Fomento reduce de 748 a 25 millones el sobrecoste anual de la obra pública

En sus presupuestos de este año, el Ministerio de Fomento no recoge ya partida alguna para finiquitar deudas pendientes de ejercicios anteriores. La ministra, Ana Pastor, aseguró hace un par de semanas que después de tres años han logrado poner «las cuentas en orden» y cancelar los 5.500 millones de euros que tenían pendientes en facturas atrasadas. «Yo no hice el agujero, pero tenía que taparlo», explicó gráficamente.

El departamento no solamente ha logrado equilibrar sus cuentas sino que, además, en los tres últimos ejercicios ha evitado que los sobrecostes, uno de los factores que contribuían a este descontrol presupuestario, se desbocaran como ocurrió durante los años de bonanza económica. Según datos oficiales a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, entre 2012 y 2014, las modificaciones de obras –sobrecostes que se generan porque se considera que han sobrevenido circunstancias que hacen el proyecto más caro– ascendieron a 25 millones de euros de media anual. Entre los años 2004 y 2011, el importe por este concepto sumó una media de 748 millones de euros en cada ejercicio, hasta sumar 5.991 millones de euros.

Cierto es que en el periodo comprendido entre 2004 y 2011 la cantidad de dinero invertida en infraestructuras en nuestro país superó en mucho a la de los tres últimos años, lo que sobre el papel aumentaba las posibilidades de que el volumen de las desviaciones fuese mayor. Por ejemplo, en 2009 el Grupo Fomento licitó obras por valor de 9.397 millones de euros, mientras que en 2013 la cantidad apenas alcanzó los 2.095 millones [ver cuadro adjunto].

Pero también lo es que, de acuerdo con los mismos datos, mientras que en el primer periodo analizado las desviaciones representaron de media el 8,9% del presupuesto inicial, en los tres últimos años apenas fue del 0,77%, lo que implica un control mucho más estricto de los modificados.

Desde 2010, tanto el anterior equipo ministerial que dirigía José Blanco como el actual han tomado medidas para reducir estos sobrecostes a la mínima expresión, atacando, en primer lugar, lo que se conoce como bajas temerarias. Para ganar los contratos de obra pública, las empresas constructoras acostumbraban a presentar grandes bajas, ofertas muy por debajo del presupuesto de licitación fijado por la Administración como el precio máximo que estaba dispuesto a pagar por la obra.

Presupuestos inflados

Después, aduciendo circunstancias sobrevenidas, venían los modificados, mediante los que las constructoras inflaban poco a poco el presupuesto con el que habían ganado el concurso hasta que los costes terminaban, en muchos casos, superando ampliamente el precio inicial de licitación. Para evitar esta escalada, primero se limitó a diez puntos por debajo de la baja media del precio de licitación –que suele ser de en torno al 20% del presupuesto inicial–, lo que se consideran bajas temerarias, que no son otra cosa que ofertas muy por debajo del coste inicial estimado y que se descartan por considerarse inviables.

Nuevos pliegos

Y en enero de 2014, el Ministerio de Fomento anunció la intención de volver a modificar los pliegos de los contratos para reducir a la mitad la posibilidad de que se presenten bajas temerarias. De esta manera, todas las propuestas que ofrezcan un descuento de al menos un 25% con respecto al presupuesto inicial se consideran temerarias por la Administración.

Junto a estas iniciativas, en 2011, el Gobierno aprobó la Ley de Economía Sostenible, que limita al 10% el alza que pueden sufrir las obras, siempre y cuando no conste lo contrario en los pliegos del concurso correspondientes a las mismas.

Además del control de los sobrecostes en las obras aprobadas, el ministerio que dirige Ana Pastor también quiere limitar cualquier gasto superfluo y optimizar cada euro que invierte.

En materia de carreteras, por ejemplo, prepara una nueva ley que incorpora una medida muy concreta para lograr este objetivo. Todo nuevo tramo que se vaya a construir en el futuro deberá contar con un análisis previo de las previsiones de demanda y explotación «para valorar su viabilidad económica y la conveniencia de ejecutarla por fases, con el fin de acomodar así la inversión a las necesidades reales de la demanda».

En los proyectos también se establecerán unas «ratios del coste de construcción, en función del tipo de infraestructura y de las características del terreno», como informó este periódico. En el caso de túneles y viaductos, se incluirán de este modo disposiciones específicas para evaluar si lo más conveniente es construir una u otra infraestructura en función de la orografía y las condiciones del terreno. El último requisito será incluir un estudio técnico-económico que contemple las necesidades de mantenimiento.

Plan de choque para controlar los gastos

Bajas temerarias.

Las ofertas de las constructoras que sean inferiores en un 25% al presupuesto inicial de licitación se consideran temerarias y se descartan porque

son la vía hacia los modificados que acaban en sobrecostes.

Alzas limitadas.

Desde 2010, la Ley de Economía Sostenible limita a un 10% el sobrecoste máximo que pueden tener los proyectos respecto al coste de licitación, siempre que no conste los contrario en los pliegos del concurso.

Ley de Carreteras.

La nueva normativa obligará a incluir un estudio específico de demanda de tráfico para valorar si la inversión está justificada y si conviene ejercutarla por tramos. El objetivo es acomodar la inversión en el proyecto a las necesidades reales.

Obras complejas.

En el caso de los túneles y viaductos, el Ejecutivo contempla introducir disposiciones específicas para evaluar si lo más conveniente es construir una u otra infraestructura en función de la orografía y las condiciones del terreno.

Más de 230.000 empleos y 200 millones de beneficio

De acuerdo con los datos que maneja el Ministerio de Fomento, el año pasado las compañías españolas se adjudicaron contratos en el exterior por valor de 47.000 millones de euros. En los últimos años, las grandes infraestructuras en otros países han sido la auténtica tabla de salvación del sector. Pero el departamento de Ana Pastor espera que este ejercicio marque un claro cambio de tendencia. Según sus datos, la inversión prevista para este ejercicio por el Grupo Fomento generará unos 232.000 puestos de trabajo. Ya en diciembre, los afiliados a la Seguridad Social del sector de la construcción crecieron en más de 10.000, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). El grupo espera cerrar el ejercicio con un beneficio de 200 millones de euros, con un ebitda –beneficio antes de impuestos– de 3.000 millones de euros, un 38% más que en 2014, según los datos que ha facilitado el propio Ministerio.