Así se acosa a jueces y fiscales en Cataluña: cortes de luz y calefacción, escraches, pintadas...

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que se están produciendo pintadas, atentados contra el patrimonio y hasta cortes de suministro eléctrico en domicilios de jueces y fiscales en Cataluña.

Unos desconocidos han entrado este fin de semana en la segunda residencia que la fiscal jefa de Barcelona, Ana Maria Magaldi, tiene en un pueblo del Pirineo y le han cortado la calefacción y desconectado la antena de televisión, tras forzar el trastero donde se encontraba la caldera de la vivienda.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, la fiscal ha presentado una denuncia por la entrada en su domicilio, que está siendo investigada por los Mossos d'Esquadra.

Los intrusos se limitaron a causar daños en el sistema de calefacción, el riego por aspersión y los cables de la televisión, sin llevarse nada del domicilio, por lo que se investiga si el allanamiento de la segunda residencia de Magaldi pueda estar vinculado al papel de la Fiscalía en el proceso independentista, añaden las mismas fuentes.

En la denuncia que presentó en la comisaría de la policía catalana, la fiscal detalló los daños causados en el cuarto de servicios de su propiedad, que está separado de la vivienda, por los desconocidos que allanaron su casa, quienes no hicieron ninguna pintada ni dejaron nota alguna que permitiera identificarlos o averiguar su motivación.

Agentes de la policía científica de los Mossos d'Esquadra inspeccionaron ayer el trastero donde entraron los intrusos y estuvieron recogiendo huellas y otros indicios que les permitan identificarlos.

De confirmarse que la entrada en la casa de Magaldi responde a motivos políticos, los intrusos podrían ser acusados de un delito de incitación al odio, entre otros ilícitos penales.

La fiscal Ana María Malgadi cuenta con escolta policial desde hace semanas, coincidiendo con las actuaciones del ministerio público contra el proceso soberanista, entre ellas las querellas que han comportado el ingreso en prisión de los miembros del Govern cesado y de los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El pasado mes de febrero, Magaldi denunció públicamente que había sido increpada, con gritos de "fascista"y "vete de Cataluña" por un joven que protestaba a las puertas del Palau de Justicia, donde se celebraba el juicio contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas por la consulta del 9N.

Ayer, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, aseguró ayer que los juzgados catalanes han recibido varias peticiones de jueces para ser trasladados de esta comunidad por la "situación de tensión personal"desencadenada por el proceso independentista.

Precisamente esta mañana, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguraba en el Congreso que se están produciendo pintadas, atentados contra el patrimonio y hasta cortes de suministro eléctrico en domicilios de jueces y fiscales en Cataluña, los últimos este fin de semana.

Catalá ha hecho estas afirmaciones en su respuesta en el pleno del Congreso a una interpelación del parlamentario del PDeCAT Jordi Xuclà, quien le ha emplazado a pedir perdón por el uso de "las porras"en la jornada del referéndum del 1-O.

Para el ministro, quienes deben pedir perdón son aquellos que han alimentado "la confrontación social y el conflicto"y quienes parece que no quieren vivir en libertad y democracia, sino que viven "cómodamente en una sociedad que amenaza, coacciona y limita los derechos de los discrepantes".

"No conozco a ningún constitucionalista que haya ido a amenazar, a coaccionar o a pintar la fachada de ningún independentista. Y sí a muchos independentistas que han hecho escraches a los jueces, pintadas en los comercios y en las viviendas y cortar los suministros de energía a servidores públicos como jueces y fiscales", ha manifestado.

Fuentes del Ministerio han precisado a Efe que ese tipo de ataques se suceden con pintadas en las puertas o en las fachadas de los domicilios, aunque las víctimas no lo hayan hecho público.