Caso Malaya: Rebaja de penas a la mayor trama de corrupción

La Audiencia Provincial de Málaga, el tribunal encargado de enjuiciar el «caso Malaya», hizo pública ayer la sentencia de la trama de corrupción en torno al Ayuntamiento malagueño de Marbella imponiendo condenas de 134 años de cárcel frente a los 497 años de prisión que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción. De igual modo, condena a multas que distan de los más de 3.800 millones que pidió el Ministerio Público. La mayor pena, once años de prisión, recayó sobre el que fuera gerente de Urbanismo del consistorio costasoleño, Juan Antonio Roca, a quien se impuso una multa de 240 millones de euros por delitos continuados de cohecho y blanqueo, prevaricación y fraude. Con todo, la condena es notablemente inferior a la que solicitó la Fiscalía Anticorrupción que reclamó una sentencia «ejemplarizante» y pidió para el considerado cerebro del caso un total de 30 años de cárcel y multa de 810 millones de euros.

Por su parte, la que fuera alcaldesa marbellí cuando se inició la investigación en el año 2006, Marisol Yagüe, fue condenada a seis años de prisión, nueve meses de inhabilitación y multa de 2,3 millones euros por delitos de fraude, cohecho, malversación y alteración de precios de concursos y subastas públicas.

El que fuera durante casi una década y hasta el año 1998 primer teniente de Alcalde bajo mandato de Jesús Gil, Pedro Román, fue condenado a cuatro años de prisión, misma pena de privación de libertad impuesta a la ex portavoz del PSOE en el consistorio marbellí, Isabel García Marcos y también para el que fuera alcalde accidental por el Grupo Independiente Liberal (GIL) Tomás Reñones.

El ex regidor Julián Muñoz que cumple condena en la cárcel por otro proceso judicial, fue condenado a dos años de prisión, condena impuesta de igual modo a varios de los ex ediles del GIL, PSOE y Partido Andalucista.

Empresarios de la construcción

Junto a ellos, varios empresarios vinculados al sector de la construcción fueron condenados, entre ellos Carlos Sánchez y Andrés Liétor, a seis años, tres meses y un día de prisión y a multas de 4,6 millones de euros cada uno; al promotor José Ávila Rojas, se impuso una pena de tres años y ocho meses de prisión y una multa de 11,5 millones de euros. La Sala condenó igualmente a los directivos de la promotora Aifos Jesús Ruis Casado, Jenaro Briales y Francisco García Lebrón a tres años de cárcel y una multa de 2,2 millones de euros cada uno por los delitos de cohecho para acto injusto y fraude. Además, el Tribunal condenó a ocho meses de prisión al expresidente Sevilla FC José María González de Caldas e impuso al constructor Rafael Gómez Sánchez «Sandokan», seis meses de cárcel.

Por contra, la sentencia absolvió a un total de 43 acusados, entre ellos los empresarios Tomás Olivo, Cristobal Peñaroya, o familiares de alguno de los condenados, como Rosa Jimeno y María Roca, mujer e hija de Juan Antonio Roca, respectivamente.

La Sala considera probado en su fallo que Roca y los responsables del Gobierno tripartito que presidió Marisol Yagüe tras la moción de censura interpuesta a Julián Muñoz, protagonizaron un «sistema de corrupción generalizada» que tenía al urbanismo como epicentro. Así, entiende que las licencias urbanísticas se concedían por parte del equipo de Gobierno desde la «absoluta dejación de funciones» después de que Roca se reuniera con los «cabeza» del tripartito, –Yagüe, Isabel García Marcos y Carlos Fernández, este último en paradero desconocido–, para decidir sobre las mismas y les entregaba «sobres con dinero a repartir entre los restantes concejales». La sentencia, de 5.774 folios y cuyo resumen fue leído en una vista pública por el presidente de la Sala, José Godino, subraya que el que fuera gerente de Urbanismo del consistorio marbellí «requería a los empresarios el pago de cantidades para satisfacer sus intereses urbanísticos», así como que las dádivas «no eran para financiar la campaña electoral del tripartito», como argumentó Roca, apuntando que era éste «quien requería a los empresarios el pago de cantidades para satisfacer sus intereses urbanísticos». «Ningún empresario entrega tan elevada suma de dinero altruistamente, gratis et amore, a quien no es nada menos que el gerente de Urbanismo de un Ayuntamiento como el de Marbella, paradigma del emporio urbanístico», dice la resolución.

Sin embargo, el Tribunal acepta en determinados casos que algunos empresarios «se viesen condicionados, que no obligados, a realizar tales aportaciones para salir de una situación administrativa en que ellos mismos se habían colocado guiados por el ánimo de lucro», algo que, en opinión de la Sala, «no desvirtúa la realidad de los hechos». La Fiscalía Anticorrupción estudiará el fallo judicial para decidir si presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según informaron ayer fuentes del Ministerio Público. Algo que sin embargo no hará el Ayuntamiento de Marbella, cuya alcaldesa Ángeles Muñoz calificó ayer de «justo» el veredicto.

Sí lo hará la defensa de buena parte de los condenados entre ellos Roca cuya abogada, Rocío Amigo, argumentó ayer «fundamentalmente por motivo formales» en la línea con la defensa desarrollada a lo largo del procedimiento.