Un nuevo caso de corrupción estalla a Susana Díaz a 72 horas de las elecciones

La Fiscalía propone que se encause a cinco ex directivos por una subvención de 40 millones.

La noticia judicial de la campaña electoral –al menos por el momento– no ha venido a través de la jueza Mercedes Alaya. El «caso de los ERE» o el de los cursos de formación siguen su trámite al margen de los comicios. El que estalló ayer es uno menos conocido pero que afecta a la Junta de Andalucía porque pone en entredicho la gestión de los fondos europeos por parte de la Administración regional, una de sus fuentes de financiación más importantes en los últimos años. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado que se impute a 21 personas, entre ellas cinco ex directivos de la Consejería de Agricultura de la Junta –dos directores generales entre ellos– por su presunta implicación en el fraude cometido durante las obras de modernización de los regadíos de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir. El presupuesto del proyecto ascendía a 60 millones de euros y contaba con una subvención de 40 millones concedida en 2004 por la Junta y cofinanciada por la Unión Europea.

Los cargos de la Administración andaluza señalados por el Ministerio Público son los ex directores generales de regadíos entre 2001 y 2008, Francisco Ruiz Orta y Tomás Martínez Jiménez, así como Carlos Javier Rodríguez Pérez, jefe de departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales; Manuel Antonio Cruz-Guzmán, jefe de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales; y Julián Martín Jorreto, jefe de servicio de Promoción Rural. La Fiscalía también reclama al juez Juan Gutiérrez Casilla –el mismo que lleva el «caso Invercaria»– que impute a un técnico de la Consejería de Agricultura, a ocho miembros de la mesa de contratación de la Comunidad de Regantes de la época y a siete representantes de las empresas que intervinieron en el concurso de la obra y que recibieron parte del dinero presuntamente desviado.

Desde el 4 de junio de 2012, este periódico ha ido desglosando las irregularidades denunciadas por la actual dirección de los comuneros, que ha investigado la Guardia Civil y que han motivado el informe y la petición de imputaciones por parte de la Fiscalía de Sevilla, documento que se esperaba desde hace dos semanas. Entre ellas, se pone el acento en la adjudicación irregular de las obras. En un primer momento, resultó ganadora del concurso una UTE formada por Teconsa, Elecnor, Meci y Tegner, decisión que se revocó y por lo que les pagaron 285.480 euros sin justificar. Al final, y tras supuestas presiones de la Junta, se hizo con ellas Befesa-Alpi, que acabó subcontratando a las primeras. La Junta ha llegado a pagar certificaciones de obras sin ejecutar.