El rescate de las autopistas se va a la próxima legislatura

El Gobierno que salga de las urnas en las elecciones generales de noviembre se encontrará con una patata caliente que ya estuvo encima de la mesa del último Ejecutivo socialista y que ha estado en la del actual: la quiebra de ocho autopistas de peaje de segunda generación. Aunque el Ministerio de Fomento asegura que todavía resta tiempo para encontrar una solución, tanto la banca como las concesionarias dan por hecho que el problema seguirá pendiente la próxima legislatura, dada la proximidad de los comicios y la deriva judicial que ha tomado el asunto.

Fomento y Hacienda diseñaron a finales del año pasado un plan que creían que era la solución definitiva al problema. El proyecto pasaba por integrar las vías en apuro en una empresa pública, tras aplicar una quita del 50% a la deuda financiera de 4.000 millones de euros que tienen asociada y titulizar el resto en un bono a 30 años con un interés que rondaría el 1%. La banca española, principal acreedora de las autopistas, accedió al plan asumiendo que era la menos mala de las soluciones y que, con ello, ayudaba al Gobierno a resolver un asunto muy espinoso. No así la extranjera. Cuando se sacaron a concurso las concesiones, el Estado incluyó en los contratos una responsabilidad patrimonial administrativa (RPA). Por mor de esta cláusula, se compromete a indemnizar a las concesionarias –en este caso, la banca, dueña ya de las autopistas– si la vía se liquida, lo que le obligaría a desembolsar una cantidad que oscila entre 4.500 y 5.600 millones, dependiendo de si el cálculo lo hace el Estado o Seopan, patronal de las constructoras. Para los bancos extranjeros, libres para actuar sin preocuparse de molestar al Ejecutivo de turno con el que convive la banca nacional, resulta más ventajoso dejar caer a las autopistas y cobrar la RPA que acceder al plan de Fomento, por lo que lo han rechazado.

Pese a la oposición, el ministerio siguió adelante con su propuesta y la presentó como concurso de acreedores en los juzgados. Y ahí embarrancó. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid rechazó en febrero el plan y abrió la fase de liquidación de una de las ocho vías, la AP-36. El tribunal alegó que la propuesta «adolece de defectos que hacen inviable su admisión a trámite». Entre las fallas, el juez apuntaba que no contaba con la aprobación del Consejo de Ministros ni con la «necesaria audiencia con los representantes de los trabajadores». La viabilidad de la futura empresa pública en la que se englobarían está calculada a partir de la inclusión de las ocho autopistas quebradas. Si una se liquida, se pondría en riesgo la cobertura de costes y deuda con ingresos que exige la UE. Según las nuevas reglas de Eurostat (SEC 2010), las empresas públicas que no logren al menos unos ingresos equivalentes al 50% de deuda deberán agregar este pasivo al del Estado.

Fomento ha recurrido este auto ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando que se paralice la liquidación de la vía al menos hasta que la Audiencia se pronuncie, una maniobra con la que busca más tiempo para negociar su plan. Por el momento, el juez no se ha pronunciado. Pero aunque lo hiciera a favor de Fomento, la banca y las concesionarias creen que no serviría más que para dilatar en el tiempo la solución, con lo que las elecciones se echarían encima y el rescate quedaría igualmente aplazado. «Desde hace semanas, el ministerio no mueve nada», describen gráficamente las fuentes consultadas. Los más pesimistas creen que el problema se eternizará en los tribunales, con el consiguiente coste económico.

Guadalajara, sin servicio avant

Fomento cree que la oferta de Cercanías y media distancia que hay entre Guadalajara-Yebes y Madrid es «suficiente para atender la demanda», por lo que es innecesario implantar lanzaderas Avant como estaba previsto en el proyecto de la estación guadalajareña.