplo hasta 2013 en Inglaterra no se solicitaba la identidad del vendedor de cobre. Una situación que ya ha cambiado. Por otro lado, en Francia se eliminó el pago en efectivo para evitar ventas», explica García-Franco. Y en España «desde 2006 existe una sección específica de medio ambiente en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el tema de las residuos está poco explotado penalmente, aunque la actuación penal debe estar siempre por detrás de la prevención. No hay sensación de que haya grupos actuando sino de laxitud. En general el sector tiene poco control también como consecuencia de la transferencia de las competencias a las Comunidades Autónomas, ya que tenía que haber llevado aparejado la creación de grupos técnicos de control», opina Germán Gutiérrez, de la Unidad de Apoyo de Fiscalía General.

«En muchas ocasiones los robos se producen en los puntos limpios, por lo que es necesario contar con buena seguridad, evitar que se acumulen mucho tiempo y utilizar contenedores. El hecho de que el residuo no se vea minimiza el atractivo. También el ciudadano tiene que ser consciente de que no puede dejar sus aparatos en cualquier lado. Los ladrones son pequeños grupos locales pero los tráficos internacionales está en manos de organizaciones, por lo que es necesario una acción coordinada a nivel transnacional», explica Matias Rodrigues, director de la Plataforma Europea de Reciclaje en España. Y, por supuesto, fomentar las políticas y los hábitos de reutilización ayudaría a minimizar los problemas de la generación de residuos. María Ángeles Nieto de Ecologistas en Acción opina también que: «faltan estudios de investigación En España hay mucha irregularidad de pequeñas empresas a nivel local».