España no enviará el plan fiscal definitivo a la UE hasta que haya Gobierno

Hacienda reitera que la legislación impide a un Ejecutivo en funciones actualizar con un decreto ley las pensiones y el sueldo de los funcionarios

Tras la última investidura fallida de Mariano Rajoy, el tiempo sigue corriendo en una especie de contrarreloj. Primero hacia el 30 de septiembre, último día para presentar nuevos Presupuestos Generales que no llegarán, pero que serán sustituidos por una prórroga de los anteriores. Y segundo, hacia el 15 de octubre, una fecha marcada en rojo en los calendarios de los despachos de Bruselas. Ese día, España debería mandar, como tarde, su borrador de plan presupuestario para 2017 para ser analizado por la Unión Europea.

El problema es que configurar un plan fiscal sobre la base de unas cuentas públicas aún no presentadas y con un Gobierno en funciones carece en la práctica de utilidad alguna para la UE. Difícilmente España va a concretar nuevas medidas fiscales y presupuestarias para combatir el déficit excesivo si no se han presentado primero los Presupuestos de 2017, algo que no va a suceder.

Un balón de oxígeno

En cualquier caso, fuentes del Gobierno informaron a LA RAZÓN de que, en virtud de la situación, confían en poder retrasar el envío del plan fiscal a Bruselas hasta que se forme un nuevo Ejecutivo. Consideran que la Comisión tendrá en cuenta la parálisis política que atraviesa el país y aceptará postergar, sin sanciones, el borrador presupuestario.

No obstante, dentro del propio Gobierno en funciones existe cierta disparidad de opiniones. Hay un ala, minoritaria, que ve con dudas retrasar más allá del 15 de octubre el envío del plan. En cualquier caso, la sensación mayoritaria es que no habrá ningún problema en esperar hasta la constitución de un nuevo Gobierno. Juega en su favor el hecho de que el Ejecutivo ya ha mostrado a Bruselas su intención de contener el déficit. En este sentido, es cuestión de semanas que Moncloa saque adelante la ya anunciada reforma del Impuesto sobre Sociedades. Mediante un real decreto, el Gobierno adelantará a este año 6.000 millones de euros de recaudación. Una medida de urgencia para acercarse lo más posible al objetivo de déficit del 3,6% marcado por la UE este año y que busca demostrar a la Comisión el compromiso de España con la consolidación fiscal.

Mientras tanto, la UE se aferra a su discurso oficial. Bruselas espera que nuestro país envíe el anteproyecto de presupuestos para 2017 el 15 de octubre como fecha límite y mantiene la esperanza en la formación de Gobierno. No contesta, sin embargo, qué pasará si ante el «impasse» institucional el Gobierno en funciones se limita a enviar una prórroga de las cuentas de 2016, tal y como ha asegurado el titular de Economía, Luis de Guindos, ante el G-20.

Una prórroga que no contemplaría los ajustes necesarios que exige Bruselas y que, como regalo de consolación, quizás sólo podría presentar el pago adelantado de Sociedades, que ayudaría a cuadrar las cuentas de este año. A todo esto hay que sumar que en septiembre la Comisión deberá presentar una propuesta de posible congelación de fondos europeos a partir de 2017. Una medida que quedaría inhabilitada si España pone en marcha «acciones efectivas» y que resultan imposibles de presentar con un Ejecutivo atado de pies y manos.

A pesar de que Bruselas mantiene el compromiso del 15 de octubre, el procedimiento otorga de facto a los estados más tiempo de maniobra ya que la evaluación sobre los presupuestos de 2017 se prolongará hasta finales de noviembre, cuando el Ejecutivo comunitario debe emitir una recomendación y después debería ser refrendado por las capitales europeas en diciembre. Todo indica que, ante un panorama tan intrincado, Bruselas no se ha decantado todavía por ninguna opción.

Lo que parece seguro es que la prórroga de los Presupuestos no irá acompañada de ninguna medida de gasto excepcional. Fuentes de Hacienda insistieron ayer en que el Gobierno en funciones no aprobará ningún decreto ley relativo a la actualización de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios y reiteraron que esto sólo será posible con un nuevo Gobierno. De hecho, aseguran que ni siquiera es posible legalmente, pues la fórmula del real decreto está reservada para asuntos de urgencia. Incluso desde la Abogacía del Estado consideran que no es posible llevar a cabo una medida de tanto calado como la revalorización de las pensiones y del salario de los empleados públicos en unas circunstancias como las actuales. En este sentido, apuntaron que el Ejecutivo en funciones no puede aprobar ninguna medida que pueda comprometer a un nuevo Gobierno.