Crisis en el frente soberanista por no acusar a CDC en el «caso Palau»

ERC exige a sus socios que rectifiquen porque esta semana se elevan las peticiones de pena.

Los socios de Junts pel Sí tienen un grave problema y no tendrán más remedio que afrontarlo hoy durante la reunión semanal del gobierno catalán. El origen del conflicto se sitúa el pasado viernes, día en el que se reunió el comité ejecutivo del Consorcio del Palau de la Música y se votó en contra de incluir en su estrategia judicial la acusación a CDC de haber cobrado comisiones ilegales. ERC exigirá hoy reconsiderar esta decisión, tomada por los neoconvergentes a sus espaldas, puesto que este misma semana deben elevarse las peticiones de penas en el caso Palau.

El Consorcio del Palau (formado por tres representantes de la Generalitat, dos del Ayuntamiento de Barcelona y dos del Ministerio de Cultura) rechazó el cambio de estrategia judicial gracias a los votos del Govern, que fueron suficientes porque los dos representantes del Ministerio no acudieron. Según el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, la ausencia se debió a que este punto no figuraba en el orden del día y a que todavía estaban pendientes de algunos informes de los abogados del Estado para perfilar su postura.

Sea como fuere, los tres votos de la Generalitat (el del president Carles Puigdemont; el del conseller de Cultura, Santi Vila; y del secretario general de Cultura, Pau Villòria –que fue el único que acudió a la reunión con los votos delegados–) sirvieron para tumbar los del Ayuntamiento y, de paso, para encender la mecha con ERC. Los republicanos, para empezar, aseguraron que esta decisión de dirigentes del PDeCAT y de la Generalitat se tomó sin su conocimiento. «A nosotros no nos consta que se haya tratado este tema», afirmó el portavoz de Esquerra, Sergi Sabrià. Más lejos fue la secretaria general de ERC, Marta Rovira: «El Departamento de Cultura tendría que reconsiderar esta decisión. El autonomismo ha muerto».

Las miradas, por supuesto, se dirigieron al conseller de Cultura, Santi Vila (PDeCAT), que se sacudió las culpas diciendo que, en realidad, fue una decisión dictada por los servicios jurídicos de la Generalitat. Añadió, además, que no ve motivos para modificarla. «En estos momentos defendemos esperar a que haya una sentencia firme, prevista previsiblemente en pocas semanas, y seguir actuando en consecuencia para erradicar estas malas prácticas», argumentó Vila en unas declaraciones distribuidas por su departamento. Y agregó que «en el momento actual no es necesario tomar más decisiones de las ya tomadas». En el mismo sentido se expresó el PDeCAT, que pidió pasar página del asunto.

Colau pide una reunión del consorcio para «replantear el posicionamiento»

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no está dispuesta a dejar que las cosas acaben así y, por eso, ayer pidió por carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoque hoy mismo una reunión del patronato del Consorcio del Palau de la Música para «replantear el posicionamiento en el procedimiento judicial del caso Palau» y acusar a CDC.

Colau enfatizó a Puigdemont en su escrito que el deber, como representantes de la administración pública, es «colaborar en aclarar completamente los hechos perpetrados en el conocido caso Palau con la correspondiente exigencia de todas las responsabilidades que se deriven». «Esto implica, entre otras medidas, dirigir la acusación contra todas las personas y organizaciones sobre las cuales recaen indicios razonados de actuaciones irregulares que han quedado acreditadas a lo largo de la vista oral», afirmó la alcaldesa de Barcelona para forzar una rectificación.