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UGT pagaba sedes y empleados con el dinero de los cursos de formación
La UCO de la Guardia Civil detiene al ex secretario del sindicato en Asturias y a otros dirigentes
Detenido el ex secretario general junto a otras cinco personas por engordar facturas de los cursos de formación
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga a la Unión General de Trabajadores (UGT) de Asturias por el desvió de dinero destinado a los cursos de formación para el pago de salarios de empleados y sedes del sindicato, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Durante la mañana de ayer, fueron detenidos el que fuera secretario general de dicho sindicato de 2000 a 2016, Justo Rodríguez Braga; tres miembros de su ejecutiva y dos trabajadores del entorno de la entidad.
La operación podría haber tenido más amplitud, pero el sindicato conocía, porque se trata de una investigación que lleva en marcha algún tiempo, a raíz de la denuncia de una persona que trabajó en UGT, que en algún momento se iba a producir la intervención por orden de la autoridad judicial. Por ello, según las citadas fuentes, los actuales responsables adoptaron las medidas precisas para minimizar los daños de imagen que pudiera sufrir el sindicato.
El «modus operandi» consistía en justificar determinadas cantidades mediante facturas engordadas respecto a los alquileres de locales, materiales empleaados, etcétera. INFASTUR (Iniciativas para la Formación en Asturias) era utilizada para facturar a IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales, que era la que recibía las subvenciones) y poder justificar algunos gastos. Las tres entidades, UGT, IFES e INFASTUR están en el mismo edificio.
Los registros y detenciones se llevaron a cabo por orden del Juzgado número 4 de la capital asturiana, que investiga tanto a IFES como a INFASTUR. Las pesquisas se iniciaron a finales de 2014 a raíz de las revelaciones de un ex trabajador de UGT-Asturias, lo que llevó a la Fiscalía a denunciar en diciembre de 2015 al sindicato por presunto fraude en las subvenciones. Del caso se hizo cargo la jueza María Llaneza.
Además de Rodríguez Braga, que fue detenido en su domicilio de Gijón, la Guardia Civil procedió al arresto de los dos últimos responsables de Formación en sus ejecutivas, Daniel Rodríguez y Manuel Díaz Cancio, así como la ex responsable de Comunicación y ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carmen Caballero. La relación se completa con un trabajador del departamento de contabilidad y nóminas, Alberto G. C., y una empleada del Instituto de Formación y Estudios Sociales, Silvia S. F..
En principio, todas estas personas iban a pasar la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo y hoy serán puestos a disposición judicial. Agentes de la UCO registraron durante más de siete horas los despachos de la sede regional de UGT, del IFES e INFASTUR que se encuentran en el mismo edificio.
Su actuación, pese a ser ordenada por la juez competente en el caso, fue calificada de «espectáculo innecesario» por el actual secretario general del sindicato, Javier Fernández Lanero, que, arropado por su ejecutiva y cargos del sindicato, ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que todos «los cursos están impartidos y justificados en base a las indicaciones que había en los pliegues de las convocatorias».
«Llevamos más de un año de investigación por los cursos de formación y no era necesario este despliegue de medios porque estamos desde mayo a disposición de la Justicia, que queremos que actúe rápido», subrayó Lanero, que considera que la operación de la Guardia Civil ordenada por la juez ha provocado un «daño irreparable» a UGT y a los trabajadores.
16 años al frente del sindicato
Justo Rodríguez Braga fue secretario general de UGT de Asturias desde enero de 2000 a mayo del año pasado, cuando Javier Fernández Lanero tomó el mando del sindicato. Anteriormente había sido secretario comarcal de UGT de Gijón y trabajador de la compañía siderúrgica Ensidesa. En las elecciones pasadas, Braga optó por no presentarse, retirándose de la primera línea del sindicato. Le sucedió en el cargo Fernández Lanero, que ayer lamentaba el «daño irreparable» que tendrá sobre la imagen del sindicato el registro de la Guardia Civil.
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