Barcelona

«Turismo-borroka»: los abertzales se unen al boicot de los radicales de la CUP

Los socios de Puigdemont endurecen su violenta campaña contra el turismo en Cataluña y Baleares, una actividad económica que supone el 15% y 45,5% de sus PIB.

Pancarta en San Sebastián
Pancarta en San Sebastiánlarazon

Los socios de Puigdemont endurecen su violenta campaña contra el turismo en Cataluña y Baleares, un boicot al que se han sumado las juventudes de Sortu.

Primero fueron autobuses y hoteles en Barcelona, después restaurantes en Palma, y ahora le toca el turno a San Sebastián. Las protestas contra el turismo y el boicot a empresas del sector turístico se extienden y han llegado al País Vasco de la mano de la izquierda «abertzale».

La asociación juvenil Ernai, vinculada a Sortu ha convocado una protesta para el próximo 17 de agosto bajo el lema «Zuen turismoa gazteon miseria- Vuestro turismo la miseria de los jóvenes». La manifestación se celebrará en plenas fiestas de la Semana Grande de San sebastián. la convocatoreia coincide con la oleada de actos de boicot llevados a cabo por grupos radicales vinculados la CUP contra el turismo en Cataluña y Baleres.

Campaña violenta

La caída del paro registrado en el mes de julio en Cataluña y Baleares se explica en gran parte por el turismo. Ambas autonomías aparecieron ayer entre las cuatro que más trabajo crearon el mes pasado tras conocerse los datos del Ministerio de Empleo (el territorio catalán acumuló 19.593 afiliados más y las islas, 12.215), pero una campaña violenta impulsada por Arran, una organización juvenil afín a la CUP, amenaza ahora con perturbar los beneficios económicos que genera la actividad turística. Los socios del Govern liderado por Carles Puigdemont sumaron ayer un nuevo episodio vandálico, el tercero en seis días, con el mismo objetivo: acabar con la masificación turística. En esta ocasión, el lugar de los hechos fue el Moll Vell, un muelle situado frente a la catedral de Palma de Mallorca. Allí, según el vídeo que han difundido a través de las redes sociales, asaltaron un bar en el que lanzaron confeti sobre los comensales y un yate, ante el que desplegaron pancartas con el lema «El turismo mata a Mallorca» y «Aquí se está librando una lucha de clases» y encendieron varias bengalas. La campaña arrancó el jueves pasado, cuando tres encapuchados detuvieron un autobús turístico en las cercanías del Camp Nou, le pintaron la luna y le pincharon las ruedas, con el consecuente susto que se llevaron sus ocupantes y los últimos atentados yihadistas en la retina. El martes atacaron a una empresa de alquiler de bicicletas turísticas que estaban aparcadas en la acera, a las que destrozaron los neumáticos.

Pese a todo ello, por el momento, diversas asociaciones empresariales han asegurado que estas acciones no han repercutido sobre los turistas, que consideran que viven ajenos a esta problemática. Y es que la importancia que tiene la industria turística en la economía de ambas autonomías convierte esta situación en asunto delicado: supone el 15 por ciento del PIB catalán y el 45,5 por ciento del balear. También lideran el ránking de destinos más visitados en España, y las cifras registradas durante la primera parte del año son altamente positivas: Cataluña ha recibido 8.644.565 turistas internacionales (un 10,3 por ciento más que en el mismo periodo de 2016) y Baleares ha acogido a 5.411.665 (un 8,5 por ciento más). Asimismo, Cataluña encabeza la clasificación de autonomías en la que más gastan los visitantes (1.796 millones de euros, el 22,9 por ciento de toda España), y Baleares se queda en segundo lugar (1.615 millones, lo que supone el 20.6 por ciento de la nación). Por tanto, para no cortar estos vientos favorables, 27 asociaciones empresariales enviaron una carta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para que termine «de raíz» con estas acciones, que no consideran aisladas. Todavía no han recibido una respuesta y sus quejas se dirigen también contra la reacción que ha tenido, que consideran «insuficiente».

Colau tardó varios días en condenar la acción contra el autobús turístico, y lo hizo a través de Twitter, donde anunció que denunciaría los hechos a través de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) –empresa pública propietaria del vehículo–, aunque tampoco ha anunciado medidas para acabar con este problema. Más contundente fue su socio del PSC y alcalde accidental, Jaume Collboni, quien tildó las acciones directamente de «xenofobia».

Y es que los empresarios temen que Arran siga a sus anchas con estas acciones vandálicas. A cada protesta que han perpetrado, el colectivo se ha reafirmado y ha avisado de que continuarán. La portavoz, Laura Flores, consideró estas prácticas como una forma de «protesta más» con la misma legitimidad que una manifestación, y en todo caso, advirtió de que no pagarán los desperfectos ocasionados. Por el momento, sólo ha trascendido el valor de los daños sobre el autobús turístico, que ascienden a un total de 1.800 euros.

Asimismo, la diputada en el Parlament de la CUP Mireia Boya consideró estos actos como «simbólicos» y comparó su violencia con la que genera el Govern con el modelo turístico que ha diseñado, ya que obliga a «expulsar a los vecinos de sus barrios y genera precariedad laboral».

A este respecto, el Gobierno catalán sí que ha actuado, y anunció ya el martes que se personará en la causa del autobús turístico, y pidió a la CUP que se «replantee» sus acciones. Ahora bien, se afanó por desvincularlo del «procés».

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya de vacaciones, se refirió a Arran como «un grupo radical de extrema izquierda» con gente con «pequeñez mental» y «cortedad de miras» que usa lo «mínimo» de su cerebro. «Siempre que uno se acuesta con gente así, acaba teniendo problemas», advirtió al Govern.