La Audiencia investigará a Blesa por inflar las hipotecas

El juez ve indicios de que Caja Madrid concedió durante la burbuja inmobiliaria préstamos con tasaciones sobrevaloradas

El horizonte judicial del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa se ensombreció ayer un poco más con la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de investigarle –junto a otros 19 ex directivos de la entidad– por estafa, administración desleal, falsedad documental y asociación ilícita por la supuesta «concesión sistemática» de hipotecas sobrevaloradas entre los años 2003 y 2009, en plena burbuja inmobiliaria. La resolución del magistrado, adoptada en contra del criterio de la Fiscalía y a instancias de dos querellantes particulares, lleva aparejada, por ahora, la citación como investigados (aún sin fecha) del propio Blesa; de Ildefonso Sánchez Barcoj, entonces responsable de la Dirección General Financiera y de Medios; de Ramón Martínez Vílchez, gerente de Riesgos y de Ignacio de Navascués, director general de Tasaciones Madrid (la tasadora de la entidad financiera).

De la Mata asegura que Tasaciones Madrid «valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos». A consecuencia de esta práctica, se concedían a los clientes de forma «sistemática» préstamos «por encima del 100% del precio de compraventa» de esos pisos. Y no sólo eso. El magistrado añade a esos indicios de la comisión de hechos supuestamente delictivos que Caja Madrid otorgaba préstamos hipotecarios con un plazo de 20 años o más «a personas extranjeras con permisos temporales de residencia y trabajos de uno o dos años de validez».

Esta manera de proceder acarreó, según el juez, «una cartera hipotecaria de alto riesgo» que en ciclos de recesión como el actual provocaron una mayor mora en los pagos en comparación con otras entidades y «pérdidas millonarias». De hecho, De la Mata subraya que estos comportamientos han podido ocasionar «una grave repercusión» en la economía nacional al afectar a miles de clientes y teniendo en cuenta, sobre todo, que el negocio crediticio de Caja Madrid llegó a superar los 186.000 millones de euros.

El instructor tampoco se olvida de recordar en su resolución la delicada situación financiera que atravesó la entidad y «los miles de millones de caudales públicos que han debido ser inyectados en la misma para sanearla, capitalizarla y, así, mantener su operativa y el cumplimiento de sus obligaciones frente a depositantes, clientes y acreedores».

De la Mata sustenta en buena medida su decisión en un informe del Banco de España de 20 de julio de 2009 sobre la cartera hipotecaria minorista de Caja Madrid, en el que el órgano regulador pone de relieve la ausencia de «una normativa expresa y detallada» en la entidad respecto a las condiciones para conceder esos préstamos. Esa falta de desarrollo del «scoring hipotecario minorista» (una herramienta clave para medir los riesgos en la concesión de hipotecas) tuvo consecuencias, según el Banco de España, pues «impedía que la auditoría interna de oficinas pudiera sancionar las debilidades respecto al tipo de ingresos computados».

«La agresiva política comercial» emprendida entre 2005 y 2007 por Caja Madrid –continuaba el informe–, unida a esas carencias en la medición de riesgos, provocó que en los ejercicios 2006, 2007 y 2008 el peso de las operaciones «forzadas» (que hubiera sido más prudente rechazar) «aumentara tanto para clientes como para los no clientes». En muchos casos, añade el organismo supervisor, esas operaciones «estaban mal concedidas» desde su inicio a clientes «sin ingresos regulares o con ratios de endeudamiento elevado». Unas prácticas que hacían más necesarias que nunca «unas verdaderas políticas que fijaran criterios taxativos» sobre los requisitos que debían tenerse en cuenta para aprobar las operaciones hipotecarias.

Hasta el año 2007, señalaba el Banco de España, el modelo de «scoring» de la entidad no contemplaba como factores diferenciados de riesgo «ni el canal de entrada ni la nacionalidad del acreditado» e informes de auditoría interna reiteran en esos años «una deficiencia en la información sobre la capacidad de pago» del solicitante del préstamos hipotecario.

Las tasaciones que se utilizaban como referencia por Caja Madrid, elaboradas todas ellas por Tasa Madrid, «no se ajustaban a la realidad del mercado, tendiendo a establecer valores significativamente superiores a éste». Esas tasaciones, continúa, «eran de baja calidad por establecer, como regla general, un valor de tasación» notablemente superior al valor de mercado de los bienes.

El Banco de España, no obstante, apunta una duda respecto a ese «agresivo crecimiento comercial» y al «forzaje» de las operaciones hipotecarias por parte de Caja Madrid en esa época: cómo se reflejaban documentalmente y qué información se le pasaba al Consejo ó a los órganos de dirección de la entidad, «dado que no se ha recibido ningún documento de políticas y en las actas del Consejo no se ha leído nada acerca de este tema».

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, no estaba por la labor y en abril del pasado año pidió el archivo de las actuaciones al no apreciar indicios de delito. Para el Ministerio Público las tasaciones que habilitaron esos préstamos se realizaron «en el periodo anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria». Esa crisis, recordaba la Fiscalía, «originó una bajada de los precios de las viviendas» y, en ese contexto, la sobrevaloración en las tasaciones «fue generalizada».

Respecto a las hipotecas concedidas a extranjeros, Anticorrupción sostiene que en la querella «no consta más información» que la referente a los permisos de residencia o de trabajo de los solicitantes del crédito, «pero se desconocen otros elementos» (entre ellos, sus ingresos o las condiciones del préstamo) «que podrían permitir realizar las estimaciones de riesgo».

Para el juez De la Mata, sin embargo, el hecho de que esas tasaciones infladas fuesen tanto en España como en otros países de la Unión Europea una práctica generalizada antes del estallido de la crisis de 2008 «no puede sin embargo justificar cualquier práctica». Por este motivo, el magistrado admite a trámite la querella y ordena la práctica de determinadas diligencias «necesarias y pertinentes» para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Además de la citación de los investigados, De la Mata reclama a Bankia, como sucesora de Caja Madrid, una batería de documentos. En primer lugar, aquellos en los que la entidad fijó sus políticas de «scoring» y los principios que regían las concesiones de préstamos hipotecarios entre 2002 y 2007, así como la certificación de las actas en las que los órganos de dirección de la entidad dieron su visto bueno a los mismos.

Igualmente, Bankia deberá entregar al juez de la Audiencia Nacional toda la documentación relativa a los préstamos concedidos a los dos querellantes y los informes de tasación de los inmuebles detallados en las escrituras de compraventa. Por último, De la Mata pide a la entidad financiera una relación de los integrantes, entre 2003 y 2009, del Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, Comisión de Control, Dirección General Financiera y de Medios y Gerencia de Riesgos de Caja Madrid.

A Miguel Blesa se le acumulan las causas judiciales. Además del nuevo frente por la concesión «sistemática» de hipotecas sobrevaloradas por Caja Madrid entre 2003 y 2009, Blesa arrastra otras tres grandes tramas que están siendo investigadas, algunas de ellas relacionadas, y otra por la que ha resultado absuelto.

- «Tarjetas black». La Audiencia Nacional investiga el uso fraudulento y continuado de las famosas «tarjetas black» que supusieron un saqueo de 15,5 millones. El juez Andreu atisba indicios de apropiación indebida y un sistema corrupto de despatrimonialización de la entidad. La Fiscalía pide seis años de cárcel para Blesa.

- Preferentes. En 2009, Caja Madrid emitió 3.000 millones en preferentes, un producto financiero complejo y volátil, que colocó sobre todo a sus clientes minoristas, familias. La devolución de los fondos de la salida a bolsa y de las preferentes ha obligado a Bankia a reservar una provisión de 4.100 millones.

- Sobresueldos de directivos. Según el FROB causaron un perjuicio de 14,8 millones. El FROB considera que en 2008 se aplicó a los directivos de Caja Madrid una subida salarial «significativamente mayor» que la debida, que en algunos casos llegó a superar el 26%. Blesa argumenta que se subieron los sueldos por la creciente carga de trabajo.

- Banco de Florida. La adquisición del City National Bank of Florida por Caja Madrid fue sobreseída finalmente. Ha sido la única que llevó a Blesa a la cárcel, hasta dos veces, una polémica decisión del ex magistrado Elpidio José Silva. La juez que sobreseyó el caso descartó que en la operación hubiera un sobreprecio de 450 millones.