Caso Palau: Condena a una era de corrupción

La sentencia más esperada de los últimos años en Cataluña condena a la antigua Convergència al pago de los 6,6 millones de euros que percibió en comisiones ilegales de 1999 a 2009 a través del Palau.

Llegó ayer la sentencia más esperada en Cataluña, y seguramente también en el resto de España, nada menos que el fallo sobre el expolio del emblemático Palau de la Música de Barcelona. La antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ahora PDeCAT, queda muy tocada, con una condena de 6,6 millones de euros, por recibir comisiones ilícitas de la empresa constructora Ferrovial a cambio de obras públicas.

Pero el propio tribunal, presidido por la magistrada Montserrat Comas, deja claro en su resolución que el volumen total de dinero en metálico del que se habría beneficiado CDC puede ser mucho mayor, un montante «tan alto que no sólo da para incluir todo el dinero» que según la Agencia Tributaria fue entregado a la formación, «sino también lo apropiado o malversado» por los dos cabecillas de la trama: Félix Millet y Jordi Montull. Según el fallo, ambos cobraron de Ferrovial 3,5 millones en comisiones. El primero, ex presidente del Palau, ha sido condenado a nueve años y ocho meses de prisión y al pago de una multa de 4,1 millones de euros y el segundo, a siete años y medio de cárcel y una multa de casi tres millones.

La Sala señala al ex tesorero de CDC Daniel Osàcar –condenado a cuatro años y cinco meses de prisión– y a su antecesor en el cargo, el ya fallecido Carles Torrent, pero añade que actuaron «por sí mismos o con el apoyo de otros altos responsables del partido no identificados». Unos cargos orgánicos cuya identidad, en todo caso, sigue siendo una incógnita.

Por si fuera poco, aunque la condena es por los pagos que se efectuaron a partir de 1999, los magistrados apuntan que «existen numerosas pruebas de las que se desprenden que estos hechos ya se producían con anterioridad».

La sentencia provocó un auténtico terremoto social y político en Cataluña. En julio de 2009, los Mossos d’Esquadra entraron en el Palau en busca de presuntas irregularidades que derivaron en el hallazgo del saqueo de las cuentas de la entidad, que asciende según la sentencia a 23,6 millones de euros.

Al margen de los principales condenados, si realmente queda alguien afectado es el PDeCAT, el partido de Artur Mas y Carles Puigdemont, también de Jordi Pujol. Tres ex presidentes de la Generalitat.

Los casi siete millones de euros que tendrá que devolver (a día de hoy la formación tiene 15 sedes embargadas para hacer frente a esa responsabilidad civil) se correponde con las comisiones ilícitas que percibió de Ferrovial a través del Palau a cambio de obra pública entre 2000 y 2003 (la línea 9 de Metro en Barcelona, un pabellón municipal en Sant Cugat, la Ciudad Judicial y el revestimiento de la acequia Bellet). Quedó claro en el juicio, y lo reconoció el mismo Millet, aunque durante el juicio volaron los cuchillos entre todos.

La Audiencia considera probado que este caso sirvió para «enmascarar» el pago de comisiones de hasta el 4 por ciento de la constructora a CDC, a cambio de que «altos responsables del partido» no identificados le aseguraran la adjudicación de obras públicas.

El fallo sostiene que los ex tesoreros Torrent y Osàcar «se convirtieron en la clave de bóveda en CDC que permitía el entramado de cobro de comisiones a cambio de obra pública».

«Acuerdo criminal»

Osàcar merece un capítulo aparte. Estaba vinculado a la antigua Convergencia y ahora está condenado por el cobro de comisiones ilegales. Fue el propio Mas quien dijo que «pondría la mano en el fuego» por el ex tesorero del partido. Se le preguntó al ex president de la Generalitat si dimitiría si se demostraba que su partido cobró por la adjudicación de obra pública. «No se demostrará», dijo tajante. Pero dimitió la semana pasado de su cargo como presidente del PDeCAT, días antes de la notificación de la sentencia.

Según la Audiencia, el «acuerdo criminal» para el pago de comisiones de la empresa constructora a CDC «se mantuvo desde los años 1999 a 2009» y requirió que los citados ex tesoreros utilizaran su cargo para influir en políticos de la formación que estaban en «la posición administrativa decisoria para adjudicar obras públicas».

El representante legal de CDC, Francesc Sànchez, anunció que recurrirá la sentencia e incluso se mostró convencido de que Osàcar no entrará en prisión. Se quejó de que el tribunal «compró la idea de la Fiscalía».

Respecto a la asunción de la condena a CDC por parte del PDeCAT, los magistrados no se pronuncian y aclara que esta responsabilidad deberá dilucidarse en el posterior trámite de ejecución de sentencia.

La Audiencia de Barcelona también condena a la ex directora financiera del Palau Gemma Montull, hija de Jordi Montull, a cuatro años, seis meses y 22 días de prisión por delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, falsedad contable, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La pena impuesta por la Audiencia a la ex responsable financiera de la entidad es superior a la que solicitó la Fiscalía –tres años de cárcel, uno de ellos sustituible por una pena de multa, lo que le habría evitado ingresar en prisión– tras su pacto con la Fiscalía por delatar a CDC.

En cambio, Rosa Garicano, ex directora de la Fundación Palau de la Música, quedó absuelta. El ex asesor fiscal del Palau Edmundo Quintana quedó ha sido condenado a la pena de ocho meses de prisión, mientras que otro ex asesor del Palau procesado, Santiago Llopart, fue condenado a un año y nueve meses de prisión. El tribunal también condena al ex secretario del Patronat de la Fundación Raimon Bergós a dos años de prisión y una multa de 7.500 euros.

Respecto a los responsables de las empresas pantalla que sirvieron para camuflar el pago de comisiones a CDC a través del Palau, los ex directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga han sido absueltos porque los hechos han prescrito.

No ha sucedido lo mismo con el responsable de la agencia de publicidad Altraforma, Miguel Giménez Salinas, condenado a ocho meses de cárcel por falsedad en documento mercantil.