Griñán, con peor horizonte que Chaves

Los dos políticos socialistas se sientan hoy en el banquillo por un fraude de 800 millones.

Penúltima hora. Casi siete años después de que la jueza Mercedes Alaya la iniciara, la Audiencia de Sevilla comienza a dirimir si la instrucción del «caso ERE» ha seguido la lógica de un teorema y las acusaciones que pesan sobre los investigados tendrán la eficacia de un metafórico cuchillazo letal, o no. En el rocoso desarrollo de la «macrocausa» se ha señalado a casi 300 personas y puesto bajo sospecha partidas presupuestarias de la Junta de Andalucía destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía aún por determinar, aunque no inferior, según el sumario, a los «854.838.243 euros», si bien la Administración sólo ha reclamado 135,3 millones, de los que ha recuperado 4,6, el 3,39%. Pero, de momento, lo que el tribunal provincial empezará a enjuiciar hoy es la pieza principal del proceso, la rama política centrada en el diseño, el establecimiento y el mantenimiento del llamado «procedimiento específico», el sistema por el que el Gobierno autonómico repartió el dinero durante una década, la delimitada por los años 2000 y 2010.

La expectación rodea a esta vista oral, en buena medida porque sentará en las sillas de los acusados, que en esta ocasión sustituirán al clásico banquillo, a quienes han ostentado durante 23 años consecutivos y de forma sucesiva la Presidencia del Ejecutivo de una comunidad que aún no conoce la alternancia en el poder y durante casi 14 la Presidencia del PSOE nacional, dos referentes socialistas: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A ellos se sumarán otros 20 imputados. Son 22 en total, menos de la mitad de los que llegaron a estar señalados. Entre ellos se encuentran ex consejeros como Gaspar Zarrías, la también ex ministra Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo o los ex titulares de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera. A este último departamento apuntan en buena medida los que piden bala, simbólica de nuevo. El motivo pasa por que era Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, dos de cuyos ex titulares también están encausados, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, la que otorgaba las subvenciones con cargo a la partida presupuestaria más utilizada para nutrir los ERE, la 31L rebautizada como «fondo de reptiles». Con todo, no era ese órgano de la Junta el que abonaba los fondos públicos. Los derivaba a aquéllos que actuaron en la práctica de cajas pagadoras: el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) convertido luego en la agencia IDEA. El mecanismo para hacerlo, las transferencias de financiación, y el que se podrían haber burlado procedimientos normativos para asignar las ayudas de forma opaca es lo situado ahora bajo la lupa de la Sala y no podrá justificarse en «un mal entendido espíritu de agilización del funcionamiento de la Administración», en palabras de otro de los jueces que ha capitaneado la deriva del «macroproceso», Álvaro Martin.

De hecho, el principal reproche penal que la Fiscalía Anticorrupción hace a los ex presidentes andaluces y a otros integrantes de distintos Consejos de Gobiernos es que no tomaran ninguna decisión en el ejercicio de sus funciones para poner «freno» al uso de esas transferencias, pese a la existencia de informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) en los que se alertó de irregularidades. En su escrito de acusación, Anticorrupción pidió penas de diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación para Chaves y otros seis ex altos cargos y de cárcel para los otros 15 acusados, a los que atribuye además otro de malversación, entre ellos al ex presidente y es consejero de Hacienda Griñán, quien encara una petición de seis años de prisión. Hay quien enfrenta una demanda de ocho.

Si los señalados son 22, los testigos que tendrán que desfilar por el edificio de la Audiencia serán «116», de ellos «57» lo harán a propuesta de la Fiscalía y «59 de las defensas», según contabilizaron fuentes del caso a LA RAZÓN. Entre los últimos habrá tres ex presidentes del Parlamento de Andalucía y dos miembros de la Cámara de Cuentas autonómica. «Se entiende que ninguno de ellos va a empañar su firma y su prestigio mintiendo», resaltaron abogados de los investigados.

Las defensas se muestran confiadas en poder desarmar las graves tesis acusatorias que pesan sobre sus clientes y a los «argumentos muy sólidos» que, afirman, desgranarán en Sala. Parte de ellos se apoyarán en informes de expertos en Derecho Público y Hacienda encargados por Griñán, Aguayo y Álvarez en los que se sostiene que la controvertida herramienta presupuestaria es legal, dado que la finalidad de las transferencias de financiación se recogía ejercicio tras ejercicio en las leyes de presupuestos aprobadas por la Cámara autonómica. Dicho de otro modo, que si hubo grietas que permitieron que se colaran «intrusos» en los ERE, por ejemplo, se produjeron en el ámbito de la gestión de las partidas dinerarias. Intentarán además disparar hacia arriba. Es más, la Audiencia ha aceptado la petición realizada por el representante procesal de Griñán, José María Mohedano, de incorporar como documental el informe de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre las ayudas extraordinarias para prejubilaciones dadas por este organismo entre 2001 y 2011 con el que intentará demostrar que el Estado asignó fondos de forma similar a como se hizo en Andalucía. Estos letrados no descartan incluso que este primer juicio contribuya a «desinchar» toda la «macrocausa». «Si se gana la parte presupuestaria, ello se añadirá a que se ha consolidado la ‘tesis Cañete’ –aluden a que, gracias a un movimiento del letrado Juan Carlos Alférez la Audiencia ha fijado que los procesados en la rama política no podrán a ser enjuiciados en las demás– y las consecuencias serán enormes para el resto del caso», avisan. Alaya siempre mantuvo que el proceso era indivisible, pero su sucesora al frente del juzgado, María Núñez, lo troceó.

No obstante, en frente tendrán ejerciendo la acusación al Ministerio Público y como acusaciones populares al PP y a Manos Limpias. No así al Gobierno andaluz que quedó fuera al solicitar el archivo de la pieza. De este lado se ampararán sobre todo en otro informe, esta vez aportado por peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para soportar su convicción de que las ayudas de los ERE contribuyeron a construir relaciones «clientelares» entre el Ejecutivo regional y la sociedad andaluza.

Por ahora, en la jornada de hoy las partes personadas presentarán sus cuestiones previas, al igual que mañana y el viernes. No se descarta que alguien plantee la nulidad de lo instruido. Está previsto que el juicio se reanude ya el 9 de enero de 2018 con la declaración de los acusados, si no hay retrasos.

La Fiscalía pidió en un escrito expresamente que iniciara la ronda de comparecencias uno de los principales acusados: Guerrero. Su representante procesal, Fernando de Pablo, duda de que sea él quien finalmente abra fuego «porque puede variar el orden en función de las cuestiones previas que se planteen». El tribunal ha fijado cuatro sesiones a la semana. Fuentes de la «macrocausa» que abarca más de un millón de folios estiman que el proceso durará un mínimo de «seis meses» y no prevén contar con una sentencia antes del otoño de 2018.