Blesa: «Ni Hacienda ni el Banco de España pusieron tachas a las black»

Asegura que siguió el sistema que implantó su predecesor y que nunca dudó de su legalidad.

«Tengo la plena convicción de haber actuado legítimamente». Ésta fue la última frase que pronunció el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga lo relacionado con el gasto con tarjetas «black» por los 65 acusados –y otros cuatro que han fallecido– de unos 12 millones de euros a lo largo de nueve años. Su declaración tuvo dos ejes principales. En primer lugar, que la entrega de esos plásticos a directivos y consejeros se trataba de una práctica «ejercitada por el anterior presidente» de la entidad, es decir, Jaime Terceiro, desde 1988, por lo que cuando accede a ese cargo, en 1996, lo mantuvo «bajo el principio de confianza», es decir, que no existía ninguna duda sobre su legalidad y que las cantidades asignadas a cada tarjeta era un complemento retributivo de libre disposición. En concreto, aseguró que cuando se la entregó el entonces secretario general, Sánchez Barcoj, le comunicó que eran gastos «de libre disposición» que no precisaban de «justificación. Y, en segundo lugar, pero relacionado con el anterior, destacó que mantuvo ese mismo sistema porque era una forma de retribuir el trabajo y la dedicación de los directivos y consejeros, y que nadie le advirtió de que ello suponía incurrir en ningún tipo de ilegalidad, ni los órganos internos de la caja ni los externos, como los auditores externos, el Banco de España.

En definitiva, todas esas tarjetas, tanto las existentes durante la presidencia de Terceiro como cuando él accedió al cargo, «tenían la bendición presidencial», desde que así se acordara por acuerdo del órgano de gobierno de la entidad el 24 de mayo de 1988, que fue consecuencia de la decisión adoptada por la Comisión Ejecutiva un día antes, donde se aprobó crear una «nueva retribución» para «dignificar» el cargo, es decir la concesión de las tarjetas con un límite fijado de disposición anual dividido en doce mensualidades. A preguntas de su abogado, Carlos Aguilar, fue explícito al respecto. «¿Existían esas tarjetas –en la época de Terceiro como presidente–con carácter retributivo?», le interpeló su defensor, a lo que Blesa fue tajante. «Eso es seguro».

Blesa, para quien el fiscal solicita seis años de prisión, y que admitió que ha sabido «de las tarjetas más ahora que en aquél tiempo», aseguró, en respuesta al fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, que todos estaban plenamente convencidos de que los gastos con esos plásticos se declaraban a Hacienda, y que, de hecho, se incluían en el certificado de ingresos que se facilitaba a cada uno: «Todo el mundo estaba en la creencia de que eso estaba incluido y no había por qué dudarlo.

Nadie sabe qué tratamiento fiscal se estaba dando a ninguna de las retribuciones que percibían», afirmó al respecto y que la primera vez que supo que no estaban incluidos fue en el informe que Bankia entregó al FROB.

No hubo tacha en 23 años

En relación con ello, negó validez alguna a la «famosa» hoja Excell, aportada por Bankia pocas horas antes del inicio del juicio, donde figuran los gastos cargados con esas tarjetas por los acusados. Ese documento, en su opinión, está «lleno de inexactitudes»,y «ha sido reelaborado por Bankia, que no sé de dónde ha sacado» esos datos. Por ello, dijo que no reconocía lo que figuraba en esa hoja porque no ha podido contrastarlos con los extractos bancarios de las disposiciones efectuadas con los tarjetas. Junto a ello, criticó el hecho de que hayan conocidos en qué gastaron los acusados, porque, dijo, nadie debe conocer cómo se gasta el dinero en Caja Madrid ni en ninguna otra organización.

En todo caso, Blesa quien admitió que cuando era presidente fue quien decidía la cuantía y el límite de las tarjetas, se centró en insistir varias veces en que durante 23 años nadie cuestionó el sistema ni la legalidad de lo relacionado con esos plásticos.

«Yo tenía que confiar en que hay unos órganos internos –como el de auditoría y la asesoría jurídica–, otros externos, los auditores externos, y otros institucionales, el Banco de España y la Inspección de Hacienda, que durante todo este tiempo, estamos hablando de 23 años, nunca pusieron tacha alguna, ni con la retribución de los consejeros ni con la forma de contabilizarlo».

Por ello, se preguntó el propio Blesa si durante todos esos años en que ha pervivido esas «prácticas de tarjetas» «hay alguien que sea capaz de decir que se puede ocultar una práctica en una organización de miles de personas, con un Banco de España, con auditores...? por favor, por favor...». En todo caso, afirmó, los auditores tenían «pistas suficientes» para saber si esas tarjetas eran o no un complemento retributivo e incidió en que las mismas eran para gastos de libre disposición, no de representación, ya que éstos, dijo, no tienen un límite preestablecido.