El juez que interrogará a Mas: «El 9-N se actuó de forma anárquica»

El presidente de la Generalitat declarará como imputado el 15 de octubre. El TSJC le imputa por desobediencia, malversación y prevaricación, delitos castigados hasta con 15 años de inhabilitación

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Josep Manuel Abril, ante el que declarará Artur Mas el próximo 15 de octubre por el 9-N, escuchó pacientemente el pasado 30 de julio las explicaciones de Josepa Bosch, una de las directoras de instituto que cedieron sus centros para las votaciones. Escuchó cómo las instrucciones por escrito que reclamaron algunos responsables de las instalaciones a la Generalitat para liberarse de responsabilidad en la cesión de los centros educativos «no llegaron nunca». Y también las confusas directrices sobre la entrega de las llaves a unos voluntarios que ni siquiera se identificaban para recogerlas y hacerse cargo de los institutos durante la jornada de votación. Finalmente, el magistrado interrumpió a la testigo para mostrar su extrañeza por la actuación de la Generalitat en la cesión de los centros para la consulta. «Unos son sede, otros deciden dar las llaves, otros deciden no darlas... Parece que la manera de actuar fue un poco anárquica», aseguró sorprendido el instructor en un momento del interrogatorio.

Bosch, directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona, contó al juez que los voluntarios a los que debían entregar las llaves «no eran de Educación, no sé de dónde eran». Y confirmó lo que ya habían declarado dos inspectores que también comparecieron como testigos ante el magistrado. «Yo nunca recibí instrucciones por escrito» (de que facilitaran las llaves de los centros a los voluntarios, en cuyas manos dejó la organización de la consulta soberanista la Generalitat tras la suspensión de la misma por el Tribunal Constitucional). «Podíamos abrir nosotros el centro y gestionarlo o dejarlo en manos de los voluntarios si no nos hacíamos cargo de las sedes», ratificó. «Había mucha gente en el instituto (el 9-N), alrededor de 60, no sé de dónde eran», recordó la responsable del centro.

Lo que también confirmó la directora fue que «lo que sí teníamos oralmente era unas instrucciones de que el domingo a las ocho de la mañana (el instituto) tenía que estar abierto y en perfecto estado de funcionamiento». Esa instrucciones se las dio, explicó, la directora territorial de Barcelona y comarcas de la Consejería de Educación, Montserrat Llobet, quien posteriormente negó este hecho al magistrado. «Yo no le puedo negar a la Generalitat, que es la propiedad, unas llaves», se justificó Bosch, que cedió el centro para que se convirtiera en pseudocolegio electoral pese a a que la orden por escrito que reclamó nunca llegó.

«No recibí ninguna orden»

«No es que pudiéramos decidir si teníamos que abrir o no –insistió–, eran sedes y teníamos que abrir. Lo que podíamos decidir era si abríamos con nuestros profesores o no». No obstante, afirmó que no se sintió «presionada» para entregar las llaves.

En su comparecencia, la directora territorial que reunió a los responsables de instituto el 16 de octubre del pasado año para explicarles cómo debían actuar el 9-N negó que diera instrucción alguna. «No recibí ninguna orden en ese sentido», recalcó. «No teníamos criterios ni pautas», añadió intentando dejar a salvo la actuación de la Generalitat. «¿Fue su propia iniciativa convocar a los directores?», le preguntó insistente el fiscal, a quien finalmente reconoció que tras recibir varias llamadas de directores le consultó «qué hacíamos» a su superior jerárquico, la Secretaría de Educación del Gobierno autonómico, «y si le parecía bien que hiciésemos una reunión».

«Para eso les ponen un vídeo»

Dos días antes de la reunión, Mas había comparecido en televisión para anunciar que la consulta seguía adelante y que las votaciones se llevarían a cabo en los institutos, pero como Llobet insistía en que en la reunión no dio instrucciones a los directores y se limitó a explicarles que podían ser sede, el fiscal le espetó: «Pues para eso les ponen ustedes un vídeo y se lo escuchan... Eso ya lo sabían por las manifestaciones del presidente».

También se extrañó de que, después de que el Tribunal Constitucional suspendiese la consulta alternativa el 5 de noviembre, no convocase otra reunión con los directores. «No le dio usted la menor importancia a esa circunstancia», le reprochó. «No, es que no... No lo hice», contestó la testigo. El fiscal le preguntó entonces cómo se identificaban los voluntarios a los que había que entregar las llaves. «¿Con un carnet, con un certificado?». «No lo recuerdo», contestó. «¿Daban las llaves al primero que pasaba por ahí? Eso es lo que parece, señora, discúlpeme...», volvió a la carga el fiscal. «¿Cómo sabían a quién tenían que dárselas? Si me presentó ahí con una cara agradable, ¿las pido y me las dan?», volvió a preguntarle. «Yo sé que era a los voluntarios, a los que se identificaban como voluntarios...». «¿Cómo?», insistió el fiscal. «Siempre a través de la página web...», respondió ella.

La citación de Mas por el 9-N se produce el propio Mas después de que –tras más de ocho meses de instrucción– el president en funciones se queja desde hace unos días, a través de sus abogados, de que el juez no le hubiese llamado aún a declarar para dar su versión de los hechos. En un escrito remitido al TSJC el pasado 16 de septiembre (en el que las defensas se oponían a la comparecencia de Dolores Agenjo, ex directora de un instituto que se negó a entregar las llaves del centro para las votaciones del 9-N) los abogados de Mas, Ortega y Rigau, iban más allá y recordaban al instructor que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece «la declaración de los procesados en primer lugar, antes que la declaración de los testigos». «Parece lógico –añadían los letrados– determinar que el orden natural de la práctica de las diligencias de instrucción sea iniciar las actuaciones con la toma de declaración de los querellados, pues es el medio para hacer valer el derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías».

El inspector en CAP: «Aquí no había ninguna obligación»

El inspector en cap de Educación Francesc Güell, salió en defensa de la Generalitat y desautorizó a sus dos subordinados, Rafael Alsina y Jesús Rul, que alertaron a los directores bajo de que debían exigir por escrito la orden de ceder los centros. «Entre las funciones del inspector no está la de resolver esta cuestión», afirmó al juez, tras insistir en que su actuación estaba «fuera de lugar» porque «no formaba parte de sus competencias». Y negó que hubiese presiones a los directores: «Aquí no había ninguna obligación por parte de nadie».