La jueza del «caso BPA» pide archivar la causa contra los hermanos Cierco

La investigación en torno al supuesto blanqueo de capitales que llevó a la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA) en marzo de 2015 está a punto de concluir. La jueza instructora del caso ha decidido finalmente procesar a 24 personas implicadas en la investigación. Sin embargo, el hecho más relevante es que también ha pedido al Tribunal de Corts, instancia que deberá ordenar la apertura del juicio, que se archive la causa contra otros nueve implicados en el proceso, entre los que incluye a los hermanos Cierco.

La magistrada ha explicado en un escrito de 75 páginas que no existen pruebas suficientes para acusar a los máximos accionistas de la entidad, Higini y Ramón Cierco, de presuntas prácticas ilegales en su época al frente de BPA. La defensa de los encausados tiene ahora 15 días para hacer las alegaciones que considere oportunas y solicitar nuevas diligencias. Si no se producen cambios, la fase de instrucción en la causa central contra BPA quedaría definitivamente cerrada, casi un año y medio después de que estallara el escándalo. El Grupo Cierco ha valorado positivamente la decisión de archivar su caso, aunque advierte de que seguirá trabajando para demostrar que la entidad siempre operó conforme «a la legalidad y a la normativa vigente». En la misma línea, los que fueran accionistas mayoritarios de BPA han defendido una vez más la inocencia de todos los trabajadores del banco, incluso de aquellos que sí han sido encausados.

Con el final de la instrucción se cierra el primer capítulo dentro de todo el entramado que envuelve al banco andorrano. Los problemas de BPA comenzaron en marzo de 2015 con las sospechas de Tesoro estadounidense de que la entidad estaba canalizando fondos del crimen organizado. Tras la voz de alarma, el Gobierno andorrano decidió intervenir BPA y transferir todos su activos «buenos» al nuevo Vall Banc. Además, las autoridades financieras del principado declararon a la filial española de la entidad, Banco de Madrid, en concurso de acreedores. La demanda presentada por los hermanos Cierco contra la Agencia Estatal de Resoluciones de Entidades Bancarias (AREB) el pasado mes de mayo continúa pendiente de resolución. Los antiguos accionistas detectaron «varias vulneraciones legales y constitucionales» en el proceso de intervención, por lo que piden que se anule y se promueva una consulta ante el Tribunal Constitucional. Por último, la jueza instructora ha pedido la apertura de dos nuevas causas a raíz de las declaraciones de los hermanos Cierco en las que denunciaron haber recibido presiones y amenazas de la Policía española para que les facilitaran información bancaria de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.