Una multa que vale 3.926 pensiones

La falta de apoyos a la liberalización en los puertos acerca a España a una sanción de Europa de 134.000 euros al día. La sentencia podría llegar en la segunda mitad del año.

La negativa del Congreso de los Diputados a convalidar el real decreto ley de reforma del sector de la estiba deja a España en una complicada situación de cara a la Unión Europea. La presión de Bruselas para liberalizar la carga y descarga en los puertos españoles choca con las intenciones del Parlamento, donde la izquierda se ha posicionado del lado de los estibadores, tumbando cualquier posibilidad de acuerdo. En consecuencia, cada día parece más evidente que la Justicia Europea volverá a sancionar a España por no reformar la estiba.

Nuestro país cuenta ha sido multado ya por Europa con algo más de 21 millones de euros por este motivo. Mientras que algunas fuentes creen que España podría librarse de esta multa si hace los deberes, otras fuentes consideran que este castigo es innegociable y que llegará en algún momento. Así, lo único que faltaría por saber es cuando el tribunal de Justicia de la Unión Europea va a dictar una nueva condena sobre España.

En este caso, la sanción ascendería a 134.000 euros diarios desde el momento de la publicación de esa segunda sentencia, que irían aumentando hasta que el Gobierno lograse aprobar la reforma del sector. Algo que, por el momento, parece complicado. «La única propuesta era la de dar un palo al Gobierno pagado por el bolsillo de todos los ciudadanos», se quejó ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Un «palo» que ascenderá, además de los 21 millones iniciales, a otro millón de euros semanal aproximadamente. Al año, unos 49 millones de euros. Con ese dinero de las arcas públicas podrían financiarse las pensiones de jubilación de 3.926 personas o la prestación por desempleo de 5.061 parados.

Ayer, el Ejecutivo comunitario, no realizó nuevas declaraciones después de que el Congreso español tumbara el real decreto ley elaborado por el gobierno. La prueba de fuego llegará con la segunda sentencia sobre este tema del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que podría llegar en la segunda mitad del año. Aunque se espera que este segundo dictamen vaya en la misma dirección del primero y ratifique la obligatoriedad de modificar las normas en el sector, el alto Tribunal europeo también tiene en su mano cancelar la multa. El matiz puede llegar con la cuantía de la sanción, que podría ser incrementada pero también disminuida.

El primer fallo del Tribunal de Justicia, el máximo órgano en la interpretación de las leyes europeas, se produjo el 11 de diciembre de 2014. En él, consideraba que nuestro país debía cambiar su legislación para permitir que las empresas de estiba puedan acudir al mercado para contratar a su propio personal. El ejecutivo incumplió esta sentencia y, por ello, la Comisión Europea decidió llevar a nuestro país por segunda vez ante el tribunal el 13 de julio de 2016.

El pasado 8 de marzo, la comisaria de Transportes de visita en España, Violeta Bulc, advirtió a las autoridades españolas de que la sanción podría crecer cada día que pasa sin hacer las correspondientes modificaciones y advirtió de que la paciencia del ejecutivo europeo se estaba agotando. «Hemos estado esperando mucho tiempo a ver si se tomaban decisiones. Hemos congelado la multa para ver si España puede estar a la altura», dijo Bulc.