«Hay funcionarios que cobran 20.000 euros más porque paga la Generalitat»

Miguel Borra dirige el sindicato más representativo de la función pública (CSIF) desde 2011. Ha lanzado una campaña para la equiparación salarial de todos los empleados públicos.

–¿Por qué se ha llegado a una disparidad de salarios tan grande entre empleados públicos según quién les pague?

–La Administración General del Estado (AGE) tiene que cumplir con todas las normas que ella misma marca. En las regiones y las administraciones locales siempre ha habido margen para subir los salarios. Después de 30 años se ha llegado a una situación difícilmente justificable. No puede ser que los 25.989 empleados de la AGE que tiene el Estado en Cataluña tengan un salario y los 167.095 de la Generalitat tengan otro distinto aunque estén realizando el mismo trabajo. El Estado tiene que responder ante sus 522.412 trabajadores públicos. Tenemos que conseguir que esas retribuciones suban, la equiparación con la máxima de «igual trabajo, igual salario».

–¿Quién es responsable de crear esta brecha?

–Hemos perdido el 20% de poder adquisitivo desde la crisis. Sumando la inflación desde 2009 que son 11,5 puntos y la quita de entre un 5% y un 10% de Zapatero, que algunos quieren olvidar. Cuando te llega la paga extra, los grupos A1 y los A2, la tenemos irrisoria, la mitad del sueldo base gracias a Zapatero. Reclamamos una subida que permita recortar ese 20% perdido y además queremos negociar con uno de los empleadores, la AGE, subidas para los sueldos de sus empleados, que se han quedado muy desfasados con los de las administraciones locales y regionales.

–¿Son tan amplias las diferencias con las regiones?

–Daré algunos ejemplos. En Cataluña, las instituciones penitenciarias dependen de la Generalitat. Es la única comunidad, desde hace más de 20 años, que tiene transferidas esas competencias. Un jefe de servicio en instituciones penitenciarias, que es nivel 22, en Cataluña tiene una nómina mensual de 3.022,41 euros, mientras que en el resto de España cobraría 2.429,92 euros, 592 euros de diferencia. Un nivel 28, en Cataluña cobra 61.642 euros y en la AGE 40.800, 20.841 euros de diferencia. Si nos bajamos al C2, nivel 18, en Cataluña cobran 20.678 euros mientras que los de la AGE cobran 3.048 euros menos (17.629). No es de recibo que haya estas diferencias. Lo que sufren los cuerpos policiales nos pasa absolutamente a todos.

–¿Se equipararían los sueldos entre empleados de la AGE y de las CC AA si se recuperara la capacidad adquisitiva previa al «rejonazo» de Zapatero?

–No, ni siquiera. Las diferencias son muy importantes.

–¿Cuánto puede suponer?

–Aún estamos realizando las cuentas porque también hay muchas diferencias entre regiones y depende de con cuál se realice la comparación.

–¿En qué región se cobran más los trabajadores públicos autonómicos?

–En el País Vasco, en casi todo.

–¿Se plantean un escenario de igualación a plazos?

–En el caso de la equiparación de la Policía y de la Guardia Civil estamos hablando de 1.200 millones de euros en tres años. Vamos a hablar nosotros también de tres años. Cuando pones las cifras sobre la mesa, marean. Pero una subida de un punto para los 2,5 millones de empleados públicos son 1.120 millones de euros. ¿Cuántos puntos se podrían haber recuperado con el rescate de las radiales? ¿Y con los aeropuertos fantasma? La equiparación es asumible en tres años.

–¿Hay posibilidad de una insurreción de los funcionarios que dependen de la Generalitat?

–Los empleados públicos en Cataluña cumplirán con las normas porque tienen, como los Mossos, obediencia debida a la Constitución. Nos debemos a los ciudadanos. Ha habido órdenes de consejeros y altos cargos que podían inducir a error o dar a entender una cierta barra libre. Cuando los altos directivos y eventuales cobran, por libre designación, 75.000 euros, o un asesor no baja de los 55.000, se vicia la administración. Muchos altos cargos pasaron a ser eventuales en julio en Cataluña para evitar ceses automáticos con sueldos elevadísimos.

–¿Qué puede pasarle a un funcionario que no cumpla?

–Nada más iniciarse el procedimiento te pueden suspender seis meses de empleo y sueldo. En el reglamento de los Mossos la primera falta muy grave es el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto. Implica separación del servicio. Es un procedimiento garantista. Hay que aportar pruebas y escuchar al empleado. Uno de los comentarios de los funcionarios catalanes en los centros de trabajo está siendo que cómo es posible que Romeva llame a la desobediencia cuando los diputados votaron en secreto. Con lo que cuesta sacarte una oposición, las ideas políticas se quedan de puertas para adentro, porque puedes perder tu puesto de trabajo.

–A algunos les han hecho creer que son empleados en exclusiva de la Generalitat y no de un ente regional, y que se estaba creando una administración paralela.

–Es imposible crear una doble legalidad y una doble administración. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso es imposible aunque ha habido gente que se ha creído lo que les han dicho desde la Generalitat. Con el 155, es imposible que se reciban órdenes ilegales. Pero aún quedan 84.000 empleados públicos que dependen de la administración local en Cataluña y esos sí puede que reciban órdenes ilegales. Si un empleado público sospecha que su ayuntamiento está desviando fondos para «actos festivos» ilegales o para pagar billetes de avión de los fugados, tiene que reclamar que le den por escrito la orden y llevarla a la Fiscalía.

–¿Qué opinión le merece la huelga general convocada en Cataluña mañana?

–CSIF no está en esa huelga. Las huelgas se convocan por motivos laborales y la de mañana responde a una reivindicación política y, además, ilegal.

–¿Hay inquietud entre los empleados públicos que están desprotegidos?

–Los funcionarios nos preguntan cuánto tiempo va a durar la protección de Estado. Porque lo de estar señalados por no ser independentistas no es de hace unos meses sino de muchos años. Y todos los nombramientos de libre designación caen siempre en Cataluña para los mismos. Los ciudadanos deben saber que hay regiones con más directores generales en la Consejería de sanidad que hospitales. Que hay ayuntamientos, como el de Barcelona, donde hay 200 puestos de libre designación con títulos como «director general de navegación oceanográfica» y más de 100.000 euros de sueldo.