La Generalitat frena la entrada de funcionarios del resto de España

Paraliza la convocatoria de miles de plazas públicas en Sanidad, Educación y Justicia pese a la alta interinidad, en plena ofensiva secesionista.

La megaoferta de empleo público que el Ministerio de Hacienda y Función Pública puso en marcha poco antes de este verano para reducir al mínimo la interinidad y cubrir las plazas vacantes en la Administración está chocando de lleno en Cataluña con el sólido muro de la Generalitat. En concreto, las autoridades políticas catalanas están frenando la convocatoria de gran parte de las plazas que le correspondían a la comunidad, dentro de la oferta que aprobó el Ejecutivo para 2017 y los dos próximos años, tras alcanzar un acuerdo histórico con las principales centrales con representación en la Administración.

Fuentes sindicales señalan que la parálisis afecta a las áreas más «dañadas» por la precariedad laboral en el sector público catalán, especialmente la Sanidad, la Educación y la Justicia, y temen que detrás de ella exista un intento del Gobierno autonómico de frenar el desembarco en plazas ubicadas en Cataluña de funcionarios procedentes del resto del Estado, con el objetivo de mantener en los puestos a muchos interinos residentes en la autonomía, «mucho más fáciles de manejar, a la vista de su situación laboral».

Según las mismas fuentes, por ejemplo, la Consejería de Salud que dirige Toni Comín tenía previsto sacar a concurso alrededor de 2.400 plazas en el marco de ese acuerdo para estabilizar el empleo interino. Sin embargo, «en este momento se encuentran paralizadas», aseguran, remarcando que desde el año 2008 las centrales sindicales con representación en la Administración catalana «no tienen acceso a información sobre las bolsas de trabajo y la Administración actúa con arbitrariedad y falta de transparencia» en este área.

En Educación, Cataluña tiene también pendientes de convocatoria un total de 2.000 plazas, y desde el año 2012 no se convocan oposiciones alegando la necesidad de los recortes por la crisis, pero, según sostienen, esa política de recortes «le ha servido de excusa a la Generalitat para dar una importante competencia a los directores de los centros para gestionar las bolsas de interinos con criterios en muchos casos políticos».

Cierta confianza

A pesar de todo, sindicatos como la mayoritaria Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) confían en que el departamento de Educación saque a concurso al final las plazas a lo largo del mes que viene.

Otra de las áreas más afectadas por esta parálisis es la Justicia. El pasado año, el Ministerio asignó 509 plazas a Cataluña para su oferta de empleo público. Pese a ello, dicha comunidad optó finalmente por no sacarlas a concurso pese a registrar una de las mayores tasas de interinidad, superior al 20% de los empleados que trabajan en ella. Según los datos que manejan los sindicatos, este año, previsiblemente, la Generalitat tendrá la opción de sacar a concurso 1.400 plazas tanto para promoción interna como para estabilizar plazas interinas registradas, aunque organizaciones como CSIF mantienen la incertidumbre al respecto, a la vista de la convulsa situación política en esta comunidad.

En lo que respecta a las universidades, este último sindicato ha promovido un recurso ante el Tribunal Constitucional a través de la oficina del Defensor del Pueblo, organismo cuyo presidente en funciones es actualmente Francisco Fernández Marugán.

En concreto, la organización ha promovido un recurso contra una disposición presupuestaria de 2017 emanada de la Generalitat de Cataluña que limita el marco de contratación del personal académico.

De hecho, las universidades de la comunidad sólo contratan a personal de la administración catalana, lo que ha provocado que sólo queden 5.692 funcionarios del Estado, frente a los 13.600 de la Generalitat. En este sentido, el sindicato que preside Miguel Borra teme que se vuelva a repetir el próximo año esta situación, como consecuencia de la convulsa situación política que se está viviendo. «CSIF defiende el papel de los funcionarios públicos frente al proceso soberanista, que promueve un sistema universitario paralelo», aseguran fuentes del sindicato.

Las dudas sobre el rol que jugaría Cataluña en esta oferta ya planearon durante la histórica negociación entre Hacienda y los sindicatos.