Prisión sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola por evasión fiscal y blanqueo

Jordi Pujol Ferrusola, «Júnior», se convirtió ayer en el primer integrante de la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol en ingresar en prisión a cuenta de la investigación de la fortuna familiar oculta en Andorra durante 34 años.

Jordi Pujol Ferrusola, «Júnior», se convirtió ayer en el primer integrante de la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol en ingresar en prisión a cuenta de la investigación de la fortuna familiar oculta en Andorra durante 34 años.

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó a última hora de la tarde, tal y como le había pedido la Fiscalía Anticorrupción, la prisión incondicional (sin posibilidad de eludirla con el pago de una fianza) del primogénito del clan por ocultar 30 millones de euros en el extranjero desde que empezó a ser investigado en 2012.

Durante más de cuatro horas de declaración ante el juez y ante los fiscales Anticorrupción Belén Suárez y Fernando Bermejo, Pujol Ferrusola intentó explicar sin éxito sus operaciones en el disparadero e incluso aportó documentación para justificar el incremento de sus fondos. Según fuentes presentes en su comparecencia explicó, por ejemplo, que «tres cosechas en una plantación de eucaliptos en México le habían reportado un beneficio del 16%». Pero sus argumentos, según esas mismas fuentes, «no han resultado convincentes».

La Fiscalía defendió la necesidad de ordenar el ingreso en prisión incondicional y comunicada de Pujol Ferrusola por el riesgo de reiteración delictiva y de la comisión de nuevos delitos, como el alzamiento de bienes, en esa progresiva ocultación de fondos en el extranjero. Del mismo modo, los fiscales también esgrimieron el riesgo de destrucción de pruebas.

Los fiscales Anticorrupción aseguraron al magistrado, según las fuentes consultadas, que no es suficiente la retirada del pasaporte para conjurar el riesgo de ocultación de fondos pues los medios tecnológicos permiten realizar esa supuesta actividad delictiva fuera de nuestras fronteras a través de internet sin salir de España. Mientras, el abogado de Podemos, Antonio Segura, expuso que pese a que no hay riesgo de fuga porque las penas que llevan aparejados los delitos fiscales y de blanqueo no son excesivas, Pujol Ferrusola «sí dispone de una estructura en el extranjero» para poder huir.

Era la tercera vez que Jordi Pujol Jr. declaraba ante el juez. Si la primera salió de la Audiencia Nacional sin medidas cautelares y la segunda, el pasado febrero, De la Mata le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España, en esta ocasión el instructor del «caso Pujol» le ha impuesto la medida más grave (respaldada además por la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejerce Podemos) tras recibir los informes de la UDEF que dejan al descubierto la utilización por parte de Pujol Ferrusola y de su ex esposa Mercé Gironés de empresas interpuestas, negocios simulados y préstamos ficticios para, supuestamente, poner fuera del alcance de la Justicia sus fondos y eludir así las consecuencias económicas de una posible condena.

El informe definitivo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que ha llevado a prisión a «Júnior», después de tres años de investigación del juez De la Mata (la causa fue iniciada antes en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona), eleva a 30 millones la cantidad que el matrimonio habría ocultado fuera de España a través de una «dinámica desinversora» puesta en marcha en 2012 que le llevó, presuntamente, a simular negocios «inexistentes» por un montante de 9,4 millones de euros. A los que hay que sumar, según la unidad policial, otros 12,3 millones, correspondientes a inversiones no repatriadas y pérdidas internacionales supuestamente ficticias, y 8,1 millones de plusvalías latentes que «no han sido declaradas nunca en España». En total, 29.917.589 euros con los que Pujol Ferrusola, de 59 años, y su ex esposa habrían conseguido vaciar su patrimonio para evitar la «liquidación de sus activos por orden judicial».

Esa progresiva despatrimonialización tiene, según la investigación policial, un «fiel reflejo en la actividad económica de todo el grupo societario» de Jordi Pujol Jr. En 2013, meses después del comienzo de la investigación, la «nula» cifra de negocios de cuatro de las principales empresas del entramado –Project Marketing CAT, Inter Rosario Port Services y Active Traslation– ha llamado la atención de la UDEF. Así como el hecho de que su principal sociedad, Iniciatives Marketing i Inversions (Imisa), sólo declarase al final de ese ejercicio «unas nimias ventas de 5.400 euros, en clara contraposición con lo ocurrido en periodos anteriores».

Para la unidad policial, la disolución de los negocios que compartía el matrimonio tras su separación también está bajo sospecha dado que, recalca, el único objetivo de Pujol Ferrusola y Gironés era «llevar a cabo actos mercantiles totalmente ajenos a las realidades» con la pretensión de «deslindar titularidades para que, en su caso, se sitúen fuera del alcance de la Justicia».

Jordi Pujol Jr. no es el primer miembro de la familia del ex presidente de la Generalitat para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita prisión incondicional. Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa ya reclamaron el pasado 12 de enero idéntica medida para el benjamín, Oleguer Pujol, pero en esa ocasión el juez José de la Mata acordó la imposición de medidas cautelares menos graves como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia periódica en el juzgado más próximo a su domicilio.