La independencia costaría cerca de 65.000 millones de euros

A corto y medio plazo no es viable. Sus efectos dejarían la economía catalana al borde de la bancarrota.

Luis de Guindos advirtió de que la independencia hundiría hasta un 30% el PIB catalán, que en 2016, según los datos del INE, ascendió hasta los 211.915 millones de euros. El Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) eleva esa cantidad hasta los 223.629 millones, por lo que el coste de la secesión para el territorio –atendiendo a las declaraciones del ministro de Economía– oscilaría entre los 63.575 y los 67.088 millones. La factura para España superaría los 50.120 millones, ya que la desconexión provocaría una abrupta caída de entre el 4 y el 5% del PIB, que el año pasado alcanzó los 1.113.851 millones.

El órdago independentista está sobre la mesa. Aunque fuera de nuestro país nadie le dé la más mínima posibilidad, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont pondrá en los próximos días fecha y pregunta al referéndum, para el que la Ley de Presupuestos del Parlamento catalán incluye partidas destinadas a su celebración. No obstante, PP y Ciudadanos presentaron el jueves un recurso de inconstitucionalidad con el objetivo de impedir el intento de los independentistas de usar el dinero de «todos los catalanes» para «destruir España» y «levantar muros», declararon fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo no contempla la hipótesis de la secesión, por lo que aún no ha elaborado ningún estudio sobre las consecuencias que tendría, que a todas luces resultarían un desastre. Y es que, debido a que el empleo reacciona ante caídas del PIB con más violencia, si la economía cayera un 30%, el empleo caería en una mayor proporción.

En caso de que Cataluña declarara unilateralmente la independencia, la nueva República quedaría excluida de la UE y del mercado único europeo, que garantiza la libertad de movimientos de bienes y servicios. En ese escenario, visto lo ocurrido en otros casos de desintegración de Estados en Centroeuropa, «resulta realista suponer que las exportaciones de Cataluña al resto de España podrían reducirse en torno al 50% en los cinco años siguientes a la independencia». Las simulaciones realizadas por Clemente Polo, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, basadas en una caída a la mitad de las exportaciones de Cataluña al resto de España y en una reducción de las ventas al resto de la UE del 15%, indican que el valor añadido bruto descendería un 16,5% y la recaudación por impuestos sobre los productos, un 16,2%. Y, naturalmente, una reducción del VAB implicaría reducciones similares en la recaudación por impuestos directos (IRPF y Sociedades). «Un desastre que pondría las finanzas del nuevo Estado al borde de la bancarrota», alerta Polo.

Si se añaden los efectos que tendrían la caída del ahorro y de la inversión productiva, los procesos de deslocalización de empresas, los desplomes de la inversión extranjera... «no es nada aventurado ni exagerado predecir una contracción del PIB catalán de un 30%». Gabriel Tortella, co-autor y coordinador de «Cataluña en España. Historia y mito», asegura que el desconcierto se debería a que la economía catalana tendría grandes dificultades para financiarse, ya que su deuda pública está al nivel crediticio de los bonos basura y su financiación proviene casi exclusivamente de España, a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Por ello, al perder el apoyo del Estado español, podría producirse un colapso financiero. «Para el ‘‘nuevo Estado catalán’’ sería difícil garantizar los sueldos de los empleados públicos y las pensiones», destaca Tortella.

Desplome de las exportaciones

Almudena Semur, coordinadora del Servicio de Estudios del IEE, asevera que las exportaciones catalanas con el resto de España se reducirían a la mitad, lo que haría descender las ventas catalanas al exterior, piensa, un 25%. Y para compensar la caída del mercado interior, tendrían que caer los precios y los salarios con el fin de que las ventas al resto del mundo remediaran el descenso de las exportaciones a España.

El nuevo Ejecutivo catalán podría verse abocado a poner en marcha políticas de fuerte ajuste interno para tratar de repagar su deuda, a acometer un recorte drástico del gasto y a generar ingresos procedentes del comercio exterior para recuperar, con los años, el acceso a los mercados de capital. Pero debido a la necesidad de potenciar la exportación y de atraer capital exterior, de manera adicional a los recortes, «cabría esperar una devaluación masiva, una inflación galopante y una desaparición de la clase media, en un escenario similar al de la República post soviética». Javier Flores, responsable del Servicio de Estudios y Análisis de Asinver, agrega que la dificultad de las empresas catalanas para hacer frente a sus compromisos exteriores originaría la quiebra o el traslado de muchas de ellas.

Pese a que la significativa devaluación que sufriría la nueva moneda de una Cataluña independiente pudiera llevar a pensar en un impulso a las exportaciones, el resto de países podrían imponer un arancel a las importaciones catalanas de similar cuantía a la depreciación de su divisa, lo que hundiría las ventas y provocaría la huida de compañías hacia otras jurisdicciones. Flores, como la Comisión Europea, alude explícitamente a la cuestión de que al salir de la UE no podría beneficiarse de ningún acuerdo comercial.

No parece razonable pensar que el nuevo Gobierno catalán pudiera declarar su independencia y seguir siendo miembro de pleno derecho de la UE. Y dado que no serían de aplicación el Tratado de Maastricht, ni el de Lisboa, ni el de Roma, se pondría fin a la libre circulación de personas y capitales catalanes en Europa. «La independencia sería una violación clara y sin ambigüedades de la Constitución europea. Cualquier proceso de solicitud de nueva admisión implicaría años con la habitual negociación y cumplimiento de determinados requisitos, adicionalmente a la aprobación por unanimidad de los miembros», sostiene Flores.

DEVALUACIÓN

Un nuevo Banco Central de Cataluña debería emitir una moneda propia, que «podría devaluarse en torno al 75%». Y el experto de Asinver remarca que la primera consecuencia ante la previsible decisión de convertir todos los depósitos denominados en euros a la nueva divisa sería una situación de pánico entre la población, «que se precipitaría a retirar sus ahorros del sistema bancario secesionista». En aras de evitar la quiebra del mismo, el Gobierno establecería fuertes restricciones al libre movimiento de capitales. Y, por ende, Flores imagina una situación en la que los ciudadanos retirarían todo el efectivo posible para llevarlo a buen recaudo a un país próximo (Andorra, España, Francia), sorteando los previsibles controles fronterizos, al menos durante un periodo de transición, y «operando en una economía paralela en la que el euro circularía y sería cambiado en el mercado negro y aceptado en las transacciones diarias, tal y como sucedía en la Argentina del corralito».

Semur, por su parte, explica que la introducción de una nueva moneda llevaría a una espiral de salidas de capital-devaluación-inflación-devaluación-salida de capital que terminaría en hiperinflación y anularía los efectos positivos de la depreciación sobre la competitividad. Y aunque la Cataluña independiente podría adoptar el euro como moneda de curso legal, la cuestión es si estando fuera de la eurozona sería capaz de utilizarla como única divisa de curso legal o si, por el contrario, se vería obligada a introducir su propia moneda al no poder contar con los créditos en euros necesarios para satisfacer las necesidades de financiación de sus sectores público y privado.

Ante este hecho, ¿quién concedería a la Hacienda de una Cataluña independiente los préstamos en euros necesarios para hacer frente a los vencimientos de su deuda y a la financiación de su déficit público? «Evidentemente, al no ser miembro de la eurozona, el nuevo estado catalán no tendría acceso a las facilidades financieras creadas para rescatar bancos o financiar a países cuya situación les impida emitir deuda en los mercados». En definitiva, Semur considera que «la independencia de Cataluña a corto y medio plazo no es viable y que tendría efectos devastadores en la economía catalana. La verdadera razón por la que la retórica independentista no ha tenido costes apreciables todavía para Cataluña es porque, por el momento, los principales agentes económicos no están descontando que la secesión se vaya a materializar».

Ismael De La Cruz, analista de mercados financieros y miembro del Instituto Español de Analistas Técnicos y Cuantitativos, añade que la situación obligaría a subir los impuestos y que, llegados a este punto, tendría lugar la tormenta perfecta: depreciación de la moneda, hundimiento del PIB, pérdida de ventajas comerciales al estar fuera de la UE, retiradas de depósitos, fugas de empresas de Cataluña para instalarse en España y poder tener acceso al mercado europeo, subida de los precios por entrar en funcionamiento los aranceles, incremento de la carga fiscal...

Por su parte, Victoria Torre, analista de Self Bank, recuerda que como Cataluña es una de las comunidades más endeudadas, la desconexión de España supondría una revisión a la baja de su calificación crediticia y un incremento de su prima de riesgo, lo que implicaría que debería pagar más intereses por la deuda emitida, recrudeciendo aún más su ya debilitada situación. Y es que la inversión extranjera en Cataluña se redujo en casi 4.500 millones de euros tras la consulta del 9-N.

La independencia acarrearía pérdidas económicas muy voluminosas en el corto plazo, que «se atenuarían con el tiempo». Alain Cuenca, profesor de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, admite que «se tardaría varios años en recuperar el PIB previo a la ruptura, en función del modo en que se produjera la separación». Pero, a su juicio, sólo una catástrofe inimaginable podría llevar a la secesión, de modo que le resulta difícil imaginar su coste. Cuenca duda de que en un principio los inversores privados no catalanes se atrevieran a realizar inversiones privadas o públicas, de manera que «una Cataluña independiente financiaría su actividad privada con su propio ahorro y sus servicios públicos con sus propios tributos. Pero eso se normalizaría con el tiempo. El problema, nuevamente, es la transición». ¿Cuántos años durarían las dificultades? ¿Cuántos empleos, cuántas inversiones, cuántas operaciones comerciales se dejarían de hacer? «Esas son las preguntas que los que defienden que, a largo plazo, Cataluña estaría mejor que ahora no contestan», apostilla.

Varapalo bursátil

Realizar estimaciones sobre las consecuencias que podría tener la independencia de Cataluña sobre los mercados sería un ejercicio muy complicado, ya que no hay precedentes de un hecho equiparable. Pero los expertos consultados no descartan ver en un momento inicial al Ibex 35 por debajo de los 9.000 puntos y a la prima tensándose hasta el entorno de los 140 puntos.

Los efectos dependerían, en gran medida, de cómo se produjese la desconexión. De ejecutarse de una manera unilateral y desordenada, la comparación con lo sucedido en Escocia o con el Brexit quedaría coja, porque en esos casos el proceso fue legal. La prima de riesgo se dispararía por dos motivos que generarían gran inseguridad jurídica. En primer lugar, explica Torre, porque no se sabría qué proporción de la deuda española sería asumida por Cataluña. En segundo, porque España perdería un gran activo. Y es que «Cataluña es una región puntera económicamente que España necesita para garantizar su crecimiento futuro y, por lo tanto, su capacidad para devolver su deuda».

Torre revela que las empresas más afectadas en bolsa serían las que tienen su sede en Barcelona, como Caixabank, Gas Natural, Abertis, Cellnex, Sabadell o Grifols. No obstante, también se verían seriamente perjudicadas Endesa, AENA, Enagas, REE... Al fin y al cabo, son compañías sumamente dependientes de la estabilidad política del país, a diferencia de otras multinacionales, como Telefónica, Santander o Inditex, cuya cotización depende de otros muchos factores.

Sea como fuere, Torre insta a tener en cuenta que los efectos económicos irían más allá del mero impacto en el selectivo español. En el Ibex 35 cotizan empresas altamente internacionalizadas, por lo que las consecuencias reales podrían sentirse más en otro tipo de compañías que no están dentro del selectivo, o incluso que no cotizan, dado que la ubicación geográfica de Cataluña la hace convertirse en nexo con el resto de Europa y un cambio en este sentido resultaría difícilmente cuantificable.

El problema de imagen que sufriría España abonaría la incertidumbre y ahuyentaría la inversión. En un momento en el que la economía crece a ritmos superiores a los del resto de socios europeos, cualquier alarma de estas magnitudes pasaría factura y podría volver a poner en cuarentena a nuestro país.

De La Cruz vaticina que la secesión provocaría un desplome del Ibex 35, como mínimo, de entre el 12 y el 15%. Y que tanto la prima de riesgo española como la catalana volarían al alza, lo que dañaría a los bancos, que acuden al mercado interbancario para financiarse y, dependiendo del nivel de la prima de riesgo, pagan más o menos dinero. La cuestión es que si la prima de riesgo está elevada y, por tanto, a los bancos les resulta más caro financiarse, incrementarán los intereses que cobran a los clientes por conceder créditos. «Y es aquí donde viene toda la vorágine con sus consecuencias: al ser los préstamos bancarios más caros, llega menos dinero a las pymes y a las familias, con lo que gastan menos, de manera que el consumo cae con fuerza y la economía se resiente enormemente». De La Cruz recuerda que hay estudios que dictaminan que un país con una prima de riesgo de 400 puntos tendría que soportar un sobrecoste tremendo para poder financiarse, al margen de sufrir el impacto negativo de un 0,8% anual en el PIB.

Cierre de mercados

Tras una hipotética independencia, el nuevo Gobierno debería abordar con carácter urgente el acceso a la financiación internacional. Teniendo en cuenta que el paraguas protector de la eurozona desaparecería y que actualmente Cataluña ya tiene cerrado el mercado, el agravamiento de la situación resultaría drástico. De hecho, su prima de riesgo podría escalar por encima de los 1.500 puntos básicos. Al menos, según Flores, quien asegura que la primera decisión a tomar sería la de mantener dicha deuda denominada en euros, o bien reconvertirla unilateralmente a la nueva divisa, lo que equivaldría –tanto a efectos de legalidad internacional como prácticos de mercado– a llevar a cabo un impago o reestructuración unilateral de la deuda.

«Una situación que ningún estado desea en tanto que, salvo abundancia de recursos naturales, pasa a convertirse en un apestado internacional que se enfrentaría al cierre total y absoluto del mercado de capitales». Sin embargo, a Flores no le parece la decisión más probable, dado que el aumento del coste de financiación del nuevo Estado hasta lo insostenible se contagiaría también a las empresas catalanas, que deberían soportar además el coste de la deuda contraída en euros con bancos y proveedores extranjeros. «Un movimiento unilateral de este tipo cerraría no solamente la puerta a la posibilidad de recurso a la UE, sino que tampoco cabría la petición de rescate e intervención por parte del Fondo Monetario Internacional», sentencia.