La factura de la crisis catalana: entre 4.000 y 15.000 millones

La economía puede tardar una año en recuperarse del impacto del secesionismo.

La Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña, seguida de la suspensión de la Generalitat vía aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha llegado en un momento en el que la economía española, y también la catalana, estaban consolidando su recuperación. Si atendemos a los datos de crecimiento económico correspondientes al año 2016, España se expandió a una tasa del 3,4%, mientras que Cataluña lo hizo a una del 3,6%. Desde el mínimo de 2013, España ha aumentado su PIB en un 8,6%, mientras que Cataluña lo ha hecho en un 9,7%. Tan es así que el PIB a precios de mercado de Cataluña marcó en 2016 su máximo histórico, incluso superando el nivel previo a la crisis (no así el del conjunto de España, que todavía se mostraba rezagado con respecto al cosechado en 2008).

Parecida es la imagen con el empleo. La tasa de paro en el conjunto de España al finalizar el tercer trimestre de 2017 fue del 16,38%; en cambio, en Cataluña alcanzó el 12,54%, la sexta más reducida de todo el país. Asimismo, desde comienzos de 2014 el número de empleos indefinidos se ha incrementado en España un 7,8%, mientras que en Cataluña lo ha hecho un 9%. No sólo menos paro, sino también más empleo de calidad. Y, por último, si estudiamos la posición exportadora de Cataluña, comprobamos que continúa ubicándose a la cabeza de España: de los 254.5000 millones de euros en mercancías que exportó nuestro país en 2016, 65.100 millones se debieron a Cataluña (el 25% del total). De hecho, desde 2009 las exportaciones catalanas se han expandido casi al mismo ritmo que las del resto de la nación (en torno al 50%), lo que demuestra que el dinamismo de su sector exterior seguía muy vivo.

En definitiva, antes de la Declaración Unilateral de Independencia, la economía española, y muy en particular la economía catalana, estaban mostrando una muy sana trayectoria que nos permitía ilusionarnos con dejar atrás la crisis económica. Pero la DUI bien podría terminar echando tierra sobre esta saludable recomposición de nuestro aparato productivo. Recordemos cuáles han sido sus efectos sobre la economía catalana: traslado de la sede social de 1.700 empresas a otros puntos de España, caída del 20% de las ventas en centros comerciales, hundimiento del 30% en las reservas hoteleras, pinchazo del transporte de mercancías en un 21% y desplome de la venta de vehículos en concesionarios del 30%.

No en vano, el BBVA Research estimó esta misma semana que la inestabilidad catalana podría costarle a la economía española más de 4.000 millones de euros a lo largo de 2018; cifra que la AIReF considera que puede llegar hasta los 15.000 millones. Si las previsiones más pesimistas de la AIReF se confirmaran, tardaríamos un año entero en recuperar el nivel de actividad y de empleo que podríamos haber logrado en ausencia de la crisis catalana.

El riesgo de que la recuperación económica encalle, pues, no debe soslayarse. Durante los próximos trimestres comprobaremos hasta qué punto el «procés» ha hecho mella sobre el crecimiento y la creación de empleo en nuestro país, pero no deja de constituir una abierta irresponsabilidad que se pongan en peligro los frutos de la prosperidad mediante el salto jurídico al vacío que es la DUI.

A la postre, es verdad que la Generalitat podía plantear antes de septiembre ciertas quejas legítimas sobre el encaje económico de Cataluña en España (en particular, el desastroso modelo de financiación autonómico que penaliza a todas las regiones ricas para mantener las burocracias clientelares de las regiones pobres), pero el camino que finalmente ha emprendido amenaza con generar entre sus conciudadanos muchos más perjuicios que aquellos beneficios que podría haber obtenido con tales reivindicaciones.