Catorce víctimas a las que sí humilló Zapata quieren declarar en la Audiencia

Dignidad y Justicia pide que testifiquen y que se cite como imputado al concejal

Catorce víctimas del terrorismo están dispuestas a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que sí se sintieron ofendidas y humilladas por el tuit del concejal de Madrid Guillermo Zapata («Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos»), tras la decisión del magistrado de archivar las diligencias y dejar sin efecto su citación como imputado por un delito de humillación a las víctimas.

Dignidad y Justicia (DyJ) ha reclamado a la Sala de lo Penal de este tribunal su comparecencia para acreditar el carácter delictivo del comentario de Zapata en Twitter en enero de 2011. Al igual que la Fiscalía, la asociación que preside Daniel Portero defiende que el hecho de que Irene Villa no se haya sentido ofendida por el tuit no excluye la existencia de un delito de humillación a las víctimas, dado que la supuesta ofensa se hace extensiva no sólo a ella, sino también a «todas las víctimas de las acciones terroristas en general».

Así lo afirma DyJ en el recurso de apelación que ha interpuesto contra la decisión de Pedraz de no llamar a declarar a Zapata –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, en el que reclama a la Audiencia que obligue a Pedraz a tomar declaración a esas víctimas «que se sienten humilladas y solicitan declarar ante el juez instructor sobre los efectos que han producido en las mismas el conocimiento de los tuits ofensivos». Además del propio Portero, en la relación figuran Mari Mar Blanco, Ana Velasco Vidal Abarca, Pablo Muñoz Cariñanos, Javier José Correa, Iñigo Pascual Ramos, Antonio Salvá, Segundo Morales, Félix Jacinto Alfonso Holguín, Gumersindo Lago, Francisco Javier Zaragoza, José Vargas, Francisco Javier López Ruiz y María Teresa del Pozo.

En el escrito, la abogada de DyJ, Vanessa Santiago, reprocha a Pedraz sus «argumentaciones extraprocedimentales» en la resolución en la que dejó sin efecto la citación del concejal como imputado y la «contradicción» con el auto en el que acordó su comparecencia. «¿Qué diligencias de investigación se han practicado –se pregunta– que permitan llevar al cierre de las presentes diligencias?».

Y es que para la asociación querellante, el tuit de Zapata, que tacha de «mofa y ofensa grave», reviste «un claro tenor vejatorio», por lo que la decisión del juez, sin siquiera tomarle declaración y pedir informes policiales, es «prematura».

Para DyJ, las manifestaciones del instructor tildando el comentario del edil de «chiste» y «humor negro» son «desafortunadas» y exceden de su competencia. Al mismo tiempo, niegan que se haya querellado contra Zapata por su condición de concejal, una hipótesis que consideran «bastante retorcida» y que sólo busca «confundir». Y recuerdan que desde 2008 presentan una media de 40 denuncias al año en defensa de las víctimas «sea quien sea» la persona querellada. Resulta «irónico», dice DyJ, que el juez le reproche que hace uso de un «derecho penal del enemigo» cuando «él mismo», ante supuestos «esencialmente idénticos» en Twitter, sí ha apreciado indicios de un delito de humillación a las víctimas.

El tuit vejatorio sobre Miguel Ángel Blanco

La asociación recurrente recuerda al juez en su recurso que él mismo abrió diligencias el pasado año, también a instancias de DyJ, por un tuit sobre Miguel Ángel Blanco «absolutamente vejatorio y humillante»: «¿En qué se parece un delfín a Miguel Ángel Blanco? En que los dos tienen un agujero en la nuca». En esa ocasión, recuerda Dignidad y Justicia, el propio Pedraz practicó diversas diligencias para intentar esclarecer los hechos, solicitando informes tanto a la Guardia Civil como a la Policía y cursando a Twitter un mandamiento judicial para intentar averiguar la autoría del comentario. «Curiosamente», subraya DyJ, en ese caso no se citó a declarar a la familia del concejal asesinado para conocer «si se sentían humillados o no». Finalmente, el magistrado acordó el sobreseimiento de las actuaciones ante la imposibilidad de identificar a la persona responsable, pero tras practicar esas diligencias.