Moncloa aplaza otra vez los Presupuestos a la espera del PNV

Prorrogará las cuentas de 2017 si no logra los apoyos por culpa de la crisis catalana.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se han complicado en los últimos días a raíz de la escalada de tensión en Cataluña, a cuenta del referéndum ilegal del 1 de octubre que planea la Generalitat. El condicionamiento del apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) a la actuación de Mariano Rajoy en Cataluña ha dejado al Gobierno sin los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas, al menos de momento. Por este motivo, el ministro de Hacienda avanzó ayer un nuevo retraso en la presentación de los Presupuestos, el segundo en poco más de una semana.

«No tenemos seguridad en los apoyos». Así lo aseguró en los pasillos del Senado Cristóbal Montoro, que insistió en que el Gobierno sigue «trabajando en las negociaciones para conseguir esos apoyos y confiando en que los Presupuestos estén definitivamente aprobados a comienzo de 2018». En un primer momento, el Ejecutivo señaló el 22 de septiembre como la fecha de aprobación de las cuentas en Consejo de Ministros, para presentarlas hoy en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, pasado el día 22 sin ninguna novedad, el próximo viernes 29 aparecía marcado en rojo en el calendario como fecha límite para que el Gobierno diese luz verde a las cuentas, cosa que no sucederá. «El viernes no llevaremos el proyecto de ley de Presupuestos al Consejo de Ministros», dijo ayer Montoro.

El problema es que el 31 de octubre es, en teoría, el último día para iniciar la tramitación de las cuentas. Según el artículo 134 de la Constitución Española, «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Se trata de dar a las Cortes el tiempo necesario para tramitar las cuentas, que deben pasar por el Congreso, ir al Senado y, eventualmente, regresar al Congreso si hay cambios en la Cámara Alta. No obstante, la Constitución también establece que hay de plazo hasta el final del año para aprobar los Presupuestos antes de prorrogar los del año anterior.

Esto supone que aunque el calendario está muy apretado, aún habría tiempo de que los Presupuestos de 2018 estuviesen en vigor el 1 de enero si se aceleran los trámites parlamentarios. «Cabe perfectamente una tramitación que haga que el nuevo proyecto de Presupuestos de 2018 entre en vigor incluso en enero de 2018», dijo el ministro. Aunque las negociaciones con el PNV están estancadas en estos momentos, a partir del próximo 1 de octubre la situación podría cambiar en función de cómo se resuelva el desafío independentista. Aunque Montoro rehusó dar fechas concretas, las cuentas podrían ser aprobadas por el Gobierno el 6 de octubre, dando todavía tiempo a que entrasen en vigor el próximo 1 de enero. De ser así, no sería necesaria la prórroga de los Presupuestos de 2017. En cualquier caso, esta prórroga sería automática si al entrar el nuevo año no se hubiese logrado la autorización de las Cortes a los Presupuestos de 2018.

El Gobierno sacó adelante los Presupuestos de 2017 con el apoyo de Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Sin embargo, la situación en Cataluña está dificultado las negociaciones con el PNV, imposibilitando cualquier posibilidad de sacar las cuentas adelante. La única opción, además de volver a conseguir el apoyo del PNV, sería una hipotética abstención del PSOE, tal y como le pide Ciudadanos. «Ante la posición del PNV que vincula Cataluña con los Presupuestos Generales del Estado, pedimos al PSOE que se abstenga», dijo Albert Rivera el lunes, que pidió al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que haga «el mismo esfuerzo» que hizo Ciudadanos cuando apoyó las cuentas de Asturias, Andalucía o Extremadura.

Por su parte, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, se mostró ayer «optimista y convencido» de que los Presupuestos de 2018 verán la luz, y permitirán salir a España del brazo correctivo de Bruselas por el procedimiento de déficit excesivo.