En defensa del Rey y del himno

El bochornoso espectáculo de la final de la Copa del Rey en el Nou Camp describió el incivismo de decenas de miles de personas que acudieron a un campo de fútbol para faltarle al respeto a los millones de españoles que nos sentimos representados en el Rey y en el himno nacional. También habló de la pasividad, cuando no de la complicidad vergonzosa, de los gobiernos nacionalistas, que, en el caso de Cataluña, por ejemplo, lo alentaron. Pero además dejó en evidencia a los responsables políticos y deportivos que ni antes –el episodio no ha sido una excepción– ni hasta hoy movieron un dedo para evitarlo o, al menos, para sancionarlo, como hubiera ocurrido en cualquier otra democracia. Las escenas que dieron la vuelta al mundo, con la tremenda pitada, con un Rey firme y grande en un entorno mediocre, triste y gamberro, y un Artur Mas con pose y sonrisa miserables, transmitieron una imagen de España que no debería repetirse. Es cierto que estamos ante una minoría, pero también lo es que, más allá de la representatividad de estos maleducados, el ultraje no fue menor. La respuesta del Gobierno fue convocar la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte para que analice los hechos y proponga las sanciones, que, muy probablemente, no pasen de una multa. Que los poderes públicos puedan sentirse satisfechos con ello o sean incapaces de articular una respuesta de mayor alcance redunda en la falta de coraje que el Estado de Derecho ha manifestado hasta ahora. En un país tan dado a la sobreactuación en la promulgación de normas, que no exista un precepto que proteja la pitada al Rey o al himno sólo puede explicarse por la falta de voluntad política. La Francia de Sarkozy –el ejemplo más reciente– nos demostró que es posible hacerlo si se tiene la determinación suficiente cuando su Gobierno acordó en 2008 que cualquier tipo de menosprecio hacia el himno provocaría la suspensión automática del partido en cuestión. Desde entonces, «La Marsellesa» nunca más fue abucheada. En España hay instrumentos legales que, matizados y mejorados, deben preservar unos mínimos de civismo y respeto a esos símbolos de todos. También es cierto, sin embargo, que ha habido autos judiciales, como el que archivó las diligencias abiertas por la burla al Rey en Alsasua en 2012, que interpretaron de forma absolutamente generosa el derecho a la libertad de expresión, hasta complicar extraordinariamente la defensa de aquello que debería ser invulnerable a ataques tan groseros. Con todo, los poderes públicos tienen los medios y la capacidad suficientes para amparar lo que encarna la convivencia, el entendimiento, el respeto y la libertad, principios fundamentales de nuestra democracia, que se violentan cuando se pita al himno y al Rey.