Cuando el investigado es un socialista

Altos cargos o ex miembros del PSOE se han visto afectados por casos de corrupción en toda España

El acuerdo al que ayer llegaron el PSOE y Ciudadanos para que cualquier investigado –término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)– por corrupción tenga que dejar el cargo sitúa en el disparadero a socialistas con puestos de responsabilidad en toda España, fundamentalmente en Andalucía, aunque afectaría a comunidades como Galicia, donde el actual alcalde de Vigo, Abel Caballero, ejerce como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) o incluso al líder del PSdG, José Ramón Gómez Besteiro.

Otros cargos del PSOE ya dejaron sus puestos –83 en total–, o bien fueron condenados –37– ,pero una limpia semejante afectaría de lleno a cargos que Ferraz ha situado en toda la Administración.

El caso más significativo es el andaluz, donde el macrofraude de los ERE se ha llevado por delante a los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el vicepresidente Gaspar Zarrías y los consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Carmen Martínez Aguayo. Nombres a los que hay que añadir a la que fuera consejera Magdalena Álvarez, quien tras ser imputada tuvo que dimitir como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.

El listado de casos de corrupción andaluces en vía judicial abarca los cursos de formación; el fraude de Invercaria, el «caso Matsa», el «fondo Jeremie», el «caso PTA» y el «caso Marismas», entre otros.

El mapa de la corrupción socialista llega hasta el norte, donde Galicia protagoniza hasta cuatro actuaciones bajo sospecha. Se trata de los casos que mantienen imputados al alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, junto a varios de sus concejales; al secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro; a su antecesor, Pachi Vázquez, y al secretario del PSdeG en Pontevedra y edil de Santos Héctor Rodríguez.

En Cataluña, el PSC ha sufrido la imputación por el «caso Mercurio» de Jaume Collboni, presidente del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, y ha sido citado como investigado el ex primer secretario del PSC Pere Navarro.

Los miembros de Ciudadanos en situación similar han sido contados, y el partido les ha expulsado. Entre ellos, el ex alcalde de Espartinas José María Fernández; el ex número dos de la formación, Jordi Cañas; el número 22 de la lista a las últimas europeas, Antonio Sánchez, imputado en la «Púnica», o el coordinador de la delegación territorial en Valencia, Fernando Mut, investigado en el «caso Innova».