Del «cierre» del CGPJ a otra reforma penal

PP: Plan de estrategia nacional

El Partido Popular aboga por una línea continuista de la labor desarrollada en esta legislatura y profundizar en las reformas ya emprendidas, con el objetivo de asegurar una «Justicia ágil, cercana, independiente». Se trata de lograr una Justicia «por y para las personas». Los populares proponen una Estrategia Nacional de Justicia, que la refuerce como uno de los pilares del Estado y, para ello, consideran imprescindible lograr un acuerdo no sólo entre los distintos profesionales de la Justicia, sino también entre las fuerzas políticas, «utilizando el diálogo como pieza clave, como se ha hecho hasta ahora».

Lograr una Justicia más ágil es uno de los objetivos centrales del programa del PP en esta materia, y para lograrlo propone, como una de las medidas más novedosas, la atención directa y continua a los profesionales y ciudadanos, lo que define como «Justicia 24 horas». En esta línea, el PP pretende aprobar un Código Procesal Penal (que sustituirá a la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que agilice los tiempos de la Justicia y se potenciará la labor del Ministerio Fiscal en el proceso.

En relación con el Consejo General del Poder Judicial, buscará un acuerdo con el resto de fuerzas políticas para reforzar su labor como órgano de gobierno de los jueces y magistrados y buscar «criterios objetivos para la elección de sus miembros».

PSOE: Reforma del código penal y de la fiscalía

El diagnóstico del PSOE es contundente: el sistema judicial está en crisis y adolece de un modelo «desfasado y costoso» que se traduce en una Justicia «de distintas velocidades». Una revisión «urgente y consensuada» del Código Penal, garantizar la máxima protección a las víctimas de la violencia de género (con juzgados «en todos los territorios»), suprimir las tasas judiciales para pequeñas y medianas empresas y proteger el derecho a una vivienda digna revisando la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias son algunas de sus soluciones.

El modelo socialista defiende una nueva Ley de Planta que rediseñe la organización territorial de los partidos judiciales, la sustitución de los órganos unipersonales por los tribunales de instancia y una Justicia de proximidad para resolver los litigios de escasa complejidad. También apuesta por aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que deje en manos de la Fiscalía la investigación de las causas, reforzando la figura del juez de garantías.

El PSOE critica la prisión permanente revisable introducida por el PP en el Código Penal, al «abandonar dramáticamente la finalidad de reinserción social que la Constitución exige para todas las penas».

Al igual que en el caso de Podemos, la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es otra de sus propuestas para «reforzar» la autonomía de la institución. Y se marca una fecha tope, 2020, para conseguir que todas las comunicaciones entre los juzgados y tribunales y los ciudadanos se produzcan por vía electrónica.

En cuanto al CGPJ, Pedro Sánchez aboga por «corregir» sus actuales funciones para garantizar, entre otras cosas, la «pluralidad» del sistema de nombramientos, así como por «revisar» el modelo de acceso a la carrera judicial.

Desde el punto de vista económico, su intención es garantizar «una dotación económica» suficiente a la Administración de Justicia «que permita acabar con la justicia de dos velocidades».

Por último, quiere crear el Centro Nacional de Menores Desaparecidos, encargado de «atender a los padres coordinando las labores de búsqueda».

C'S: «Liquidar» el consejo del poder judicial

La medida más relevante de Ciudadanos es la supresión del Consejo General del Poder Judicial y que todas sus funciones recaigan en un presidente y dos adjuntos. Esa propuesta requerirá una reforma constitucional, por lo que, hasta que llegue ese momento, Ciudadanos aboga por volver a la elección directa por jueces y magistrados de los 12 vocales de procedencia judicial. Igualmente, propone suprimir que los parlamentos y asambleas autonómicas propongan magistrados para las salas de lo Civil y Penal de los distintos tribunales superiores de Justicia.

Relevante es igualmente lo que el partido de Rivera denomina «limitación de puertas giratorias entre Justicia y política». De salir adelante esa propuesta, los jueces y fiscales que ocupen cargos políticos deberán esperar un mínimos de dos años antes de regresar a la Judicatura o Fiscalía, y, en el caso de concurrir a las elecciones y no resultar elegidos, la reincorporación será en un destino distinto al que ocupaban.

Respecto al fiscal general del Estado, se plantea extender su mandato a seis años, para evitar que su mandato esté «ligado» al del Gobierno o Parlamento que lo nombró durante la legislatura. En cuanto a los indultos, se aboga porque sólo se puedan otorgar cuando exista un criterio favorable del tribunal que sentenció la causa en la que se le condenó. En materia de corrupción, Ciudadanos propone la creación de un cuerpo de peritos contables, exclusivamente al servicio de juzgados y tribunales.

Podemos: Elección ciudadana de los vocales del CGPJ

El partido de Pablo Iglesias no propugna la desaparición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como hace Ciudadanos. Pero aunque defiende que mantenga sus competencias, apuesta por la «elección directa por parte de la ciudadanía» de los vocales entre jueces, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia y avalados, además, por asociaciones profesionales, sindicatos o plataformas ciudadanas.

Podemos también incluye en su programa una auditoría pública para evaluar la situación de la Justicia y su «necesaria reorganización». Asimismo, quiere que el Ministerio de Justicia asuma las competencias autonómicas sobre la oficina judicial.

La Fiscalía es otro de los objetivos de Podemos, que cree necesario revisar el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado, reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotarle de «autonomía» frente al poder ejecutivo y «democratizar» los nombramientos de fiscales.

Igualmente, Podemos anuncia la derogación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a un máximo de 18 meses el plazo de instrucción de las causas que tengan una mayor complejidad.