Colau desvincula a Barcelona del referéndum

La alcaldesa pedirá un informe al secretario del Consistorio para tener la garantía de que la votación independentista tiene todas las garantías «legales». No movilizará recursos sin aval de la Junta Electoral.

El Ayuntamiento de Barcelona dirigido por Ada Colau y con el PSC en el equipo de gobierno pedirá un informe al secretario del ayuntamiento para dilucidar su postura ante la convocatoria de referéndum del presidente catalán, Carles Puigdemont. Según ha podido saber LA RAZÓN, el consistorio barcelonés no moverá pieza en favor de la consulta ilegal sin un informe del Secretario que garantice que la convocatoria «es legal, vinculante y que tiene todas las garantías legales y democráticas».

El Gobierno catalán quiere seguir atizando las ascuas del referéndum independentista del próximo 1 de octubre. El día de la Independencia de los EEUU, el 4 de julio, tienen la intención de poner en marcha una campaña en la que se darán todos los detalles de la consulta ilegal con el objetivo de «blindarla». En este acto, intervendrán Carlaes Puigdemont y Oriol Junqueras, además de los diputados que han estado elaborando las leyes que simularán dar «cobertura legal» al referéndum. Estos detalles se darán a conocer en un acto que llevará por título Garanties.cat y será el pistoletazo de salida para más de 200 actos por toda la geografía catalana para tratar de insuflar confianza ante las múltiples dudas que se están generando en los alcaldes y los funcionarios de los ayuntamientos. Garanties.cat se convertirá en una página web en la que se podrán conocer todo tipo de datos y los aspectos organizativos.

No es de extrañar que el Gobierno catalán impulse esta campaña porque las dudas afectan a los funcionarios, que exigen órdenes por escrito, y también a los alcaldes que ven peligrar sus candidaturas en las próximas municipales si son inhabilitados. Por eso, la batalla propagandística se está centrando en los ayuntamientos.

De momento, la mayoría de los alcaldes socialistas han dejado clara su voluntad de no participar en un referéndum que «se sitúa fuera del marco legal vigente», en palabras de Núria Parlon, responsable de Cohesión Social en la nueva ejecutiva de Pedro Sánchez porque «es un referéndum para la autodeterminación asociado a la independencia y no es pactado con el Estado». En esta línea se sitúan la mayoría de los consistorios socialistas como Lérida, Tarragona, Cornellà, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramanet, L’Hospitalet de Llobregat, Viladecans, Gavà, Sant Adrià del Besós, Pineda, Sant Andreu de la Barca y una larga lista, que aglutina a una buena parte de la población catalana.

En esta lista existen dudas en ayuntamientos socialistas como Tarrasa –donde el PSC tiene la alcaldía apoyada por el PDeCAT– y Gerona –donde el PSC forma parte de un equipo de gobierno liderado por el PDeCAT– y también incertezas en otros municipios que se han situado en la ambigüedad, tales como Castelldefels y Granollers, donde impera el silencio. Muchos de estos ayuntamientos pedirán un informe al secretario municipal. «Ya se lo hemos pedido y nos ha expresado que Santa Coloma, con sus funcionarios, no puede incumplir la ley vigente», dijo ayer Parlon, que también es alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet.

En este escenario, todas las miradas se dirigen a Barcelona, donde gobierna Ada Colau, que no regresará de su baja por maternidad hasta comienzos de septiembre. Según ha podido saber LA RAZÓN, Barcelona también pedirá el informe preceptivo al secretario para garantizar que el referéndum convocado es «legal, vinculante y tiene todas las garantías».

Cabe recordar que el Gobierno municipal está formado por Barcelona en Comú y el PSC. Ambos grupos piensan que el «secretario cumplirá con la legislación para proteger a los funcionarios porque la convocatoria anunciada no es ni legal, ni vinculante ni tiene garantías». Además, se argumenta que un consistorio no puede movilizar ni recursos ni trabajadores en una consulta electoral si no cuenta con «la comunicación de la Junta Electoral», y ese requerimiento «no llegará nunca porque el referéndum del 1 de octubre no es legal».

El Gobierno catalán trata de suplir la falta de funcionarios con la formación de 4.000 agentes electorales que les reemplazaran en las funciones, pero «si no hay funcionarios no hay ni garantías ni legalidad», apuntan desde el consistorio barcelonés. A este maremágnum de declaraciones e interpretaciones, se ha sumado la senadora de Podemos en Tarragona, Celia Cánovas, que ha exigido por burofax a la dirección del partido la convocatoria de una Asamblea Ciudadana para tomar posición ante un referéndum ilegal e unilateral. No son buenas noticias para el Govern de Carles Puigdemont.