Forn se desmarca del papel de los Mossos el 1-O y apunta a Trapero

El ex conseller de Interior admite en el Tribunal Supremo que el referéndum estaba fuera de la ley, renuncia a repetir en el Govern y, al igual que «los Jordis», se compromete a rechazar la vía unilateral para conseguir la independencia.

El ex consejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn se desvinculó ayer de la actuación de los Mossos el 1-O y descargó la responsabilidad del operativo en el que entonces era el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, investigado por sedición en la Audiencia Nacional. El diputado electo del PDeCAT explicó al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena –que investiga a los principales impulsores del «procés»– que él no era el responsable del despliegue operativo de la Policía autonómica con motivo del referéndum ilegal ni dio instrucciones a los Mossos porque esa labor, recalcó, «es de los uniformados». Fuentes presentes en su declaración apuntaron que se refirió directamente al «mayor Trapero», aunque la defensa del ex conseller niega este extremo.

«No di ninguna orden, no estoy capacitado para darlas en un operativo policial, pero tampoco las habrían aceptado. Ellos sabrán, que son los profesionales», aseguró según esas mismas fuentes. «¿Pero en algún momento debió dar algún tipo de orientación no?», quiso saber el juez Llarena, a lo que Forn replicó de nuevo que se limitó a «supervisar», pero sin impartir instrucciones.

Forn fue el único de los tres comparecientes que contestó a las preguntas del abogado de VOX Javier Ortega, mientras que «los Jordis» únicamente respondieron a las cuestiones que les plantearon el juez Llarena y los fiscales del Tribunal Supremo Fidel Cadena y Jaime Moreno.

Tanto el ex titular de Interior en Cataluña como los dos líderes soberanistas reconocieron que el referéndum del 1-O se celebró al margen de la ley y que esa jornada y el 20 de septiembre del pasado año –durante el asedio a la Consejería de Economía para impedir los registros– se produjeron actos de carácter vandálico de los que, en todo caso, se desmarcaron, reiterando en el caso de «los Jordis» que ellos únicamente convocaron una protesta pacífica.

Asimismo, los tres admitieron la existencia de una hoja de ruta desde febrero de 2015, consensuada por los partidos soberanistas, la ANC, Òmnium y la Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI). Eso sí, insistieron en no saber nada del documento InfoCats intervenido al número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, Josep Maria Jové, que detallaba los pasos a seguir (posteriormente cumplidos de forma escrupulosa) para hacer realidad la independencia de Cataluña. Del mismo modo, todos negaron pertenecer al Comité Estratégico, el órgano clave encargado de impulsar esa hoja de ruta.

Siete horas ante el juez

Forn compareció ayer de forma voluntaria ante el magistrado junto a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis», con la esperanza de convencer al juez de que les deje en libertad, pero la decisión de Llarena no se conocerá hasta que la Fiscalía y el resto de las partes se pronuncien sobre esa solicitud, que desde ayer por la tarde comenzaron a formalizar por escrito las defensas de los tres imputados.

Durante casi siete horas, el ex conseller, el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el líder de Òmniun Cultural abundaron sucesivamente en argumentos para intentar disipar el riesgo de reiteración delictiva que les mantiene en la cárcel (en el caso de «los Jordis», desde el pasado 16 de octubre). Desde su rechazo a la vía unilateral y el compromiso de ceñirse a partir de ahora a los límites de la Constitución (un camino ya explorado por otros ex miembros del Govern para salir de prisión) hasta el compromiso –más explícito por parte de Forn que en el caso de Jordi Sánchez– de renunciar a su escaño (Jordi Cuixart no es diputado electo pues rechazó presentarse a las elecciones del 21-D) si por parte del frente independentista se persevera en la vía unilateral.

El ex conseller de Interior también se refirió a los altercados frente a la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, cuando la comisión judicial quedó retenida durante horas por la multitud convocada por las asociaciones soberanistas ante lo que la Fiscalía considera una clara inacción de los Mossos. Según explicó Forn, el mayor Trapero sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo porque era informado al pie del terreno por la intendente de la Policía catalana, Teresa Laplana, que también está investigada por sedición por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Forn puso especial énfasis en disociar la actuación de los Mossos el 1-O y el 20 y 21 de septiembre de su compromiso con un «mandato político» que obligaba a todo el Govern a celebrar el referéndum ilegal. «Eso no significa que se pusiera a los Mossos al servicio de ese objetivo en contra de la ley y el Derecho», aseguró tajante. No obstante, se mostró de acuerdo con la actuación de los agentes autonómicos ese día pues le pareció «razonable que no se cargara contra 40.000 personas».

E incluso recordó al juez, según fuentes jurídicas, que el despliegue operativo de la Policía autonómica durante la jornada del referéndum ilegal se puso previamente en conocimiento del coronel Diego Pérez de los Cobos, encargado de coordinar el dispositivo policial, y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «y ninguno puso objeciones».

Respecto a estos hechos –que llevaron a la juez Lamela a ordenar su ingreso en prisión y el de Jordi Sánchez en octubre del pasado año–, Cuixart calificó la actuación judicial como «un ataque a la democracia» y en referencia a los altercados registrados, añadió que «ocurrió menos de lo que podía haber ocurrido». En todo caso, matizó que su convocatoria fue pacífica y sorprendentemente dijo que nadie les avisó en ningún momento «de que estábamos cometiendo ilegalidades».

cambio de estrategia

Forn no renunció a sus convicciones independentistas pero, al igual que hicieron previamente otros ex consellers, admitió que hay que cambiar de táctica. «Tenemos que reconsiderar la estrategia a partir de ahora», reconoció al juez. No queda otra vía, explicó, que la reforma constitucional dentro de los cauces que contempla la propia Carta Magna.

A preguntas del abogado de VOX, el ex conseller de Interior no se anduvo con rodeos a la hora de asumir que acudió a votar el 1-O a sabiendas de que era un referéndum ilegal que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).

Cuixart –el único de los tres comparecientes que no es diputado electo– hizo hincapié en que él no es un político ni quiere dedicarse a la política y subrayó que su defensa del referéndum no buscaba coaccionar al Estado sino únicamente permitir a la ciudadanía manifestar su opinión.

Los tres conocerán en los próximos días si siguen o no en prisión.

► Jordi Sánchez admite que el 1-O fue ilegal y que había una hoja de ruta desde 2015