De «cuatro golfos» a la cúpula del PSOE

Casi cinco años y medio de instrucción, cerca de medio millar de imputados, 855 millones en entredicho, cuatro jueces instructores –con el relevo forzado de la jueza Alaya incluido– y hasta siete funerales (de investigados fallecidos) y una boda (entre los abogados de la acusación que ejerce el PP).

Abierto por Alaya

El «caso de los ERE», puede que el mayor fraude de la historia de España, ya está listo para el juicio oral. El proceso ha pasado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al Tribunal Supremo, para regresar al juzgado de partida aunque con jueces diferentes. Lo abrió Mercedes Alaya, ahora en la Audiencia de Sevilla a petición propia (pero no sin polémica, ya que pretendía continuar la instrucción), y cierra esta pieza separada sobre el llamado «procedimiento específico» el juez de refuerzo Álvaro Martín. A Alaya la sustituyó Núñez Bolaños, de la que cuestionó su preparación y su «estrecha amistad» con el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera. Quedan aún cinco piezas pendientes. Sólo en rama política del caso hay encausados medio centenar de ex altos cargos. Aún deben concluir las instrucciones de las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilación, las ayudas a tres empresas (Acyco, Surcolor-Surcolor Óptica y Cenforpre) y las que recibió el entramado de empresas vinculado a los afines al PSOE de la Sierra Norte José María Sayago y José Enrique Rosendo (fallecido el 8 de enero).

Mercasevilla, en el origen

El «caso ERE» nace del «caso Mercasevilla» (2009), en el que se grabó a los directivos pidiendo «mordidas», «para carteles de Felipe y los niños saharauis». «La Junta ayuda a quien la ayuda» es una de las frases más recordadas. El «caso de los ERE» ha pasado de un fraude de «cuatro golfos», como sostenían los socialistas, a la imputación de hasta los ex presidentes. La jueza Alaya cifró el desvío de fondos de los ERE en 855 millones y el juez Álvaro Martín lo mantiene. Según la investigación, es el dinero público total malversado (presuntamente, hasta que se demuestre en juicio), aunque el PP lo llegó a elevar hasta los 1.400 millones.

Informes de Intervención

La jueza consideró que la Administración andaluza dispuso de manera «ilegal» de 855 millones, «los cuales se habrían desviado en ayudas para favorecer a terceros en detrimento del resto de administrados». La investigación describe un sistema prefijado. En contra de los altos cargos, están los informes de la Intervención General (14 de enero de 2004, 25 de julio de 2005, 29 de septiembre de 2006, 9 de marzo de 2007, 4 de diciembre de 2007 y 8 de octubre de 2008), en los que se alertaba del desbarajuste en las cuentas y en el procedimiento de las ayudas. Las hasta siete modificaciones presupuestarias realizadas para dotar de más fondos al llamado «fondo de reptiles» determinan, asimismo, la actuación de los distintos consejeros de Hacienda, entre ellos, Griñán. Finalmente, ya con José Antonio Griñán como presidente, la instrucción considera que «todo siguió como antes».

Incidente de nulidad

Los aforados se personaron en su día en la causa abierta en el Tribunal Supremo, con la pertinente solicitud para declarar de forma voluntaria, algo que podrían haber hecho –así lo indicó la jueza Alaya en diferentes autos– ante el propio Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y por lo que no optaron. De hecho, desde la Junta y el PSOE se trató de desligar la causa de Alaya, criticándola en reiteradas ocasiones, dificultando su labor con retrasos en la documentación y señalándola por parte de altos dirigentes del partido –como Alfonso Guerra– como poco menos que un títere popular. El Ejecutivo andaluz presentó incluso un incidente de nulidad para arrebatar el caso a la magistrada, al entender que se apropió de la causa sin pasar por reparto.

La llamada «paz social» –el argumento base de ese «fondo de reptiles»– salió muy cara a las cuentas públicas. En el juicio se dirime quién asume la cuenta. Alaya argumentó en la exposición razonada que envió al Tribunal Supremo que Chaves y Griñán permitieron la «disposición ilícita de fondos» y consideró «imposible» que ignoraran cómo se pagaban los ERE. De Chaves, indicó que el sistema respondía a una «directriz política» y supo de las sobrecomisiones que cobraban sindicatos, patronal y mediadores. De Griñán, estimó que infló el «fondo de los ERE» y ya como presidente maquilló el procedimiento. La necesidad de un pacto para la investidura de Susana Díaz en la Junta forzó, por parte de Ciudadanos, la dimisión de Chaves y Griñán como diputado y senador. Ahora, con su procesamiento para el juicio oral, abandonan el PSOE antes de que los echen. Ambos, afiliados desde el franquismo, fueron presidentes de la Junta y del PSOE.