Contenido íntegro del editorial de «The Wall Street Journal» sobre Cataluña

EL ESTADO DE DERECHO EN CATALUÑA.

Rajoy intenta evitar que impere la ley de la calle hasta que los votantes asuman su responsabilidad política

El mundo está patas arriba cuando un líder electo que exige el cumplimiento de una constitución democrática es acusado de dar un golpe de estado, pero eso es lo que ha ocurrido en Cataluña este mes. Los independentistas están furiosos porque Rajoy, Presidente del Gobierno español, podría suspender el gobierno autónomo y forzar la celebración de nuevas elecciones para resolver una crisis separatista en la región nororiental.

Los independentistas, liderados por el presidente regional Carles Puigdemont, afirman que Cataluña ha votado su independencia de España en un referéndum este mes. Pero nada de esto ha ocurrido. Una mayoría de la minoría de catalanes que participaron en un ardid publicitario disfrazado de elecciones dice querer independizarse. El Tribunal Constitucional había determinado que la votación era ilegal antes de que esta tuviera lugar. Fue un intento de que imperara la ley de la calle.

Ahora Rajoy quiere proteger los derechos de la mayoría no independentista. El Senado nacional votará el viernes el plan de Rajoy para invocar una cláusula constitucional que suspenderá el gobierno local autónomo hasta que puedan celebrarse elecciones regionales, quizá dentro de seis meses. Mientras tanto, Madrid asumiría la responsabilidad de la seguridad, la fiscalidad y la mayor parte de la administración pública.

Se trata de una medida draconiana, pero Rajoy no tiene muchas más opciones. El gobierno regional dejó de cumplir la Constitución cuando autorizó la falsa votación. Puigdemont dice que quiere que haya negociaciones entre Barcelona y Madrid, pero no dice sobre qué quiere negociar. Se ha negado incluso a decir si está declarando la independencia.

Rajoy tiene que poner fin a esta farsa por respeto a los catalanes leales. Aunque podría verse obligado a desplegar una fuerte presencia policial para sofocar las protestas violentas, el foco debería estar en mantener la seguridad en las calles, y en que los colegios sigan abiertos y el resto de servicios públicos funcionen con normalidad mientras se hacen los preparativos para celebrar unas nuevas elecciones regionales lo antes posible. Los tribunales se plantearán juzgar por delitos de sedición a algunos miembros del gobierno catalán. Dos altos cargos policiales locales están siendo investigados por no detener la votación ilegal, cargos que estos niegan. Madrid debe ser sensato, pero no tímido, a la hora de exigir el cumplimiento de la ley.

Esto no tiene nada de antidemocrático. Un líder nacional debidamente elegido está intentando dar a todos los ciudadanos la protección de la Constitución nacional contra una minoría de demagogos. La mayor amenaza para España —y para Europa— sería establecer el precedente de permitir que una votación falsa desmiembre un país.

Lo bueno de la estrategia de Rajoy es que permitiría que los votantes catalanes retomen el control de la situación mediante unas elecciones legales. Estos votantes dicen que quieren seguir dentro de España, pero siguen eligiendo a un gobierno regional independentista, seguramente como forma de protesta y dando por hecho que Madrid va a mantener el país unido en cualquier caso. Unas nuevas elecciones ofrecen a los catalanes una forma de salir de esta crisis asumiendo la responsabilidad política de la unión.