La vieja guardia de Convergència, al banquillo por corrupción

Dos de los pesos pesados de la vieja guardia de la extinta Convergència Democrática de Cataluña (CDC), Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, se sientan desde hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional, junto a otros nueve procesados, acusados de tráfico de influencias y blanqueo de capitales por su supuesta intermediación en operaciones urbanísticas en municipios catalanes. Quienes fueran hombres de máxima confianza del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol –Alavedra fue consejero de Economía de 1990 a 1997 y Prenafeta, secretario de Presidencia de 1980 a 1990– se enfrentan a sendas peticiones de condena de seis años y diez meses de cárcel y a multas que suman 10,3 y 13,7 millones de euros. El Ministerio Público reclama además al tribunal, que preside la magistrada Concepción Espejel, el decomiso de las ganancias supuestamente ilícitas obtenidas por ambos: 3,2 millones en el caso de Alavedra y 5,8 en el de Prenafeta, de quienes la Fiscalía destaca, en su escrito de acusación, su «estrecha relación personal» con Pujol en la época de los hechos investigados.

Pero quien se enfrenta a una pena más alta es el ex diputado del PSC Luis García Sáez, «Luigi», supuesto «cerebro» de la trama urbanística, para quien Anticorrupción solicita una condena de ocho años por tráfico de influencias y blanqueo. Entre los procesados también figura el ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartolome Muñoz, que se enfrenta a una petición fiscal de seis años y diez meses, a siete años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público y a una multa de 4,1 millones.

Los hechos investigados se centran en tres operaciones urbanísticas ejecutadas en los municipios barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona entre 2001 y 2009, que según la Fiscalía proporcionaron a los acusados «cuantiosos e ilícitos beneficios y comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial». En las mismas, según la acusación pública, desempeñó un «papel fundamental» García Sáez, a quien califica de «conseguidor» por la «influencia» que ejercía sobre los cargos públicos encargados de las adjudicaciones bajo sospecha. De hecho, Anticorrupción sostiene que «Luigi» era «quien dirigía y tomaba muchas de las decisiones urbanísticas» en el Ayuntamiento de Santa Coloma, que el alcalde hacía suyas «percibiendo por ello cuantiosas e ilícitas comisiones».

La Fiscalía circunscribe la actuación presumiblemente delictiva de Prenafeta y Alavedra a dos operaciones urbanísticas en San Andrés de Llavaneras («operación Niesma») y Badalona («operación Badalona»), donde «para satisfacer sus espurios intereses» se habrían concertado con «Luigi» para conseguir adjudicaciones para determinados empresarios, sabedores de «la facilidad con la que se movía» el ex diputado socialista en ambos municipios y «del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña».

Los dos hombres de confianza de Jordi Pujol se sirvieron, según Anticorrupción «de un complejo entramado societario» y de diversas cuentas en paraísos fiscales para ocultar «cuantiosas ganancias procedentes de su actividad delictiva» (esas «irregulares» labores de intermediación) y evitar el pago de impuestos, utilizando ambos a sus esposas (la de Alavedra, ya fallecida) y a otros dos procesados, Gloria Torres y Philip Mc Mahan, para reinvertir esos fondos y culminar ese presunto blanqueo.

En la «operación Niesma» –una recalificación urbanística de dos fincas en San Andrés de Llavaneras que se desarrolló entre 2003 y 2007–, Prenafeta y Alavedra se sirvieron del «ascendiente» que ejercían sobre el alcalde y el responsable de Urbanismo por «los importantes cargos políticos» que ambos desempeñaron en la Generalitat.

Los dos percibieron sendas comisiones de más de 150.000 euros.

En la «operación Badalona», la compra en 2002 de unos terrenos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el municipio barcelonés y su posterior venta a una empresa pública, Marina Badalona (propiedad del ayuntamiento de la localidad y del Consell Comarcal Barcelonés), para la construcción del Puerto Deportivo, Prenafeta y Alavedra percibieron 487.200 euros cada uno (a través de Poliafers, controlada por el primero) por sus labores de intermediación, que consiguieron según la Fiscalía «manipular la adjudicación de estos terrenos» en «claro perjuicio» del interés público.

La Fiscalía cifra en 14,9 millones de euros los fondos que ocultó Prenafeta de 2000 a 2007, una cantidad que en el caso de Alavedra reduce a seis millones (en su caso, de 1997 a 2008). El primero canalizó esas cantidades a través de sociedades domiciliadas en territorios «off shore», como Islas Vírgenes Británicas y las Islas Seychelles, y de siete cuentas bancarias en Andorra y Suiza, la mitad de las cuales retiró en efectivo y el resto a través de transferencias. Alavedra se sirvió de sociedades instrumentales en Liechtenstein, Panamá e Islas Caimán y de cuentas andorranas a nombre de su esposa y de la también acusada Gloria Torres, «con quien mantenía una fluida relación personal».