Catalá: «Tomaremos todas las medidas necesarias si Mas se salta la Ley»

El Ministro de Justicia afirma que «la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional no va contra el soberanismo catalán y es mezquino que la oposición no apoye reforzar el TC»

Mañana acudirá a la apertura de año judicial, que presidirá el Rey Felipe VI, y pocos días después, el próximo 29, cumplirá su primer año de mandato al frente del Ministerio de Justicia, donde sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón. Es tiempo, por tanto, de balance y de analizar la situación que afecta a su Departamento, al Gobierno, al PP y toda la situación que se vive en Cataluña y el órdago nacionalista. Está convencido de que no tendría que examinarse en septiembre. Valora con «notable» la gestión de su equipo y se «suspende» por no haber logrado más consenso en las reformas de leyes de envergadura, como el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o Ley Orgánica del Poder Judicial. Asegura que la independencia de Cataluña no cabe bajo ningún concepto; el PP no llevará en su programa la reforma de la Constitución y se muestra más que confiado en que su partido seguirá en el Gobierno, aunque tampoco duda de que el PSOE pactará con cualquiera si ve la más mínima posibilidad de acceder al Palacio de La Moncloa. Sobre la reforma de la Constitución, considera que no se dan los requisitos necesarios para abordarla y que el PP nunca se prestará a realizar «planteamientos revisionistas». Considera que el inicio de la nueva legislatura puede ser el momento idóneo para comenzar a trabajar en la línea de otorgar a los fiscales la instrucción de los procesos penales; se muestra contrario a limitar por ley los mandatos de cargos públicos y califica de «prudente» el que el TC no haya resuelto el recurso contra la ley del aborto, por todos los vaivenes que ha habido en esta materia en la presente legislatura. Afirma, sin dudar, que la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional no va dirigida «en absoluto» contra el independentismo catalán.

BALANCE Y OPOSICIÓN

–¿Si usted fuese su propio profesor, se tendría que examinar ahora, en septiembre?

–No es fácil hacer autocrítica, no tanto por autoevaluación, sino por la evaluación de todo un equipo de trabajo de grandes profesionales. En el plano legislativo hemos sido capaces de desarrollar y y ultimar la tramitación de hasta 14 proyectos de ley, y cada uno de ellos orientado a una reforma de nuestra sistema procesal o del sistema organizativo o sustantivo, como el Código Penal, Estatuto de las Víctimas...Por otra parte, hemos avanzado en la recuperación del diálogo con los profesionales, de compartir proyectos, atender legítimas reivindicaciones de los sectores profesionales; y, en tercer lugar, hemos trabajado en los proyectos de mejora y modernización de nuestra Administración de Justicia. Sin duda, podríamos haber hecho más y mejores cosas, pero mi balance es moderadamente satisfactorio.

–¿Qué nota se pondría entonces?

–La nota la pongo a un equipo. Le pondría un notable de calificación a la gestión de este año.

–¿Y en que suspendería?

–Me hubiese gustado generar más consenso en algunas reformas, como las del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero en ocasiones, por tiempo, por planteamientos de programa electoral, que también es legítimo, quizás no hemos tenido la capacidad de incrementar los apoyos políticos a las reformas, que estoy convencido de que cuentan con una amplia base social y política.

–¿De qué se siente más orgulloso de su mandato en este año?

–Si tengo que elegir un proyecto, es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que va a agilizar nuestra Justicia Penal, a mejorar la regulación de la investigación procesal, simplificar los macroprocesos, etc.

–¿Y lo que más frustración le ha causado por no haber podido sacar adelante?

–Haber tenido que aplazar el proyecto de reforma de los registros civiles, que beneficiaba a todos los ciudadanos, porque ha sido demorar la solución a un problema de servicio público.

–¿Qué actitud ha encontrado en la oposición y, especialmente, en el PSOE, en las reformas emprendidas por su departamento?

–Desde el primer momento de mi incorporación en el Ministerio de Justicia, manifesté mi compromiso con el diálogo como cauce para abordar las reformas necesarias. Así lo hemos venido practicando con todos los profesionales, asociaciones, sindicatos, colegios, comunidades autónomas, etc, y creo que se reconoce por todos nuestros interlocutores la actitud abierta y de diálogo que hemos mantenido. Por lo que se refiere a los partidos políticos, estando incluidos en nuestra oferta inicial de diálogo, hemos tenido múltiples sesiones de trabajo con ocasión de cada uno de los proyectos de ley que se ha tramitado y en todos ellos hemos aceptado enmiendas de los grupos de la oposición ( más de 400 en el Código Penal, por ejemplo). Y sin embargo, esto no ha permitido alcanzar acuerdos mas que muy esporádicamente con ellos. ¿Por qué? Habría que preguntárselo a ellos, pero, en mi opinión, el cálculo electoral a corto plazo, no querer aparecer apoyando al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular, les ha bloqueado.

– El PSOE y otros grupos recurrieron la prisión permantente revisable. Con independencia de lo que falle el TC, ¿usted cree que la sociedad española apoya mayoritamente su implantación? ¿Qué hay que realmente detrás de ese recurso?

–La reforma del Código Penal ha afectado a casi doscientos artículos del código vigente y ha permitido adecuar la respuesta desde el Estado de Derecho a nuevas realidades delictivas y fortalecer la protección de los colectivos mas necesitados (menores, víctimas de violencia de género, del terrorismo...). Entre estas medidas, la incorporación en nuestro derecho de la figura de la prision permanente revisable constituye, en mi opinión, uno de los elementos más singulares porque nos permite contar con un instrumento que acredite que las personas condenadas por los delitos más graves tendrán que acreditar su rehabilitación antes de recuperar la libertad. La mayoría de los ciudadanos apoya esta medida, que tiene toda la calidad constitucional, que existe en toda Europa y que si hubiese existido anteriormente, habría evitado casos dolorosisimos que, lamentablemente, se han producido en España.

TC Y SU REFORMA

– ¿Cuál es el verdadero trasfondo de la reforma que pretende el PP de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional?

–La verdad no es más que la constatación efectuada por muchos de que en ocasiones las resoluciones que dicta el TC, el propio tribunal no tiene herramientas para hacerlas ejecutivas. Esa constatación de que nuestro máximo intérprete de la Constitución, pieza clave en el entramado constitucional, tiene algunas carencias en materia de ejecución, es lo único que ha movido al Grupo Parlamentario Popular para esta tramitación, de traer a la Justicia constitucional elementos que ya existen en nuestra Justicia actual.

–¿No es una reforma contra el independentismo o soberanismo catalán?

–En absoluto, porque es una reforma general. No es una reforma puntual para nada ni para nadie. Está llamada a permanecer en el tiempo y que tendrá que ver con la totalidad de asuntos que tenga que resolver el propio TC.

–Insisto, ¿no va entonces contra Cataluña y aquellos que defienden su independencia? ¿No es un freno a esas pretensiones?

–La reforma va dirigida a dotar al TC de instrumentos eficaces para hacer ejecutivas sus resoluciones. No me imagino quién puede temer esta reforma, a que nuestro Tribunal Constitucional tenga absoluta garantía de ejecutividad de sus resoluciones, que parece razonable y necesario. Insisto en que no es una reforma ni para un proceso temporal ni para una meteria concreta.

–¿A qué obedecen entonces las críticas de la oposición?

–Son críticas muy coyunturalistas. Estamos en un momento electoral en Cataluña y próximo en España, con las elecciones generales; y mi impresión es que los partidos políticos han tomado posición muy en clave electoral. Imagino que consideran que apoyar al Grupo Parlamentario Popular en esta reforma sería reconocer el mérito que tiene. Es una visión pequeña, incluso mezquina, de no estar al lado del reforzamiento del TC por una previsión electoral a corto plazo.

-¿Por qué una reforma de este calado justo al final de la legislatura?

–Llevamos casi cuatro años abordando reformas legislativas muy importantes en los distintos ámbitos. ¿Que se podía haber hecho antes? Pues sí, pero se hace ahora porque hay tiempo y porque hay legitimidad democrática –el Grupo Popular tiene mayoría absoluta para toda la legislatura-. El Legislativo estará legislando hasta el último día, y el Gobierno, gobernando, y el momento de esta reforma es el que tiene que ver con el calendario legislativo, en los días exactos en que se podía presentar para que se tomara en consideración esa proposición, para que pueda debatirse y votarse. No se podía demorar más.

– En relación con el TC. ¿qué piensa de la propuesta de Ciudadanos de suprimirlo y sustituirlo por una Sala especial del Supremo?

– El TC ha demostrado su eficacia y ha creado una jurisprudencia de altísimo nivel. En mi opinión, el TC tiene todo el sentido en nuestro entramado institucional actual y ha prestado un gran servicio a la consolidación de nuestro sistema constitucional de libertades y derechos, de convivencia institucional ente Estado y comunidades autónomas. Lo que hay que hacer es reforzarlo con todos los instrumentos para que pueda ejecutar sus resoluciones

–La oposición critica que el Alto Tribunal está politizado y que si gobierna no habrá un presidente que haya tenido carné de un partido político.

–La historia ha demostrado que ha habido magníficos magistrados del TC que han tenido una trayectoria política, que han creado una jurisprudencia constitucional de altísima calidad.

CATALUÑA Y MAS

–¿Habrá declaración unilateral de independencia de Cataluña por parte del próximo Parlament?

–En primer lugar, habrá que esperar a los resultados de las elecciones del próximo día 27; pero incluso en un escenario con mayoría de partidos favorables a esa declaración unilateral, creo firmemente en el Estado de Derecho y en la obligación que tienen todos los poderes públicos de estar sometidos a la Ley y al Derecho. En nuestro marco legislativo, jurídico y constitucional actual no cabe esa declaración de independencia. Me resulta inimaginable que ningún representante político pueda utilizar el mandato que le otorgan los ciudadanos para hacer incumplir las leyes.

–¿Cómo afectaría a las relaciones Estado-Cataluña esa hipotética declaración?

–Como me resulta inimaginable ese escenario, me es muy difícil ir más allá. Si algún Parlamento autonómico efectúa alguna actuación que va más allá en sus competencias o en contra de la Constitución, que de entrada rechazo esa posibilidad, nuestro sistema constitucional prevé cómo combatirlo. El Gobierno no permanecería inactivo, porque está sometido a la Constitución y habría de inmediato una impugnación ante el TC y la adopción de las medidas que correspondan.

–¿Qué supondría una mayoría absoluta de la lista independentista el próximo 27-S?

–Tal como lo plantean, significaría una continuación, incluso una escalada, en esa dialéctica en la búsqueda de la independencia de Cataluña, que no cabe en nuestro modelo constitucional. Parecería que se está buscando una legitimación social, un planteamiento que es contrario a nuestra norma fundamental de convivencia. Sería muy preocupante si se diese esa mayoría absoluta, porque se estaría llevando a un ámbito de una hipotética legitimidad social obtenida en las urnas planteamientos que van contra la Constitución.

–¿Cataluña puede ser independiente a medio plazo dentro de la Unión Europea?

–Es imposible el planteamiento de la independencia de Cataluña. No cabe ni en nuestro modelo constitucional ni en la Europa del siglo XXI. Llevaría a la salida inmediata de Cataluña de la UE, con un impacto muy negativo en la economía, la salida de la moneda común y la pérdida de riqueza material de los ciudadanos de Cataluña.

–¿Cómo califica la actuación de Artur Mas en todo el proceso y situación que vive Cataluña?

–Ha generado una tensión, un conflicto social e institucional. En vez de preocuparse de la recuperación económica, la calidad de los servicios públicos, ha focalizado su tarea en reivindicar la independencia de Cataluña y ése es un enfoque absolutamente desacertado. Sus planteamientos han sido de intransigencia, radicalidad y de imponer soluciones que no caben en nuestro modelo constitucional. Pero nunca el Gobierno de la nación va a negociar la soberanía nacional ni la igualdad de derechos de los ciudadanos. Si viene para pedir diálogo para incumplir la Ley, no lo va a encontrar, seguro que no.

– Mas vuelve a culpar al Ejecutivo de dirigir una «mano negra», ahora por la investigación que lleva a cabo Anticorrupción por el posible cobro de comisiones de su partido, Convergencia Democrática de Cataluña.

–Que alguien insinúe que existe capacidad de dirigir a los tribunales o fiscales lo que pone de manifiesto es que no cree en un sistema judicial independiente y es absolutamente rechazable este tipo de insinuaciones.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

–¿Su Gobierno, y usted mismo, planteó este verano la posibilidad de reformar la Constitución para fijar las competencias del Estado y de las comunidades autónomas. ¿Se mantiene esta previsión?

–Desde el Gobierno y el PP hemos hablado de la reforma de la Constitución en un contexto concreto. Ha de hacerse y abordarse en el marco de un consenso amplio entre las grandes fuerzas políticas, y no parece que ahora exista ese consenso; en un proceso de diálogo y debate tranquilo, sereno y reflexivo, y tampoco parece que eso existe en el momento actual; y en tercer lugar, que sea para abordar asuntos que verdaderamente importen a los ciudadanos en estos momentos y no para «abrirles las costuras» a nuestro modelo de convivencia, como revisar la Transición o cambiar la Jefatura del Estado, como algunos partidos parece que quieren plantear. El PP nunca va a estar con unos planteamientos revisionistas de lo que nos ha generado la época más larga de bienestar y estabilidad democrática y económica, y, sobre todo, sin el consenso suficiente.

–¿Incluirá el PP en su programa la reforma de la Constitución?

–No. En principio, no está previsto. Vamos a dedicarnos a aquello que verdaderamente afecta a la vida cotidiana de los españoles, y la reforma constitucional debe abordarse con consenso y reflexión, y no para darle carta de entrada a los que quieren revisar todo nuestro modelo de convivencia.

CORRUPCIÓN Y JUSTICIA

–¿Qué ha fallado para que se haya detectado que la lacra de la corrupción estaba tan extendida en nuestro país, entre otras esferas en no pocas instituciones?

–Sin duda, en una cierta conciencia social, en torno a una ética en el comportamiento público y privado. La corrupción es una pérdida de valores éticos que existe en la sociedad, porque cada año Hacienda levanta un volumen de miles de millones de fraude e igual detecta la Seguridad Social. Por tanto, los comportamientos contrarios a las normas se producen a veces en el ámbito público y a veces también en la sociedad española en su conjunto. Esto tiene que ver con la educación, los valores y los controles.

–¿Qué controles han fallado?

–Es fácil decir «a toro pasado», por ejemplo, que los partidos políticos deberían haber tenido un sistema de financiación más transparente, que impidiese determinadas donaciones, o bien opacas o bien de personas jurídicas; deberíamos haber tenido antes una Ley de Transparencia, que es lo que ha hecho este Gobierno por primera vez en la democracia, pese a que algunos de los que ahora hablan de esa falta de transparencia no hicieron esas reformas. Este Gobierno ha reforzado de forma extraordinaria todos los controles para combatir la corrupción; hemos reforzado el Código Penal para que nadie pueda quedarse con un solo euro fruto de lo robado; se han tipificado con más firmeza los delitos de corrupción y se han fortalecido todos los instrumentos legales para combatirla. En todo caso, los hechos que sucedieron en el pasado y que vemos ahora evidencia que el sistema funciona: las Fuerzas de Seguridad investigan, los fiscales actúan y los jueces y tribunales juzgan y condenan a los corruptos.

–Si el PP mantiene el Gobierno, ¿se otorgará definitivamente la instrucción a los fiscales?

–Debemos caminar en ese sentido. Es un modelo que está acreditado en todo el mundo. Es una reforma que tiene sentido hacerla al principio de la legislatura, para tener tiempo suficiente de implantar esa medida, para dotarla de medios personales y materiales suficientes para que se consolide.

–¿Cuáles van a ser los principales ejes en materia de Justicia que propondrá el PP en su programa electoral?

–Seguiremos trabajando en la dirección de las reformas ya emprendidas, para garantizar un marco jurídico regulador de los derechos y libertades de los ciudadanos españoles propio de la sociedad española del año 2015. Ahí, nos podríamos plantear nuevos elementos en el Código Penal, en el Código Civil, tenemos un proyecto de Código Mercantil... Seguiremos en hacer una Justicia más ágil, eficaz, y cercana a los ciudadanos.

–Complete la frase. Si el PSOE gobernara, la Justicia en España...

–Volverían a reproducirse todos los problemas que nos encontramos en 2011.

ELECCIONES

–¿Teme un frente anti-PP que les saque del Gobierno si obtienen una muy amplia mayoría?

–No lo temo porque creo que el PP tendrá el apoyo de los ciudadanos para continuar con las reformas que se han llevado a cabo en esta legislatura, y, por tanto, el PP tendrá una capacidad suficiente para conformar gobierno. No hay por tanto ningún temor, porque estamos convencidos del voto de los ciudadanos para seguir trabajando por una sociedad reformista en torno al PP; pero de lo que también estoy seguro es de que si el PSOE tiene la más mínima oportunidad de conformar gobierno con cualquiera, ya sea la izquierda populista, los independentistas, comunistas, lo va a hacer, porque ya lo ha hecho.

–Vamos, que no tiene dudas de que el PSOE recibiría encantado el apoyo de Podemos con tal de acceder a La Moncloa

–Es que ya lo ha hecho, porque en las pasadas elecciones de mayo, con tal de alcanzar el poder hizo pactos para gobernar con una diversidad de partidos que nada tienen que ver ni con su ideología ni «zona electoral»; pero es que incluso hay municipios, como Madrid o Badalona, donde el PSOE lo que ha hecho ha sido entregar sus votos para que gobiernen otros, para que gobiernen los que tienen programa de absoluta radicalidad y los que creen que los modelos políticos para España son los de Grecia o Venezuela. Si eso lo hizo en la primavera de 2015...

–¿Pasarán factura al PP en las elecciones los casos de corrupción que han afectado a cargos de su partido?

–Tenemos la obligación de explicar mejor lo que ha hecho el Gobierno estos años en economía, empleo y que en materia de Justicia tiene que ver mucho con la mejora de la calidad de nuestras instituciones.

LIMITACIÓN DE MANDATOS

–En relación con los magistrados del TC, ¿sería partidario, como plantean algunos, de que fuesen vitalicios?

–Nuestro sistema de limitación de mandatos en los órganos institucionales aporta elementos de dinamización.

–¿Y limitar los mandatos de cargos públicos, como presidentes de Gobierno o de comunidades autónomas?

–No. No creo que eso pueda aportar ningún contenido adicional a la mejora de la calidad democrática de las instituciones. Son los propios partidos los que tienen que tomar esas decisiones. Los partidos forman parte de la sociedad y si la voluntad de sus afiliados pide una renovación al frente de los mismos, lo harán, pero no porque la Ley les obligue a cambiar de candidatos. No creo que eso tenga sentido.

–Por tanto, no es partidario de establecer esa limitación de mandatos

–El sistema actual ha acreditado su validez. Hemos tenido presidencias de Gobierno renovadas, como la de los presidentes Aznar o Zapatero. Esta es una cuestión que tiene más que ver con la decisión de los partidos políticos, que no por un mandato externo de la Ley. Confío en el funcionamiento democrático de los partidos, que cuando han querido renovar sus candidatos lo han hecho.

ABORTO

–Aparte de dotar al TC de medios para que ejecute sus decisiones, ¿no cree que ese mismo tribunal debería ser más ágil para resolver asuntos que llevan años encima de la mesa y que tienen una relevante importancia social, como el recurso del PP a la ley del aborto, admitido a trámite hace más de cinco años y medio?

–Esa pregunta la respondería mejor el presidente del TC. En todo caso, el Tribunal Constitucional hace un magnífico trabajo en materia de amparo, de control de legalidad de las leyes. En algún asunto concreto, como el del aborto, esta materia ha sido objeto de distintos proyectos. Me consta que el TC ha trabajado en esta materia, en el recurso, que se designó ponente y se redactó una ponencia. Pero si pensaba que esa materia iba a ser objeto de una modificación, el TC podía pensar que perdería objeto el recurso. Finalmente, cuando el Gobierno toma la decisión de no abordar la reforma, sino de limitarla al consentimiento para que las menores puedan abortar, el TC ha podido considerar que ya estábamos en un momento final de legislatura. No creo que esto sea una tacha.

–¿Pero no le parece, en todo caso, que más de cinco años para resolver un recurso de esa trascendencia no es nada positivo para la imagen del TC?

_Los motivos son los que le he dicho. Han pasado muchas cosas en materia de aborto en esta legislatura y creo que es prudente la decisión del TC de no resolver , porque también es práctica habitual no interferir cuando hay un proceso electoral, no interferir en el debate político con sentencias que pueden generar un debate adicional, salvo que hubiese algún caso de urgencia, puesto que el TC nunca ha hecho dejación de sus funciones.

–¿Se volverá a incluir en el programa electoral la reforma de la Ley del aborto?

-Es algo que no se ha debatido todavía .