Anticorrupción y el «dos» de Interior se enfrentan por la «chivada» a González

La Fiscalía apunta que el ex presidente buscó «la impunidad» en jueces, fiscales y policías.

Ignacio González no dudó en tirar de «agenda y contactos» para tratar de entorpecer o dilapidar la «operación Lezo», y para ello recurrió incluso a policías, fiscales o jueces para, junto con otros investigados en esta causa, «lograr la impunidad de sus acciones». Así lo sostiene la Fiscalía Anticorrupción en el escrito donde se opone a la libertad solicitada por el ex presidente de la Comunidad de Madrid. Pero, además, alude directamente al secretario de Estado de Interior, Pablo Nieto, al referirse a la reunión que mantuvo con el hermano del ex presidente madrileño y de la relevancia de este hecho.

Los fiscales Carmen García Cedrá y Carlos Yáñez lo relatan de forma muy específica y contundente: «El día 6 de marzo de 2017, en el despacho de Ignacio González se grabó una conversación mantenida entre las 19:37 horas y las 20:03 horas por los tres hermanos González que evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación “chivada” del secretario de Estado de Seguridad. Los seguimientos policiales a Pablo González y las llamadas interceptadas confirmarían que, dos días después de esa cita de los hermanos, Pablo González se reunió con el secretario de Estado de Seguridad». El auto de ingreso en prisión del ex presidente de Madrid, añade la Fiscalía, «valora la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad, por lo que ello puede implicar».

Todo ello evidenciaría que González y otros investigados habrían ampliado su «círculo de acción» a distintos sectores de la Administración pública con influencia en el ámbito de las carreras judicial y fiscal y policial. De hecho, según señalan los fiscales, Ignacio González reconoció en su declaración judicial ante Eloy Velasco «haber recurrido a alguna persona del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura para conocer el estado de sus casos», aunque no supo concretar de quién se trató.

Estas circunstancias llevan a la Fiscalía a concluir en este punto que existiría un riesgo evidente de destrucción de pruebas si Ignacio González quedara en libertad : «Ha demostrado una capacidad real de acción para interferir en el normal desarrollo de la investigación».

Además, considera que existiría igualmente un notable riesgo de fuga, ya que los hechos que se le imputan le habrían proporcionado una «ingente cantidad de fondos públicos que en el momento actual no están controlados». De esta forma, existen indicios que avalarían que dispondría de un «patrimonio oculto tras entramados societarios erradicados en paraísos fiscales», lo que hace que González tenga una «capacidad real de acción para huir de la Justicia».

En cuanto al arraigo familiar esgrimido por González, Anticorrupción sostiene que sus circunstancias personales hacen disminuir el riesgo de fuga, pero no lo anula. De hecho, añade, su familia, «lejos de ser un indicativo de estabilidad social y arraigo», se ha constatado que la mayor parte de su familia «presuntamente han intervenido en las actividades investigadas».

La Fiscalía también se ha opuesto a que Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente de Inassa, salga de prisión, ya que los «tejemanejes» que llevó a cabo durante su presidencia en la principal filial en Latinoamérica del Canal de Isabel II con dinero público de la Comunidad de Madrid, le granjeó grandes ganancias «lícitas» que estarían fuera de España, por lo que existe un elevado riesgo de fuga.