El juez impone 9,5 millones de fianza por los sobresueldos de Catalunya Caixa

El juez abre juicio contra Narcís Serra y otros 40 acusados por aprobar los sobresueldos de la cúpula de la entidad, cuando esta padecía pérdidas.

El titular de instrucción número 30 de Barcelona ha abierto juicio oral contra Narcís Serra y Adolf Todó, ex presidente y ex director de Catalunya Caixa respectivamente, en relación con la gestión de la entidad, intervenida por el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB).

Además el magistrado acuerda la misma decisión respecto a otros 39 acusados por estos mismos hechos.

El magistrado instructor obliga a los encausados a pagar solidariamente una fianza de 2,5 millones al FROB y de otros 7 millones a favor de Catalunya Caixa, en previsión de las indemnizaciones que pudieran ser condenados a abonar.

Asmismo impone otros 808.563 euros de fianza para el ex director de la entidad, Aldolfo Todó.

En un auto, el juez ha acordado enviar a juicio a Serra y Todó, así como a los otros miembros del consejo de administración por aprobar los sobresueldos de la cúpula de la entidad, cuando esta padecía pérdidas y había sido intervenida FROB.

El juez dispone en su auto que los exdirectivos de Catalunya Caixa sean juzgados por la Audiencia de Barcelona, una vez la Fiscalía y el resto de acusaciones personadas en la causa han presentado sus escritos de calificación contra los encausados, a los que atribuyen delitos de administración desleal.

La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y otros quince consejeros de la entidad por los "escandalosos"sueldos e indemnizaciones que aprobaron para sus exdirectivos entre los años 2009 y 2011, pese a la crítica situación de la antigua caja de ahorros.

Anticorrupción atribuye a un total de diecisiete personas, entre ellas Serra y Todó, dos delitos de administración desleal, por los que pide cuatro años de cárcel, mientras que para otros 24 exdirectivos de Catalunya Caixa solicita dos años de prisión por un único delito de administración desleal.

La Fiscalía solicita, además, que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con un mínimo de 2,5 millones de euros.