Finanzas

El banco chino ICBC blanqueó 90 millones de euros en tres años

La Audiencia Nacional cree que estaba «al servicio» de redes criminales como la de Gao Ping

Dos guardias civiles custodian la entrada del banco chino ICBC en Madrid el pasado febrero
Dos guardias civiles custodian la entrada del banco chino ICBC en Madrid el pasado febrerolarazon

La Audiencia Nacional cree que estaba «al servicio» de redes criminales como la de Gao Ping

La Audiencia Nacional investigará el supuesto blanqueo de más de 90 millones de euros cometido entre 2011 y 2014 a través del banco chino ICBC (Industrial and Comercial Bank of China), que según el juez Ismael Moreno estaba «al servicio» de organizaciones criminales de ciudadanos chinos, entre ellas la liderada por Gao Ping. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha aceptado hacerse cargo de la instrucción del procedimiento –tras la inhibición, el pasado 16 de abril, del Juzgado de Instrucción número 7 de Parla–, al entender que los hechos «han perjudicado seriamente a la economía nacional». Setenta y ocho de sus clientes están en el punto de mira.

En su resolución del pasado 18 de mayo, el juez Moreno hace suyos los argumentos de Anticorrupción para intentar esclarecer la participación de los responsables de la entidad, que se estableció en España en 2011, en las actuaciones para «ocultar y encubrir el origen delictivo de los fondos invertidos en las cuentas corrientes» de las mafias chinas investigadas.

Anticorrupción afea al banco chino que, tras tener conocimiento de las pesquisas al cursarse órdenes de embargo de cuentas y de solicitud de información, lejos de colaborar con la Justicia puso en marcha «varias maniobras de ocultación de las transacciones y transferencias de sus clientes».

Saltándose la ley de prevención del blanqueo de 2010, no alertó al Sepblac, el servicio de prevención de blanqueo de capitales, de ninguna operación sospechosa por parte de esos 78 clientes investigados, cuya identificación era, además, «mínima», aceptándose incluso –denuncia la Fiscalía– la actuación de testaferros. Por si fuera poco, ICBC remitió a las autoridades judiciales facturas anteriores al inicio de las operaciones de las cuentas investigadas o «cuyos adeudos no se recogían en el movimiento de la cuenta».

Desde un primer momento, señala Anticorrupción, su modelo de negocio buscaba «captar el efectivo» de sus compatriotas en España, que acudían a la sucursal de la entidad en Recoletos (disponía además de otra sucursal en Barcelona) «portando en mochilas, bolsas y cajas las remesas de efectivo» que ingresaban en sus cuentas personales o en la de sus sociedades, «para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces de inmediato, a China».

Además del dinero procedente de la red de Gao Ping, ICBC se habría nutrido de más de 300 millones supuestamente defraudados por una organización china que tenía su epicentro en el polígono industrial de Cobo Calleja (Fuenlabrada) –desarticulada en mayo del pasado año en la «operación Snake»– o de los 100 millones en que se cifra el fraude en importaciones de la red desmantelada en noviembre de 2014 en el marco de la «operación Juguetes».

El banco chino actuaba, según Anticorrupción, como «un canal de blanqueo de rentas ilícitas originadas en las economías sumergidas del fraude fiscal y contrabando» de esas organizaciones criminales, favoreciendo masivas transferencias de fondos en efectivo desde nuestro país a China, al menos 90 millones de euros «amasados por varios de los investigados» en esos procedimientos penales.

En ocasiones, para no levantar sospechas, se dividían los importes de los ingresos entre diversas sociedades de los líderes de esas mafias chinas. O se ocultaban los masivos abonos en cuentas «troceando las cantidades en importes inferiores al umbral de 50.000 euros de preceptiva declaración establecido para el tráfico exterior de divisas». De esta última forma se intentaban conjurar los riesgos de alarma en la Balanza de Pagos, ocultando a las autoridades los flujos de salida al exterior.

La investigación ha dejado al descubierto que, para lograr sus propósitos, introducían los contenedores «casi a pérdidas en la Unión Europea», generando desde la economía sumergida «una cadena de ventas opacas sucesivas e ingentes sumas de dinero en efectivo». Con anterioridad al blanqueo, la Fiscalía cree que cometieron delitos de contrabando, fraude en las declaraciones de IVA a la importación, fraude en el IVA interior, falsificaciones en documentos mercantiles y oficiales y delitos contra la propiedad intelectual.