Diez cargos de la Junta detenidos en plena negociación de la investidura

A la «pirámide» de la investigación del fraude en la formación le quedan ya por poner muy pocos ladrillos; y tienen nombres y apellidos. Que se sepan depende de que los ahora arrestados en la nueva fase de la «operación Edu» –en total, 35 detenidos y otros tres imputados, entre ellos al menos diez cargos o ex altos cargos de la Junta (cinco delegados de Empleo y cinco jefes de servicio)–, decidan colaborar con las Fuerzas de Seguridad. La operación ha coincidido, por la marcha de la investigación, con un momento especialmente caliente desde el punto de vista político. Se subraya que, por muy jefe de delegación o departamento que fueran algunos arrestados, la toma de decisiones podría ser administrativa, pero, ¿sin una indicación política superior? La Policía busca estas posibles directrices políticas del entramado adyacente a la Junta. En el arranque del caso, la jueza Alaya acusó a la Junta de destinar en cuatro años 950 millones a cursos sin obligar a las empresas a justificarlos. Al testigo protegido T. M., incluso, llegó a cuestionarle si los fondos eran para financiar al PSOE. La UDEF calcula que el fraude alcanza los 3.000 millones.

La «operación Edu», que desarrolla la Comisaría General de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, ha entrado en una de las fases más interesantes, ya que, como adelantó LA RAZÓN el 27 de abril, se ha comenzado a detener a personas que ocupan o ocuparon altos cargos en la Junta –hasta diez de ellos– y presuntamente fueron responsables de la distribución fraudulenta de los fondos destinados a los cursos de formación. La Delegación del Gobierno en Andalucía confirmó a este diario que en la jornada de ayer hubo 30 detenidos y tres imputados en Cádiz, Málaga, Almería, Córdoba, Jaén y Granada, y cinco detenidos en Sevilla. Aparte, hay otros tres imputados.

Según informaron a este periódico personas conocedoras de las pesquisas, la «operación Edu» se ha ido levantando como una pirámide. La obtención de datos, con más de 3.500 entrevistas a implicados, ha permitido reconstruir todo el tinglado que se había montado para la entrega del dinero de los cursos a personas y entidades, cercanos al entorno socialista, que, en algunos casos, ni siquiera llegaron a impartirlos.

La fase de la operación que se inició ayer, «Eduende», comprende retomar diligencias sin practicar, por un problema de competencias judiciales, en Sevilla y Huelva. El solapamiento de las operaciones de la jueza Alaya, que coordina a la Guardia Civil tras cuestionar a la Policía Nacional en diversas causas, y de la UDEF, coordinada con varios juzgados, está motivando la doble detención de algunos imputados.

La otra «pata» de la operación, en la que se espera capturar a unas 60 personas de las que 35 ya estaban en manos de la Policía al cierre de esta edición, es la que puede ser más interesante tanto desde el punto de vista policial como político. Por el nivel de los detenidos (jefes de Servicio, de Departamento y similares), algunos de los cuales habían llegado a ocupar esos cargos sin ser funcionarios de carrera, tenían capacidad de decisión, pero sólo a nivel administrativo, no político. Ahora deben responder a la Policía, si tomaron las decisiones, por qué lo decidieron motu proprio o si alguien se lo ordenó. Los detenidos y los arrestados en los próximos días saben que ya hay 60 personas formalmente imputadas que tarde o temprano se podrían sentar en el banquillo. Todo parece indicar que la UDEF está más cerca que nunca de la cúpula de esa imaginaria pirámide y que los hechos, según las investigaciones, coinciden con un momento en el que palabras como corrupción o imputado conllevan consecuencias políticas, con la presidenta andaluza negociando en persona su investidura tras 80 días de bloqueo, bajo la amenaza de que si la oposición no la apoya después de tres negativas convocará elecciones de nuevo.

Los investigadores confían en que durante los registros que se han comenzado a realizar aparezcan, en las sedes del Servicio Andaluz de Empleo, los mismos papeles que se hallaron en los realizados en las empresas destinatarias de las subvenciones fraudulentas. En caso contrario, nos hallaríamos ante nuevos delitos a los que sumar a los ya presuntamente cometidos.

En la nueva fase de la «operación Edu» que arrancó ayer la UDEF, denominada en esta tercera ocasión como «Eduende», se prevén unos 140 arrestos, entre ellos, más de 30 ex responsables del Gobierno andaluz, en un operativo que se desarrollará durante la semana y en el que están implicados empresarios y cargos acusados de la concesión directa de las subvenciones. Entre los detenidos, se hallan directores, jefes de servicio y jefes del Servicio Andaluz de Empleo de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Almería. Los arrestos continuarán a lo largo del mes. También están implicados funcionarios de las cinco provincias citadas. Según fuentes de la investigación, en la primera mitad de la semana no se esperan menos de 40 detenciones. En Sevilla y Huelva también se prevé un centenar de arrestos; sobre todo, empresarios, que habrían recibido entre 60.000 y 200.000 euros.

La UDEF cerca de nuevo al ex consejero Ojeda

De nuevo aparece el ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda. La UDEF considera que Ojeda llegaba a acuerdos para contratar profesores a cambio de que le devolviesen la mitad del sueldo, pactado de forma directa o con la compra ficticia de materiales o servicios. A veces, los cursos ni se impartían. Otra detenida que repite es la ex delegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete –denunciada y absuelta tras una grabación instando a los trabajadores a pedir el voto para el PSOE–, que quedó en libertad con cargos. También han sido detenidos otros cuatro ex delegados de Empleo: Antonio Fernández (Córdoba), Juan Bouza (Cádiz), Juan Carlos Lomeña (Málaga) y Marisa Martín (Granada).

Las claves de la operación

¿Qué es?

Un fraude masivo en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación.

¿Cuándo se produjo?

Las primeras subvenciones fueron otorgadas el 10 de agosto de 2009. Primero se puso el foco sobre los empresarios y, ahora, en los responsables de la Administración.

¿A qué provincias afecta?

A toda Andalucía: Málaga, Cádiz, Almería, Granada, Jaén, Córdoba, Huelva y Sevilla.

¿Quién se benefició?

Se sospecha que recibieron fondos públicos sindicatos, patronales y empresas privadas.

¿Cuánto suma el fraude?

La UDEF estima que el dinero total defraudado podría ser unos 3.000 millones de euros.