Montoro culpa a las comunidades de incumplir el déficit y anuncia sanciones

►La desviación en un punto, hasta el 5,16% del PIB, supone más de 10.000 millones de euros ►Montoro avisa de que echará mano de la conocida como "regla de gasto"para que las comunidades no aumenten sus gastos

El Gobierno ya sabía desde hace meses que España incumpliría el objetivo de déficit público pactado con la Comisión Europea (CE),principalmente por ser 2015 un año electoral (autonómicas y generales), pero el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se quedó cortó cuando en febrero auguró que el desvío sería del 4,5% del PIB. La «brecha» entre esa previsión y el cierre presupuestario del 5,16% –un 5,24% con los 853 millones de euros del rescate bancario– presentado ayer por el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, es de más de 7.300 millones, siete décimas. El dato, que representa un exceso de gasto de 55.755 millones por encima de los ingresos, desbordó todas las previsiones, incluso las del propio Ejecutivo y las de las autoridades europeas.

De hecho, el límite negociado con Bruselas era del 4,2% del PIB, y el punto de diferencia representa un «agujero» de más de 10.400 millones de euros que Montoro achacó a las comunidades autónomas y, en menor medida, a la Seguridad Social. «Nos hemos desviado del objetivo de déficit, tenemos una causa y tenemos que encontrar los responsables de esa desviación», dijo el ministro, que explicó que la cifra incluye «gastos recurrentes» por valor de 3.431 millones (1.090 millones para combatir la hepatitis C).

Las autonomías cerraron con un desvío del 1,66% (17.962 millones), casi un punto –más de 10.000 millones– por encima del límite del 0,7%, mientras que la Seguridad Social se desvió hasta el 1,26% (13.592 millones). Entre ambas «patas» del Estado acumularon un desequilibrio del 2,92% del PIB, o 31.554 millones.

Antes de anunciar las cifras de déficit, el Gobierno reunió a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, presidida por el propio Rajoy, para acordar una serie de medidas que contribuyan a la corrección de la desviación autonómica. Montoro dijo que se aplicará la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la regla de gasto, que impide que éste aumente más que el crecimiento potencial de la economía (un 1,8% para este año).

En resumen, el Gobierno prevé aplicar, si logra mantenerse en el poder, las medidas coercitivas de la Ley de Estabilidad por primera vez en las regiones. El conjunto de las autonomías no ha cumplido sus objetivos en toda la legislatura, pero Montoro nunca actuó con toda la severidad que la legalidad aprobada por el propio Ejecutivo le permitía. «No se pide la congelación de los gastos, sino que haya un techo de gasto», dijo. En el caso de la Seguridad Social, Montoro explicó que el agujero se debe a la «voluntad política» de no congelar ni recortar las pensiones.

Las corporaciones locales, que en los últimos años permitieron al Gobierno acercarse –que no cumplir– a los objetivos de déficit pactados con Bruselas, redujeron su superávit hasta los 4.765 millones de euros, una cifra insuficiente para compensar los desvíos regionales y de la Seguridad Social. La Administración central, por su parte, situó su desvío en los 28.966 millones, un 2,68% del PIB, dos décimas menos que el objetivo del 2,9%, un cifra que no incluye los 853 millones que el Ejecutivo inyectó en el sector financiero.

Respecto al motivo por el que el Gobierno defendió reiteradamente que este año se cumplirían los objetivos de déficit, que finalmente no se ha producido, Montoro quiso recalcar que «ocultación no ha habido en absoluto», pero que el cálculo del desequilbrio total es «complicado», dada la multiplicidad de organismos y la descentralización del Estado español.

En el último informe remitido en 2015 a la CE, en octubre, Hacienda calculó que el desequilibrio de las Administraciones Públicas de España sería de algo más de 47.600 millones de euros, cifra 8.100 millones inferior a la del cierre presupuestario conocido ayer. De esa «brecha», casi 7.000 millones corresponden a las autonomías.