El candidato de Sánchez cargó como gastos sociales dius y viajes a Disney

Imputan otros seis delitos a Besteiro por su gestión en la diputación de lugo. ►Vacaciones subvencionadas: el líder del PSdG habría creado un «entramado» con el fin de desviar dinero público. ►Caja fuerte en el despacho: el jefe de protocolo disponía de fondos europeos en efectivo «fuera de control», según la jueza. ►El ex presidente de la Diputación «fue agasajado» con artículos de lujo de elevado importe por adjudicaciones ilícitas

Gafas graduadas, «incluyendo gafas de sol», prótesis, empastes, acupuntura, tratamientos con isoflovonas, implantación del Dispositivo Intrauterino, viajes a Argentina, Euro Disney, Amsterdam o pulpadas, fueron abonadas con cargo a la partida de «gastos sociales» de la Diputación de Lugo cuando la presidía el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro. Gastos que la jueza de Lugo Pilar Lara ve «difícil de justificar legalmente» que puedan abonarse desde un ente público a «sufragar gastos particulares tan exagerados y en importes de tan elevadísima cuantía que, en muchas ocasiones, superan el Salario Mínimo Interprofesional, así como la cuantía de gastos destinados a sufragar necesidades sociales muchos más imperiosas».

Así lo recoge la magistrada en el auto por el que le cita a declarar como investigado –o, lo que es lo mismo, imputado– el próximo 11 de mayo. La magistrada le imputa seis delitos: cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos.

La jueza describe en su auto todo un «entramado» en el que estarían implicados autoridades y funcionarios públicos, la mayoría de la Diputación cuando la presidía Besteiro, dentro de la denominada «Operación Pulpo», en el que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del programa denominado «Kilómetro cero», relacionado con la presunta utilización indebida de fondos de la Unión Europea que denunciaron unas trabajado. También se investigan presuntas adjudicaciones ilícitas para favorecer a determinados grupos empresariales, entre ellos al grupo Monbus, así como el otorgamiento supuestamente fraudulento de subvenciones.

En concreto, en la resolución de la magistrada se alude específicamente a cuatro hechos presuntamente delictivos y en los que estaría implicado Besteiro, como máximo responsable de la Diputación, junto con otros altos cargos de esa Institución.

Puesto en marcha por la Diputación lucense para fomentar el turismo por la provincia, a través de diversas, ruta, fue asignado al «Programa Lugo 2» que tenía su origen en subvenciones de la Unión Europea. El «Kilómetro cero», señala la magistrada, se puso en marcha en septiembre de 208, «sin acuerdo plenario y sin regirse por noma alguna», ya que sólo se presentó una «Memoria» que realizó Juan Carlos Fernández Pulpeiro, encargado del Servicio de Relaciones Institucionales. Además, los pagos realizados con cargo a ese programa se realizaron «con el conocimiento, connivencia y consentimiento de la Diputación. Y, junto a ello, el sistema elegido para la materialización del citado programa no sería, en principio, el correcto, ya que debería haberse licitado «en condiciones de publicidad y concurrencia competitiva, como igualmente se licitaron otros servicios.

En cambio, el elegido por la Diputación lo que propició fue, precisamente, «una gestión absolutamente arbitraria de los fondos públicos, carente de transparencia, encaminado más bien a dificultar la fiscalización del gasto».

Se habrían producido en el ámbito del programa «Kilómetro 0», lo que, señala la jueza, produjo un «claro quebrando de los principios de objetividad, competencia e igualdad que debe imperar en la contratación administrativa». En este sentido, la magistrada sostiene que hay «serias sospechas» de que una «ingente cantidad de contrataciones administrativas «, relacionadas con el mencionada programa, «podrían haber sido “amañadas” con la finalidad de favorecer a determinadas empresas». Uno de los grupos empresariales beneficiados sería el Grupo Monbús, dirigido por Raúl López, quien, destaca la instructora, habría agasajado al ex presidente de la Diputación de Lugo «con artículos de lujo de elevados importe». Ese grupo empresarial habría sido beneficiado con contratos del programa «Kilómetro 0» que superarían los 800.000 euros.

Según la jueza, se habría producido también un «otorgamiento fraudulento de subvenciones a entidades deportivas que han estado relacionadas» con el principal responsable del Grupo Monbús. En este sentido, y falta de los informes definitivos, existen indicios de la veracidad de las manifestaciones prestadas por J. M. V. C, quien denunción esas irregularidades.

De esta forma, señala la instructora de la causa, «resultaría que en el período comprendido entre los años 2006 a 2014, la Diputación Provincial de Lugo habría concedido subvenciones al Club Deportivo Breogán por casi siete millones de euros.

La Diputación de Lugo habría estado destinado buena parte de su presupuestos a sufragar «cuantiosos gastos de dudosas legalidad, reflejado en la contabilidad como gastos médicos y prestaciones sociales, tanto a los trabajadores de la mencionada diputación como a sus familiares». Entre esos gastos se encontrarían los ya señalados, como la adquisición de gafas graduadas, empastes, acupuntura o la instalación de «diu liberador». Dentro de esos gastos sociales también se habrían abonado viajes vacacionales para alguno de los empleados y se habrían incluido los relacionados con la celebración de las festividades de Santa Rita y San Froilán o «gastos de pulpadas, llegando a pagarse por tales conceptos importes excesivos».

Implicados en el entramado

En todo ese entramado estarían, presuntamente implicados, José Ramón Gómez Besteiro, Juan Carlos Fernández Pulpeiro, jefe de Servicios de Protocolo; José Antonio Mourelle, secretario adjunto de la Diputación; Rosa Abelleira, interventora de la Diputación de Lugo y José Enrique Rodríguez Coello, asesor de fondos europeos de la presidencia de la Diputación. Y también empresarios beneficiados por las ilícitas adjudicaciones, como el mencionado Raúl López; además la jueza considera «pieza clave» a Leticia Vilar, a quien Besteiro nombró jefa de Comunicación de la Diputación.

El magistrado resalta en su resolución las irregularidades en la asignación de los fondos del Programa Lugo 2, subvencionado por la Unión Europea, por parte de Juan Carlos Fernández Pulpeiro, responsable de Relaciones Institucionales y de Protocolo de la Diputación de Lugo. Y es que a la hora de realizar los pagos se saltaba los decretos de la propia Diputación (que estipulaban que debían hacerse mediante transferencia, cheque o domiciliación). Pero, en lugar de eso, Fernández Pulpeiro optaba por un método «del todo punto irregular», pues guardaba el dinero «en una caja fuerte en su despacho, sin ninguna clase de control».