La Fiscalía destaca que Viloca trató de destruir documentos de «especial relevancia»

La Guardia Civil ha vuelto a registrar hoy la sede de CDC en busca de pruebas del pago de comisiones del 3%. La operación se ha saldado, por el momento, con la detención de dos altos cargos nacionalistas (el tesorero de CDC, Andreu Viloca; y el director general de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell) y de siete empresarios.

Las sospechas de corrupción en torno a Convergència Democràtica continúan multiplicándose. Hoy, desde primera hora de la mañana, la Guardia Civil ha practicado una veintena de registros y nueve detenciones en busca de pruebas del pago de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos. La operación se ha saldado, por el momento, con la detención de dos altos cargos nacionalistas (el tesorero de CDC, Andreu Viloca; y el director general de Infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rosell) y de siete empresarios.

La Fiscalía Anticorrupción, que atribuye a Viloca, detenido en su domicilio, seis delitos de forma indiciaria (cohecho, prevaricación, financiación ilegal, tráfico de influencias, alteración de precisos en concursos y blanqueo de capitales), ha explicado que los registros se han producido tras valorar "la situación de urgencia en la práctica de diligencias debido al riesgo de destrucción de los medios de prueba".

En este sentido, en el transcurso de la entrada y registro de la sede de CDC el pasado mes de agosto, se obtuvieron evidencias de que había documentos triturados de especial relevancia en una destructora de papel ubicada en el despacho de Viloca, que pudieron ser reconstruidos por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Este elemento de urgencia junto con la información obtenida en las anteriores operaciones (Turm, Petrum I y Petrum II) ha llevado a la

necesidad de realizar las diligencias de entradas y registros de hoy.

En un comunicado, los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda han concretado que estos registros se han llevado a cabo tras el análisis de la documentación incautada en agosto en los registros practicados en domicilios y sedes de la fundación CatDem y de CDC en Barcelona.

Anticorrupción ha expresado que, dada "la especial condición de CDC como partido político y piedra angular del sistema constitucional", la entrada y registro se ha limitado escrupulosamente a los elementos de investigación referidos a los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil.

La Fiscalía también ha manifestado que, ante la próxima entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/2015, se ha dado "orden expresa"para que en las detenciones practicadas se respeten las garantías establecidas en esta norma, con especial referencia a los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de los detenidos.

Los registros y detenciones se producen en plenas negociaciones de Junts pel Sí y la CUP para la gobernabilidad de Cataluña en general y para la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat en particular. “La sobreactuación de la Guardia Civil y la Fiscalía no provocará ninguna brecha en el proceso soberanista”, ha asegurado Mas a las pocas horas de dar comienzo la operación Petrum II, que da continuidad a los registros practicados a finales de agosto en dominios de CDC por orden del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.

Mas, que esta misma mañana ha firmado el decreto de convocatoria para la constitución del Parlament el próximo lunes, se mostró “muy tranquilo” respecto al alcance de la operación judicial y concretamente sobre las prácticas de la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat.

“Sobre esta empresa pueden mirarlo todo. Estoy convencido al ciento por ciento de que todos los expedientes de adjudicación son impecables y de que son de los más exigentes de todo el Estado español. Infraestructuras tiene un sistema super garantista y super transparente. Lo tengo tan claro que estoy dispuesto a comparecer esta misma semana en el Parlament”, afirmó el presidente de la Generalitat en funciones. “Somos objetos de caza mayor, CDC y yo”, sentenció.

Los registros se han producido en la sede de CDC, en los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y en distintas sedes empresariales.

Agentes de la Guardia Civil han entrado en la sede de CDC pasadas las 10 horas de mañana y posteriormente se han incorporado los fiscales anticorrupción. Dirigentes de Convergència lamentaron, una vez más, que los medios estuvieron avisados previamente para tomar imágenes de la operación policial.

Entre los empresarios detenidos figuran Jordi Soler (Grupo Soler), Juan Luis Romero Gamero (presidente de Rogasa), Xavier Tauler Ferrer (Copisa), Antonio García Bragado y Sergi Lerma.

Todos ellos han sido detenidos a primera hora de la mañana.

A lo largo de la tarde, la Guardia Civil también ha empezado el registro de los domicilios de los empresarios detenidos en la operación "Petrum", tras inspeccionar las sedes de sus compañías en busca de documentación sobre presuntos pagos de comisiones del 3% a CDC a cambio de adjudicaciones públicas.

La Guardia Civil tiene previsto practicar una veintena de registros entre la sede de CDC y de la empresa pública de infraestructuras de la Generalitat, media docena de constructoras y los domicilios de los detenidos en la operación.

Una vez finalizados los registros de las sedes de las constructoras investigadas, a las que han asistido los empresarios detenidos, la Guardia Civil los ha conducido a sus domicilios particulares con el propósito de inspeccionar también sus casas en busca de documentos sobre posibles pagos de comisiones.

Las empresas registradas, Urbaser, Rogasa Construcciones, Grupo Soler, Tec4 y Oproler (esta última con sede en Madrid), pertenecen al sector de la construcción, la consultoría en ingeniería y la rehabilitación de edificios.

Los investigadores tratan de averiguar si dichas empresas, en las que se ha detenido a responsables vinculados a los presuntos pagos de comisiones, pagaron mordidas a CDC a cambio de la adjudicación de contratos de obra y servicios públicos.

Según las mismas fuentes, está previsto que una vez finalicen los registros los empresarios sean trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil en Tarragona, donde serán interrogados por los agentes a la espera de pasar a disposición judicial.

En los próximos días los detenidos pasarán a disposición del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que tras tomarles declaración decidirá si ordena medidas cautelares.

Los investigadores están convencidos de que la operación de hoy permitirá reforzar su hipótesis de que empresas como Teyco pagaron comisiones del 3 por ciento a CDC. En fases previas de la investigación, la Guardia Civil registró cinco ayuntamientos: Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Sant Celoni (Barcelona), Figueres (Girona), Lloret de Mar (Girona) y Torredembarra (Tarragona), que supuestamente adjudicaron obra pública a cambio de comisiones.