Las autonomías tienen 37.557 funcionarios más que en 2007

Navarra (+17,6%) y Aragón (+14%) son las regiones que más han ampliado sus plantillas en términos porcentuales.

Adelgazar la administración ha sido una de las promesas electorales recurrentes para reducir el gasto público durante los años más duros de la crisis de casi todos los partidos, ya fuera en comicios regionales, municipales o nacionales. Pero la realidad es que el componente más oneroso de las corporaciones públicas, el humano, no ha menguado, aunque sí lo hayan hecho sus sueldos. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en junio había 2.522.819 trabajadores al servicio de las administraciones públicas, 10.000 más que en 2007, el año previo al inicio de la recesión. Cierto es que no todas han obrado del mismo modo. Mientras que la Administración General del Estado ha recortado sus empleados en 28.892 y las corporaciones locales lo han hecho en 54.176, el personal de las comunidades autónomas se ha incrementado en 37.557 personas durante el periodo pese a las dificultades económicas por las que han atravesado estas corporaciones.

En porcentaje, la que más ha incrementado su plantilla ha sido Navarra, un 17,6%. A pesar del difícil entorno, la Comunidad Foral ha sido de las pocas que no han recurrido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), articulado por el Gobierno central para ayudar a las autonomías con problemas de solvencia. Le ha seguido Aragón, con un 14%. El podio lo completa una de las autonomías que más apuros económicos ha pasado durante la crisis y sigue pasando todavía, Cataluña. Su administración autonómica contaba en junio con 166.088 trabajadores, frente a los 147.793 de 2007, lo que representa un incremento del plantilla del 12,3% y 18.295 empleados más en términos absolutos. Al contrario que Navarra, la región gobernada por el nacionalismo de corte independentista ha sobrevivido a los peores años de la crisis gracias a la ayuda del Estado. Sin capacidad para financiarse de forma autónoma en los mercados, ha logrado la liquidez necesaria para mantener en funcionamiento sus servicios públicos gracias al FLA. Desde 2012, la Generalitat ha pedido prestados al FLA 41.816 millones de euros. De esta cantidad, 5.132 millones corresponden a 2016. De cara al año próximo, prevé solicitar otros 7.392 millones, según las necesidades de financiación recogidas en una presentación para inversores.

En las dos campañas electorales previas al nombramiento de Rajoy como presidente del Gobierno, el papel de las diputaciones provinciales ha sido objeto de intenso debate. Partidos como Ciudadanos abogaron por su eliminación, mientras que otros como el PP defendieron su utilidad por su proximidad a los ciudadanos en aquellas provincias con mayor dispersión de la población. De momento, las diputaciones siguen en pie, aunque su personal ha mermado un 25%. Mientras que a principios de 2007 las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares contaban con un total de 80.425 empleados, a mediados de año esta plantilla había menguado hasta los 60.863 efectivos.

La plantilla al servicio de las administraciones públicas españolas representa aproximadamente el 14% de los 18,5 millones de ocupados registrados en la última Encuesta de Población Activa (EPA). Según Eurostat, estaría en la media de países del entorno europeo de similar peso económico como Alemania (13%), Italia (11%), Reino Unido (16%) o Francia (16%). Lejos quedan los países nórdicos, cuyas plantillas de empleados públicos rondan el 25%.