UGT exige a la Seguridad Social que investigue el «fraude» de Fernández Villa

El sindicato suspendió de militancia al histórico minero tras el escándalo de la «amnistía fiscal» en 2014. El SOMA-UGT tiene interpuesta una demanda y exige a su ex secretario hasta 400.000 euros

El histórico sindicalista José Ángel Fernández Villa vuelve a estar en el ojo del huracán tras el escándalo levantado en 2014 al declarar 1,4 millones de euros en la «amnistía fiscal» procedente de una supuesta herencia. En esta ocasión, el que fuera referente del sector minero asturiano a finales de los 90, está en tela de juicio por el supuesto cobro irregular de su pensión de incapacidad, que asciende a 2.500 euros mensuales, al considerar que el accidente desencadenante pudo no haber ocurrido. Según los documentos publicados esta semana por «Interviú», existen hasta tres versiones distintas de lo ocurrido y una declaración anónima que reconoce la falsedad del siniestro y lo circunscribe a una hernia discal de la que fue operado.

Los hechos se remontan a 1995, cuando el jefe de personal del Pozo Candín –unidad productiva integrada en la empresa pública Hunosa– elabora un primer parte en el que señala que Villa sufrió una recaída por un accidente anterior en la fiesta minera de Rodiezmo, cuando se le cayó encima una caja de sidra. El segundo borrador elimina la referencia al festejo y señala que el ex secretario del SOMA-UGT tuvo dicha recaída al levantar una «mamposta» y hacerse daño en la espalda. La versión oficial con la que finalmente se cursó la baja señala que Fernández Villa resbaló por una escalera y cayó lesionándose la columna.

De ser ciertos los indicios, el que fuera líder sindical en Asturias y brazo derecho del PSOE en la región habría estado cobrando de forma ilícita una pensión mensual de 2.500 euros durante aproximadamente veinte años. Las reacciones a esta información han sido unánimes: tanto la federación central de UGT como sus antiguos compañeros del SOMA-UGT y la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) exigen a la Seguridad Social que se investigue a fondo el asunto. Desde el sindicato apuntan que ya se suspendió a Fernández Villa de militancia tras el escándalo de la «amnistía fiscal». Por parte del SOMA, no dudan en señalar que son «los primeros interesados» en que se aclaren estas acusaciones de fraude y desvinculan a la organización de cualquier tipo de responsabilidad. «Hemos tenido conocimiento de los hechos a través de los medios», ha explicado José Luis Fernández, actual secretario general del organismo, a LA RAZÓN. En la misma línea, el responsable del SOMA recuerda que su organización tiene un procedimiento judicial abierto desde 2014 contra Fernández Villa y Pedro Castillejo, ex secretario del Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide) por delitos de apropiación indebida y menoscabo del patrimonio sindical. Les exigen 400.000 euros a Fernández Villa y 100.000 a Castillejo.

Desde la FICA –federación regional que incluye al SOMA– piden que la Justicia actúe «consecuentemente y con contundencia». También desvinculan al sindicato de lo que califican como indicios de «malversación y corruptela», al señalar que es la primera noticia que tienen sobre el asunto y recordar que se trata de un uso indebido de las siglas de UGT «en beneficio propio». El Ministerio de Empleo guarda silencio y de momento no ha confirmado si iniciará una investigación.

Posibles sanciones por el fraude

Si se inicia una investigación, Fernández Villa podría enfrentarse a una sanción por la vía administrativa que se sumaría a la devolución de la pensión percibida durante veinte años. Además, la Fiscalía podría reclamar responsabilidades penales al tratarse de un fraude, según apuntan fuentes judiciales consultadas por este diario. El montante que podría haber percibido Fernández Villa de forma irregular se aproximaría a 700.000 euros en el periodo referido.