Boicot a la economía en la calle

La CUP quiere aprovechar los paros para mantener la presión sobre la Generalitat y declarar unilateralmente la independencia. La patronal asegura que la huelga es ilegal.

De un tiempo a esta parte, la mano de la CUP es innegable en el «procés». Al fin y al cabo, el partido radical le ha arrebatado a ERC el dominio de las calles y plazas de Cataluña. De ahí que la paternidad de la huelga general prevista para hoy lleve, como si de la Revolución de 1934 se tratase, el sello inconfundible de la CUP. Al fin y al cabo, el manual del buen insurrector incluye frenar la economía como medida de presión. Las adhesiones fueron incontables, desde sindicatos a patronales, pasando por asociaciones de comercios o la propia Generalitat. No obstante, la huelga nace menguada sin la participación de CC OO y, sobre todo, UGT, muy mayoritaria en Cataluña, que ayer se desmarcaron.

Mientras las patronales de la pequeña y mediana empresa (Pimec) o del interior de Cataluña (Cecot) se han sumado a la huelga, la principal organización empresarial catalana, Fomento del Trabajo, considera que el «paro de país», como han dicho los organizadores para utilizar la palabra huelga, «no tiene cobertura legal». Fomento asegura que este paro general «no dispone de una convocatoria formal de huelga y, por tanto, priva a los trabajadores de la posibilidad de exigir sus derechos». En esta línea, recuerda que las faltas de trabajo no justificadas tendrán «el tratamiento previsto tanto en la ley como en los convenios colectivos» que se aplican en cada sector o en cada empresa.

La CUP, sin embargo, ya se había encargado de calentar el ambiente desde primera hora de la mañana. Quim Arrufat, portavoz del partido, tensó la cuerda. No sólo de cara a la jornada de huelga, también para que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no pierda comba en el «procés». La CUP vincula los paros con la declaración unilateral de independencia. Según Arrufat, «no queda alternativa dentro del Estado español para garantizar la protección de la gente, de sus derechos, la libertad y la construcción de un futuro con paz y justicia social». A su juicio, «de no ejercer la autodeterminación», que «la represión y el aplastamiento del Estado será peor».

Mención aparte merece la Generalitat que, pese a secundar la huelga, ha anunciado a sus empleados que cobrarán su salario íntegramente. La Generalitat, además, ha diseñado un plan de servicios mínimos hasat el 13 de octubre por si se cumplen los deseos de la CUP de prolongar los paros una semana.

Por lo demás, la huelga puede comportar graves problemas de movilidad. No en vano, el transporte público, en el que la representación sindical está mucho más repartida, los paros serán prácticamente totales con ínfimos servicios mínimos.

Por otro lado, sin embargo, la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona), la más importante de Cataluña, mantendrá su actividad normal después de que los sindicatos mayoritarios hayan decidido no adherirse a los paros previstos.