UGT y CC OO aplican un ERE a 1.200 empleados

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) siempre se han jactado de ser los defensores de los trabajadores.

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) siempre se han jactado de ser los defensores de los trabajadores y, según sostienen, por ello han criticado y critican tan insistentemente la reforma laboral del actual Ejecutivo, hasta el punto de convocar una huelga general contra el texto.

Sin embargo, del dicho al hecho hay un trecho y, desde la llegada del popular Mariano Rajoy al Gobierno, los sindicatos capitaneados por Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo han presentado Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) –tanto temporales como extintivos– que han afectado a más de 1.200 personas. En algunos casos, como en el ERE del «programa Orienta» de la UGT Andalucía, incluso han optado por pagar indemnizaciones de veinte días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades, tal y como permite la nueva legislación.

En concreto, UGT ha aprobado ERE en Galicia (31 personas), Cantabria (diez), Navarra (19), Comunidad Valenciana (32), Andalucía (187) y Madrid (36), que han supuesto el despido de 314 personas, y recientemente ha planteado uno en Aragón y otro en la Comunidad Valenciana, que afectarán hasta a 45 y 35 empleados, respectivamente.

Asimismo, el sindicato vinculado al PSOE ha sometido a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a 265 trabajadores de su sección de Cataluña, a 57 de la de Andalucía y a 130 de la de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, CC OO ha finiquitado los contratos de 168 miembros de su plantilla en Galicia (24), Cantabria (25), Castilla y León (20), Extremadura (50), Andalucía (20) y Canarias (29). Al mismo tiempo, ha puesto en marcha un ERTE para 123 trabajadores en Aragón y otro en Castilla y León para unas 90 personas.

En paralelo, ambas organizaciones han seguido atacando abiertamente los ERE impulsados por otras empresas y, en no pocas ocasiones, han hecho de la inflexibilidad su bandera. Sin embargo, han seguido lucrándose de cada uno de estos procesos de regulación laboral, ya que cualquier compañía que se embarca en un ERE paga por los servicios de asesoría de algún sindicato una cantidad que varía entre los 100 y los 400 euros. Además, las centrales cobran también a cada afectado por este proceso entre un 10% y un 15% de la cantidad que obtiene como indemnización por encima de los 20 días por año trabajado. De esta forma, las asesorías jurídicas sindicales se embolsan entre 100.000 y 300.000 euros por un ERE tipo, lo que supone unos 80 millones de euros de media anual por estos conceptos, de acuerdo con las estimaciones de varios bufetes de abogados.