Oriol Pujol se enfrenta a cinco años de cárcel por la «trama de las ITV»

Oriol Pujol Ferrusola, ex diputado autonómico y ex secretario general de Convergència Democrática de Catalunya, será el primero de los hijos del ex presidente catalán Jordi Pujol en sentarse en el banquillo de los acusados.

Oriol Pujol Ferrusola, ex diputado autonómico y ex secretario general de Convergència Democrática de Catalunya, será el primero de los hijos del ex presidente catalán Jordi Pujol en sentarse en el banquillo de los acusados. Y lo hará enfrentándose a una petición fiscal de cinco años y dos meses de cárcel por los delitos de tráfico de influencia, cohecho y otro de falsedad de documento mercantil, relacionados todos ellos con beneficiar, «gracias a los cargos políticos que ostentaba», a su «íntimo amigo» el empresario Sergi Alsina, en varias operaciones mercantiles, entre ellas, y de forma principal, todo lo relacionado con el intento de adjudicación a unos empresarios de nuevas estaciones de ITV. El Ministerio Público sostiene que el citado empresario llegó a pagar a la mujer de Pujol, Ana Vidal –para quien pide tres años y cuatro meses de cárcel–, entre los años 2010 y 2012, cuando se llevaron cabo las primeras detenciones relacionadas con la «trama de las ITV», un total de 433.600 euros por supuestos informes técnicos, aunque la realidad, para la acusación pública, es que con ese dinero se venía a retribuir a Oriol Pujol por sus gestiones. Esas facturas, se afirma en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, «simularon la existencia de una relación contractual entre los acusados Sergi Alsina Jiménez – para quien pide seis años de prisión– y Ana Vidal Maragall, con la finalidad de retribuir la inestimable colaboración prestada por el también acusado Oriol Pujol Ferrusola».

De esta forma, está acusado de usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV y, además, de cobrar de un empresario amigo, Sergio Alsina, por su intermediación con pagos camuflados como trabajos de asesoría a su mujer, que presuntamente ella nunca hizo. Y es que, asegura la Fiscalía al respecto, los trabajos de Ana Vidal no eran más que «información manuscrita con apuntes», que se podía obtener de internet y, en todo caso, «carente de valor».

En relación con el nuevo plan territorial de estaciones de ITV, que la Generalitat iba a abordar en 2011, el Ministerio Público destaca que Oriol Pujol influyó de forma decisiva para que el entonces secretario general del Departamento de Industria y Ocupación, Enric Colet i Petit, contratase a Josep Tous para que asesorara sobre esa materia. Para lograr esa designación, el hijo del ex presidente de la Generalitat se «aprovechó» de su doble cargo, de presidente del Grupo Parlamentario de CiU y de secretario general de CDC. Ese «interés» estaba motivado por los deseos de su amigo Sergio Alsina, «a fin de que Josep Tous favoreciese los intereses privados del acusado Ricard Puignou–quien se enfrenta a un año de prisión– en las negociaciones sobre las estaciones» de ITV.

Para lograr sus objetivos, Puignou, «al objeto de beneficiarse de un futuro concurso de estaciones de ITV», pagó mensualmente a Alsina, entre diciembre de 2010 y febrero de 2012, cantidades que oscilaban entre 11.800 y 23.600 euros, pero esos pagos no eran «gratis», sino que tenían una clara finalidad: «A cambio de sus influencias políticas, sabedor de la íntima relación de este último con el acusado Oriol Pujol Ferrusola».

Al margen de las ITV, la Fiscalía alude de forma concreta a otras tres operaciones en las que la influencia de Oriol Pujol, «gracias a los relevantes cargos que ocupaba», tuvieron «éxito» y proporcionaron millonarios beneficios a Sergio Alsina. Una de ellas se refiere a la decisión de Sharp de vender su planta industrial ubicada en Sant Cugat del Vallés, para lo cual contrató a una sociedad de Alsina, quien percibió 3,2 millones cuando la venta llegó a buen puerto. La actuación de Oriol Pujol en este caso, «tanto en el inicio de la operación, como en su desarrollo y en su final, fue intensa, decisiva y claramente beneficiosa» para los implicados, «gracias a los relevantes cargos políticos que ostentaba». En esta operación, Ana Vidal cobró de la empresa de Alsina 236.000 euros por un informe que se limitaba a aportar a información «fácilmente» obtenible en internet».

Algo similar sucedió con la recalificación de unos terrenos para uso industrial en las proximidades de la empresa SEAT en Sant Esteve Sesorvires (Barcelona), en la que Oriol Pujol incluso «intervino directa e indirectamente ante el alcalde de Martorell para la consecución de los fines perseguidos» por Alsina.

La tercera operación se refiere al proceso de deslocalización de Yamaha, por la que Alsina ingresó más de 4,2 millones. En este caso, la intervención del hijo del ex presidente catalán Jordi Pujol fue decisiva y «claramente beneficiosa» para su amigo, pues facilitó los contactos con altos cargos del Departamento de Empresa y Ocupación, así como con el Director de la Agencia Tributaria catalana a fin de obtener información fiscal en relación con la operación.

La forma que utilizó Alsina para «gratificar» a Oriol Pujol por todas sus gestiones fue la de contratar «aparentemente» los servicios de su mujer, Ana Vidal, en concepto de asesoría y por una labor de «asesoramiento ficticia». En total, 443.660 euros, cantidad que ahora el fiscal pide que devuelva, y que pague 310.000 euros de multa.