El «apagón» de Cataluña tras la secesión

El día después de declarar la independencia habría un nuevo país aislado de Europa y con serias dificultades en el plano económico: una deuda pública del 110-120 % y el aumento del coste de las exportaciones en un 20%.

27 de septiembre. Ésa es la fecha planteada por Artur Mas como el inicio de una Cataluña independiente en caso de que los soberanistas consigan la mitad más uno de los parlamentarios de la Generalitat en unos comicios autonómicos que más bien plantean como un referéndum sobre la conveniencia o no de seguir formando parte de España. Pero, ¿cómo sería la Cataluña del día después? ¿Qué ocurrirá el día 28? Aunque Mas y su socio de fatigas Oriol Junqueras se dieron un plazo máximo de 18 meses a partir del 27-S para declarar la independencia en caso de lograr la mayoría, las consecuencias se podrían empezar a percibir casi de manera inmediata. Ésta sería la otra cara del «procés».

Fuera de la Unión Europea

La primera y posiblemente más importante: Cataluña quedaría fuera del espacio común europeo. En caso de que el hipotético nuevo Estado quisiese formar parte de nuevo de la Unión, tendría que solicitar la entrada de nuevo y ésta debería ser aprobada por los 28 Estados miembro. Algo que se antoja complicado en el caso de que Mas apostase por una ruptura unilateral con la que se quebrantaría la Carta Magna. El nuevo país podría optar por seguir usando el euro pero no tendría ningún tipo de influencia sobre su tipo de cambio ni sobre los tipos de interés. El BCE también dejaría a su libre albedrío a una Cataluña independiente, por lo que los catalanes no contarían con esa red de salvaguardia en casos de escasez de liquidez.

El final de la libertad de circulación

Se cortarían de facto las cuatro libertades más celebradas por el proyecto europeo: la libertad de circulación de personas, de mercancías, de servicios y capitales. Esto haría que volviese el efecto frontera, con los perjuicios económicos que eso conlleva.

Desplome del número de exportaciones

Una salida de la UE implicaría que las exportaciones de empresas catalanas pasarían a estar gravadas por la Tarifa Exterior Común (TEC). También habría nuevos –viejos– costes que generarían las transacciones económicas –trámites administrativos, paradas de inspección, seguros, posibles pérdidas por variaciones en la tasa de cambio en caso de que no se siguiese usando como divisa el euro, etc.–. Estas trabas harían que se incrementase el precio de las exportaciones en un 13%, según cálculos de la OCDE, que sumados al TEC, reflejarían que el importe de los traspasos subiría aproximadamente un 20%. Esto inevitablemente haría que las exportaciones catalanes menguasen al ser mucho menos competitivas.

Caída de las ventas al resto de España

Y aunque el mercado exterior es relevante, no lo es menos el interno. Actualmente, un tercio de los ingresos de empresas radicadas en la región proviene del resto de España, según un informe presentado por Conciencia Cívica Catalana el pasado jueves. Es decir, Cataluña sufre de una gran dependencia del consumo nacional. Tanto es así que algunas pequeñas comunidades autónomas como Cantabria o La Rioja tienen un mayor peso para el tejido empresarial catalán que grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Japón o Alemania. Parece complicado que esta tendencia pudiera revertirse en el medio plazo dado el bajo grado de penetración en el exterior de las España. Establecer barreras entre éstas y su principal cliente supondría importantes pérdidas. Y todo ello sin contar con un más que posible boicot a los productos catalanes. La combinación de estos efectos supondría un descenso de alrededor de un 50% de las ventas al resto de España, lo que puesto en perspectiva equivaldría a una caída del 10% del PIB catalán.

Fuga de las inversiones extranjeras

La incertidumbre sobre la ruta propuesta por los integrantes de la lista unitaria hace que la confianza de los inversores extranjeros se reduzca notablemente. Esto se traduciría, por ende, en un importante ejercicio de desinversión por parte de grandes compañías. Muchas de las multinacionales afincadas en Cataluña trasladarían su actividad fuera como consecuencia de la exclusión del mercado europeo. En la actualidad, las agencias de calificación ya adjudican a Cataluña, como a otras muchas comunidades españolas, el cuestionable honor de tener un «bono basura».

Inestabilidad de la deuda

La deuda de Cataluña está cercana a los 65.000 millones de euros. Se trata de la comunidad más endeudada en términos absolutos y prácticamente triplica a Madrid. El nuevo país nacería con un nivel de deuda pública próxima al 110-120%. La asunción de nuevas competencias (Defensa, Exteriores, etc.) sumado a los gastos financieros que provendrían de hacer frente a la enorme deuda multiplicarían el déficit público. Ya fuera de la UE, y sin acceso a las líneas de crédito como el MEDE, se aumentaría enormemente el hecho de conseguir financiación externa. Esto podría hacer que se restringiese el crédito para empresas y familias.