Cataluña quiere legalizar el autoconsumo de cannabis

En España se fuman muchos porros. O, como apunta el último informe del Observatorio Europeo de la Drogas, somos, junto a Reino Unido e Italia, los mayores consumidores de cannabis y, aunque nuevas drogas sintéticas como la metanfetamina captan cada vez más la atención de los jóvenes, la porros siguen a la cabeza.

En España se fuman muchos porros. O, como apunta el último informe del Observatorio Europeo de la Drogas, somos, junto a Reino Unido e Italia, los mayores consumidores de cannabis y, aunque nuevas drogas sintéticas como la metanfetamina captan cada vez más la atención de los jóvenes, la porros siguen a la cabeza. Para evitar este consumo prematuro, además de los programas antidroga que promueven organismos como la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), las asociaciones cannábicas promueven la regularización del autoconsumo. Sin embargo, tanto el Gobierno estatal como los autonómicos se muestran reticentes. Sólo el País Vasco, en 2011, había mostrado su intención de abordar el tema. Hasta hoy. La Generalitat de Cataluña también abre la puerta a un marco legal que controle la actividad de estas asociaciones, con el objetivo de «mejorar la situación actual y explorar criterios comunes mínimos», afirmó ayer a Ep Joan Colom, subdirector general de Drogodependencias de la Agencia de Salud Pública de Cataluña.

Como explica el subdirector, esta comunidad lleva desde julio colaborando con varios sectores como la Policía, la Justicia, los partidos políticos y las asociaciones cannábicas para analizar cómo está la situación en la comunidad. «Estamos trabajando en cuáles serían los criterios comunes mínimos para plantearse posibles buenas prácticas en este tema», sugiere Colom.

Mientras en el País Vasco existen unas 50 asociaciones, en Cataluña se contabilizan unas 30. Todas ellas funcionan bajo un limbo legal que las mantiene indefensas ante la ley, ya que, aunque el consumo de cannabis se despenalizó en 1974, «muchos diputados y miembros de las comunidades autónomas desconocen este hecho y creen que lo que hacemos es ilegal. Por eso no hemos conseguido una norma que regule nuestra situación», afirma Martín Barrioso, representante de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC). Este organismo colabora estrechamente con las dos comunidades que están planteando crear una norma que regule el autoconsumo y «también estamos hablando con Baleares y con alguna comunidad más». Del mismo modo, están a la espera de «comparecer ante la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Drogas y Adicciones para que se regule nuestra actividad».

La resolución de varias sentencias que no consideran ilícito el consumo de esta droga en nuestro país mantiene la esperanza de que, en un futuro próximo, se apruebe una ley que los apoye: «Esperamos que en menos de dos años vascos y catalanes tengan una normativa que proteja a los consumidores», sostiene Barrioso. Y es que, sobre todo en verano, las operaciones contra las plantaciones para autoconsumo se suceden en perjuicio de sus dueños, que, tras pasar por comisaría, vuelven a sus casas.

De acuerdo con la FAC, en los últimos años «se está produciendo una avalancha de asociaciones y clubes que no cuentan con regulación y detrás de los cuales, en muchos casos, se esconden intereses económicos». Éste es uno de los motivos que esgrimen los impulsores de una regulación para «evitar conflictos y hasta cierta alarma social». Y es que, en Cataluña, «están naciendo asociaciones como champiñones y muchas de ellas incluyen a más de 18.000 socios. Demasiados para su control», apunta Barrioso, que responde a LA RAZÓN desde Argentina donde está ayudando a impulsar normas que normalicen el autoconsumo.

Para convencer a la Generalitat de Cataluña, las asociaciones han tenido que plantear un modelo de regulación y buenas prácticas para controlar tanto la entrada como la salida de marihuana. «Queremos que se realice un control de nuestros cultivos y que se fiscalicen. Así también aportaremos dinero a las arcas del Estado y generaremos puestos de trabajo», sostiene el representante. Consideran que un circuito regularizado puede controlar el acceso de los menores a esta droga y «dejarán de probar su primer porro a los 15 años, antes de entrar a clase».

Aunque el 20 por ciento de las personas que participaron en la última Encuesta sobre Alcohol y Drogas que elabora Sanidad considera que legalizar todas las drogas solucionaría el problema del elevado consumo, médicos y políticos no coinciden con esta valoración.

La Rasquera sigue sin su plantación

En marzo de 2012, el municipio de Rasquera, en Tarragona, saltó a los medios por su «plan anticrisis». Aprobó ceder unos terrenos a una asociación cannábica. Calcularon que ganarían 1,3 millones de euros en dos años. Pero, un año más tarde, «aún esperamos que se solucionen los recursos interpuestos, aunque nuestra intención es seguir adelante», afirmó Martí Canaves, abogado del municipio. Es más, «hace dos semanas se aprobó una moción para impulsar la regulación del autoconsumo».