El Gobierno negocia con los sindicatos mejoras laborales para los funcionarios

Dos millones y medio de votos perdió el PP en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 24 de mayo. Dos millones y medio suma el personal de empleados públicos que trabajan en España. Es evidente que la pérdida de votos del partido de Mariano Rajoy no la provocó el que estos trabajadores se decantaran en bloque por otros partidos. Pero también lo es que se trata de un colectivo importante para cualquier partido por su número y por la repercusión pública de sus movilizaciones. Por eso, y después del descalabro electoral de mayo, el Gobierno está tratando de introducir mejoras laborales y recomponer las deterioradas relaciones con un colectivo que ha sufrido con especial virulencia la crisis, con recortes de plantilla y pérdidas de poder adquisitivo que el sindicato CSIF cifra en un 30%.

El próximo 16 de julio está previsto que se reúna la Mesa General de la Negociación de la Administración General del Estado. Para entonces, el Gobierno quiere tener cerrado un acuerdo con los sindicatos que introduzca mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores públicos. «Han accedido a reunirse con nosotros después de que se lo hayamos pedido de forma reiterada y de que las negociaciones del año pasado fracasaran», afirman fuentes del CSIF, que creen que al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, no le ha quedado más remedio que forzar la máquina después del último resultado electoral. «Quieren cerrar el acuerdo para mediados de julio porque, entre otras cosas, se les agota el tiempo. Luego viene el verano, después la precampaña y, para entonces, necesitan tratar de congraciarse con el colectivo con algún tipo de gesto», añaden.

La recuperación salarial –incluyendo la devolución íntegra de la paga extra, que sólo algunas administraciones han realizado, y sólo el 25% de la cuantía– y la ampliación de las plantillas son las dos principales reclamaciones de los sindicatos. Sin embargo, en las reuniones preliminares que ambas partes han mantenido, Hacienda no ha realizado ninguna propuesta concreta, «aunque ha mostrado voluntad y es consciente de que es su última oportunidad de congraciarse con el colectivo, el Gobierno no se ha comprometido todavía a nada. Nosotros, de momento, no nos fiamos porque todas las decisiones que ha tomado han sido unilaterales y la devolución del 25% de la paga extra ha sido forzada por sentencias de los tribunales. Queremos gestos concretos porque nos han decepcionado estos cuatro año», explican las mismas fuentes.

En las próximas semanas, ambas partes seguirán reuniéndose para intentar avanzar en un posible acuerdo que cerrar el 16 de julio. La idea es formar varios grupos de trabajo para abordar las diferentes cuestiones pendientes: salarios, condiciones laborales, condiciones sociales y plantillas.

Según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en España había 2,5 millones de empleados públicos en julio de 2014. Un número que, según los sindicatos, no alcanza para cubrir las funciones que tienen encomendadas. El CSIF calcula que el déficit de la plantilla es de unos 50.000 trabajadores después de las sucesivas congelaciones de las ofertas de empleo público, que ha implicado un recorte de 5.300 millones de euros, según cálculos de UGT, y amortizaciones de plazas de los últimos años, que el sindicato cifra en 13.297 vacantes.

La plantilla, no obstante, no es el único desagravio que esgrimen los funcionarios contra el Gobierno. Según CSIF, los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 30% desde que empezó la crisis. La merma es consecuencia de la baja de sueldo decretada en 2010, la retirada de la paga extra en 2012, seis años consecutivos de congelación salarial y las rebajas retributivas que se han producido en las administraciones. Otros recortes que enumera UGT y que han afectado al colectivo son la prohibición de aportaciones a los planes de pensiones o la implantación de la jornada de 37,5 horas semanales.