Constitución: Reforma sí, referéndum catalán no

Los españoles son partidarios de abordar cambios en esta legislatura pero no creen que la Carta Magna deba ser un instrumento para responder a la presión secesionista.

Los españoles son partidarios de que se aborde una reforma de la Constitución en esta legislatura. Hasta un 66,4 por ciento se declara a favor, según la encuesta de NC Report realizada entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre. La demanda más alta se sitúa en el segmento de edad entre los 30 y los 44 años. Pero son más, hasta el 68,8 por ciento, los que se posicionan en contra de que esta modificación de la Carta Magna afecte al modelo territorial. Y en este caso, están muy repartidos proporcionalmente por segmentos de edad los que son partidarios de que los cambios no afecten al modelo territorial.

Los datos de la encuesta revelan hasta qué punto los discursos y los debates políticos van a veces por un lado, y la realidad por otro completamente distinto.

Así resulta que los españoles se manifiestan mayoritariamente contrarios a que la reforma de la Constitución cambie las bases del modelo autonómico. No creen tampoco que la Carta Magna deba ser un instrumento para responder a la presión independentista ni quieren avanzar hacia un modelo federal como el que defiende el PSOE. No hay una demanda de seguir descentralizando el modelo, pero tampoco de avanzar hacia una centralización de competencias. El 37 por ciento dice ser partidario de que se mantengan las competencias de las comunidades frente al 30,7 por ciento que las reduciría, y el 26,9 por ciento que las aumentaría.

Esta radiografía demoscópica sobre la reforma constitucional cae sobre un tablero político en el que hoy se celebra el Día de la Constitución en el Congreso con los partidos divididos en canal sobre la comisión territorial impulsada por el PSOE en la Cámara Baja y sobre los trabajos de reforma de la Carta Magna que deberían iniciarse dentro de seis meses, a partir de la base del análisis que se haga en esa comisión. Unidos Podemos y los independentistas han boicoteado ese foro, mientras que los socialistas insiste en defender sus iniciativas en el marco de la necesidad de abrir nuevos espacios de diálogo político para dar salida al problema catalán. No hablan de cesiones, pero el riesgo que tiene su propuesta es que fuera de Cataluña sí se interprete con ese objetivo y que eso les pueda penalizar electoralmente. El PP ya ha tenido en cuenta esta clave, bajo la presión por la derecha de Ciudadanos (Cs), y por eso ha reconducido su disposición a debatir la reforma constitucional que explicitó cuando selló con el PSOE el acuerdo para activar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat.

Los partidarios de que se afronte ya la reforma constitucional están claramente a favor de que afecte al aforamiento de los cargos públicos (un 86,8 por ciento); a la sucesión en la jefatura del Estado para eliminar la preeminencia masculina (80,2 por ciento); a ampliar el derecho a la renta mínima (75,6 por ciento); a la igualdad entre hombres y mujeres (88,3 por ciento); al derecho a la vivienda (84 por ciento); y a eliminar el Senado o convertirlo en una Cámara de representación de las comunidades, aunque en esta pregunta baja al 46,3 por ciento los que entienden que deben hacerse cambios en el funcionamiento de la Cámara Alta.

Ahora bien, en lo que afecta al modelo territorial, los porcentajes dejan la siguiente fotografía. El 64,2 por ciento defiende el Estado autonómico frente a la posibilidad de sustituirlo por un Estado federal, como apuesta el PSOE. Entre los 18 y 29 años están más equilibrados los porcentajes, aunque siguen imponiéndose con un 55,4 por ciento los que ven mejor que no se sustituya el Estado autonómico por lo que se entiende como Estado federal. En el imaginario popular este sistema territorial se identifica con más competencias y autogobierno para las regiones, aunque el actual Estado autonómico ya tenga un nivel de descentralización como el de modelos federales de referencia.

En cuanto a los efectos en el problema independentista de una reforma de la Constitución, el 82,7 está en contra de que sirva para facilitar que Cataluña pueda hacer un referéndum de autodeterminación. Sólo un 11,3 por ciento ve bien la opción de lo que el partido de Ada Colau y los de Pablo Iglesias han convertido en el mantra del referéndum pactado. Cuando enarbolan esta reivindicación no detallan, al mismo tiempo, que esa consulta pactada no puede realizarse con un acuerdo entre el Gobierno de Madrid y una Generalitat independentista, sino que exige una modificación agravada de la Constitución, disolución de las Cortes y referéndum nacional sobre las revisiones.

Los españoles tampoco aprueban que la reforma de la Ley Fundamental sirva para reconocer la singularidad de Cataluña y el País Vasco. Un 66,9 por ciento se posiciona del lado del «no» frente al 26,2 por ciento que se declara partidario. La posibilidad de que el reparto de escaños sea más proporcional al número de habitantes por cada provincia la respalda el 48,8 por ciento, mientras que en contra se declara el 39 por ciento. Pero a la vez son mayoría los que no creen que deba primarse más en escaños a los partidos más votados. Un 48 por ciento frente al 38,7 por ciento que ve bien esta iniciativa. Por último, el 57,8 por ciento de los entrevistados considera que para cualquier modificación constitucional es imprescindible el acuerdo entre los dos principales partidos nacionales. El consenso es uno de los argumentos que esgrime el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para resaltar su escepticismo sobre la posibilidad de que pueda impulsarse en estos momentos una reforma constitucional. Y en esta idea insistirá el PP hoy en el acto convocado en el Congreso de los Diputados.

Unidos Podemos es el partido que ha defendido hasta ahora con más determinación que hacía falta una reforma constitucional para reforzar derechos sociales, pero en las últimas semanas ha matizado su apuesta por esta iniciativa después de que el PSOE haya sido el que se ha adueñado de ella con la bandera de la comisión territorial que se ha puesto en marcha en el Parlamento. Así que hoy en el Congreso se escuchará un coro de voces en el que serán más ruidosos los acentos dirigidos a remarcar las diferencias entre los partidos. Los intereses electorales en Cataluña son distintos, y después del 21-D habrá que ver cómo queda el escenario nacional y qué repercusión tienen las elecciones catalanas en un Parlamento nacional con un Gobierno en minoría y en el que Cs irá exagerando cada ves más las diferencias con el PP con la vista puesta en la batalla autonómica y municipal y sin obviar que cada vez estarán más cerca las nuevas elecciones generales. «Ni la rivalidad entre los partidos ni los tiempos políticos favorece que la reforma constitucional pueda concretarse en nada en esta legislatura». Rajoy, al menos, así lo cree firmemente. Y en el PSOE también son escépticos, aunque sea una de sus banderas.